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Un síndrome de la postmodernidad

Por Claudia Díaz

En Junio de este año se publicó en la Gaceta Legislativa del estado de Querétaro el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma diversos artículos del Código Civil. Estas modificaciones introducen un término polémico, alienación parental, cuya historia es la de una vieja rivalidad entre grupos que sostienen dos posiciones opuestas frente a un fenómeno común en los litigios de divorcios conflictivos: el rechazo de un niño o niña hacia uno de los padres.

Desde uno de los extremos, este fenómeno es llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) y el rechazo –exagerado– del niño hacia el progenitor alienado es injustificado, producto de un lavado de cerebro efectuado por el progenitor alienador (casi siempre la madre). En el otro extremo, el rechazo de niños y niñas es siempre justificado, los padres son abusadores que han ejercido la violencia sobre los niños, niñas y sus madres; el Síndrome de Alienación Parental es un invento machista pseudocientífico para someter a las mujeres y los niños a un abuso sin límites.

En España, el debate es particularmente intenso. Las feministas españolas no dudan en esgrimir sus argumentos: Que R. Gardner, el psiquiatra norteamericano que describió y nombró el fenómeno, fue un pedófilo, que aquellos que promueven el reconocimiento del SAP son machistas y han tomado el SAP como causa personal por que son divorciados, abusadores y violentos. El bando contrario, las llama feminazis. Algunos defienden a Gardner, precisan que se suicidó con siete puñaladas debido al dolor que le causaba la distrofia simpática refleja que padecía y que sus ideas en torno a la pedofilia se malinterpretaron. Otros evitan el tema y aclaran que si bien Gardner describió y nombró el fenómeno, no fue el único y que otros investigadores han corregido y enriquecido sus planteamientos.

La intensidad de la disputa no es la misma en México, pero es sostenida por bandos similares: asociaciones de padres que han sido separados de sus hijos que luchan por el reconocimiento del SAP y grupos, algunos de feministas, que se pronuncian en contra de lo que consideran una forma más de sometimiento machista y maltrato a la infancia.

Lo que ambos grupos tienen en común es una convicción total de estar luchando por salvaguardar los derechos de los niños en disputa y una aparente incapacidad para percibir los tonos de gris. En la red pueden encontrarse cientos de páginas relacionadas en las que todo es blanco o negro.

En el ámbito académico hay otros ángulos desde los cuales enfocar el problema, sin embargo en México la investigación formal relacionada con la conducta infantil en el contexto de las disputas por custodia es incipiente.

La práctica pericial psicológica en juicios de familia confronta con dinámicas complejas entre padres e hijos, caracterizadas por conductas que corresponden a las descritas por Gardner. Pero describir no es explicar y el mismo Gardner subrayó en sus publicaciones la insuficiencia explicativa del lavado de cerebro y la manipulación del alienador como causa de la propia contribución del niño a la campaña de desprestigio contra el alienado. Esta propia contribución del niño en mi opinión, no pudo ser explicada por Gardner quien buscaba explicaciones generales para lo que sólo puede explicarse caso por caso. Esa precisamente es la tarea del perito en materia de psicología: auxiliar al juzgador respondiendo sobre el caso particular, atendiendo a lo que presenta de inédito y no asignándole una etiqueta diagnóstica por aquello en que se parece a otros casos.

Parece muy claro que estas conductas infantiles son una novedad de nuestra época, pues sólo pueden darse en un contexto social en el que el número de divorcios aumenta, los niños tienen derechos que se defienden como nunca antes, el ejercicio del derecho y de la psicología se mercantiliza y la información fluye en Internet permitiendo a cualquiera “formarse” como especialista en cuanto síndrome se invente.

La ley aprobada en Querétaro, introduce con la alienación parental un término cargado de implicaciones ideológicas. Aunque no se usó la palabra síndrome se ofrece la definición que corresponde al Síndrome de Alienación Parental y se denomina síntomas a las conductas resultantes.

De la imprecisión de los términos podría desprenderse que esta ley pide al juzgador que sancione legalmente una patología o al perito que “diagnostique” un incumplimiento del régimen de convivencias.

La ley demanda al juzgador que considere los argumentos que los profesionales en la materia les aporten, basándose en la literatura “científicamente contrastada”. El juzgador necesitará por tanto formarse un criterio que le permita valorar los argumentos ofrecidos por peritos con posiciones opuestas en torno al SAP.

Es necesario que tanto los profesionales del derecho como los de la psicología se abran a un diálogo propositivo que provea a los juzgadores de recursos útiles para definir criterios propios para la construcción de respuestas bien fundamentadas frente a la controversia.

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