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Soy un agente incómodo para el estado, considera Miguel Nava

El ombudsman señala que su no reelección se hizo de forma ilegal y cambiando la ley

David A. Jiménez

PARA DESTACAR: Nava Alvarado, quien concluirá su periodo al frente de la DDHQ el próximo 11 de febrero, también acusó al Poder Legislativo de ser sumiso ante el gobernador, al no cumplir con la ley que la misma Legislatura local conformó: “La Ley de Derechos Humanos marca desde los considerados que nosotros entregaremos al Congreso local un anteproyecto de presupuesto. Nunca lo han querido estudiar”.

La ratificación de Miguel Nava Alvarado como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) fue impedida por los diputados locales al modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por las observaciones hechas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), consideró el ombudsman.

En entrevista para TRIBUNA DE QUERÉTARO, Nava Alvarado reiteró que su salida se debe a que resultó un agente incómodo para el Poder Ejecutivo: “Totalmente incómodo. Te imaginas a una persona que sea la única en el país que le recomienda al gobernador. Que sea la única institución de Derechos Humanos que le tire una ley completa al gobernador y al Legislativo”.

La decisión de no reelegir a Miguel Nava se votó en una Sesión de Pleno nocturna en el Congreso local, con un resultado de 22 votos a favor de lanzar la convocatoria a una elección, de un total de 23 diputados presentes; el único voto en contra fue el del diputado perredista, Carlos Lázaro Sánchez Tapia.

Nava Alvarado, quien concluirá su periodo al frente de la DDHQ el próximo 11 de febrero, también acusó al Poder Legislativo de ser sumiso ante el gobernador, al no cumplir con la ley que la misma Legislatura local conformó:

“La Ley de Derechos Humanos marca desde los considerados que nosotros entregaremos al Congreso local un anteproyecto de presupuesto. Nunca lo han querido estudiar, lo regresan a la Defensoría diciendo que debemos entregárselo al gobernador”.

Esto se aprecia en el artículo 42 de dicha Ley, que dice textualmente: “La Legislatura, a través del correspondiente Presupuesto de Egresos, otorgará a la Defensoría los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones”.

Aplicaron la ley de manera retroactiva, asegura Nava

“Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, consideran que si bien, se abre la posibilidad de que el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos pueda ser ratificado, tal disposición no significa que ello deba ocurrir de manera obligatoria” sentenció mediante un boletín de prensa de la Legislatura local.

Sin embargo, recuerda Miguel Nava Alvarado, este argumento parte de una modificación al artículo 142 la Ley Orgánica del Poder Legislativo, iniciativa que se aprobó dos días después de su comparecencia ante la Junta de Concertación Política y la ley no puede aplicarse de manera retroactiva.

De esta manera, los diputados de la Junta de Coordinación Política, encargada de aprobar en primer término la iniciativa, requerían del consenso de todas las fracciones y grupos parlamentarios que integran al organismo, para validar la no reelección de Miguel Nava.

“Es PAN o PAN. Se acabaron. Los rojos cedieron, todos cedieron”, consideró el presidente de la Defensoría, quien además aseguró que los acuerdos entre partidos impidieron su ratificación al frente del organismo defensor de los derechos humanos.

Además, externó su preocupación de que el proceso de elección del nuevo ombudsman, concluya en la imposición de un candidato desde el Poder Ejecutivo: “¿Cómo alguien que viene de Gobierno le va a recomendar al gobierno? El PAN a decir quién. Veremos si recomienda y demanda al gobernador ante la corte”.

 

La ESFE es el “brazo corrector”

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) solamente realiza observaciones sobre los hechos que le manda, pero en realidad el organismo sólo está hecho para controlar a los que se rebelan o piensan distinto. De esta forma se ha convertido en el “brazo corrector”, apoyado por algunos medios de comunicación, consideró Miguel Nava Alvarado.

Al respecto, el todavía presidente de la Defensoría de los Derechos, apuntó que su organismo recibió 25 observaciones y 10 recomendaciones, información que fue publicada en la Gaceta Legislativa del 7 de diciembre de 2016. Entre estos señalamientos destaca la falta de comprobantes del ingreso y la erogación por 791 mil 868.22 pesos”.

Sin embargo, Miguel Nava Guerrero, explicó que en este y en otros casos, no posee contrarrecibos o documentos similares, debido a que todo lo paga directamente el Poder Ejecutivo.

Igualmente, aclaró que se reclamó por el gasto injustificado de otros de 2.7 millones de pesos, sin embargo, estos fueron usados para pagar los salarios el diciembre, además tres finiquitos y un apoyo para lentes. “Este dinero jamás entró a la Defensoría, es un dinero que entró de una cuenta de Gobierno del Estado. Son pólizas de gobierno. El dinero lo sacaban con cheques de gobierno”.

Enfatizó que en cuanto lleguen las observaciones del ejercicio presupuestal 2016 sí habrá copias de los recibos: “[2016] es la primera vez que el organismo sí tiene comprobante de los recibos de los comprobantes que paga. No podíamos tener los recibos de los trabajadores que paga el Gobierno del Estado; los contrarrecibos se lo llevaban”.

Me voy con la frente en alto, dice Nava

A mediados de diciembre de 2016, familiares del presidente de la Defensoría de Derechos Humanos denunciaron varias amenazas y linchamiento mediático contra éste, presumiblemente desde el gobierno estatal, encabezado por Francisco Domínguez Servién. Ante esta situación, Nava Alvarado dijo sentirse tranquilo: “Me voy con la frente en alto. Culminó el periodo para el que fui electo, tres legislaturas me trataron de destituir. Fue hasta la reelección que pudieron hacerlo, bajo un procedimiento ilegal y cambiando la ley, suprimiendo la oposición y sesionando de madrugada para engañar a la gente”.

Finalmente, al cuestionarle sobre cuál sería su balance sobre su propia gestión, que comenzó el 12 de febrero de 2012, con José Calzada Rovirosa como gobernador, Miguel Nava refirió que eso hay que preguntárselo a la gente: “Hay que preguntarles a las víctimas, ellos son los encargados de evaluar el trabajo, no los malos desempleados. No fuimos comparsas de gobiernos u organismos”.

En este punto, según dos notas publicadas por el periódico ‘a.m. de Querétaro’, los días 5 y 6 de diciembre de 2016, personas como Brenda Ivonne Rangel, vocera de Desaparecidos Justicia, se oponían a la ratificación del actual ombudsman.

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