Represión en 5 de Febrero: Gobierno de Kuri violó derechos humanos de manifestantes del agua, concluye Defensoría
Por la violación a los derechos humanos de reunión pacífica, libertad personal, integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emitió la Recomendación (254)1/2023 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno por la represión de la manifestación que tuvo lugar el 10 de junio de 2022.
Ante la negativa de entablar un diálogo por parte de las autoridades, manifestantes tomaron las vialidades de la avenida 5 de febrero frente a la Comisión Estatal de Aguas (CEA). Ante ese hecho, elementos de la Policía Estatal se hicieron presentes con la intención de disolver la protesta.
En redes sociales se reportó la brutalidad por parte de los elementos policíacos y la detención de tres personas. Inmediatamente, Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno del Estado, declaró que la policía se apegó a los derechos humanos en todo momento, descartando las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
De igual forma, la secretaria afirmó que las detenciones fueron arbitrarias y que “nadie está por encima de la ley”. Integrantes del gabinete y miembros del partido Acción Nacional manifestaron su apoyo a las declaraciones y acciones tomadas por el Gobierno del Estado.
La Defensoría declaró que después de una exhaustiva investigación se concluyó que ambas entidades omitieron entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero con los manifestantes, además de no haber cumplido con el derecho constitucional de respetar, proteger y garantizar el derecho humano de reunión pacífica.
Se emitieron una serie de recomendaciones, entre ellas la creación de protocolos que establezcan los lineamientos para el manejo adecuado de las manifestaciones y la implementación de cursos que abarquen temas como: mecanismos de diálogo, la importancia de las manifestaciones y protestas en un Estado de derecho, capacitación en derechos humanos para las fuerzas policiales, entre otros.
A su vez las dependencias gubernamentales deberán iniciar ante el Órgano Interno de Control las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes en un tiempo oportuno.
Las autoridades responsables tienen 15 días naturales para notificar a la DDHQ si aceptan los términos de las recomendaciones emitidas.
