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Urge crear marco jurídico para transparentar subsidios: académico

“Hay una contradicción discursiva, que es ‘raja política’ y, en realidad, los programas, ante la ausencia de normas claras, pueden lograr incentivos en materia electoral”, acusó.

La mayoría de los programas se vuelven clientelares y electoreros (…) No quiero particularizar y señalar un sólo partido, tanto Morena como el PAN usan estas medidas; ya sea federal, estatal y municipalmente”, condenó Arturo Marcial Padrón, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), refiriéndose a la entrega de útiles y apoyos de transporte público, entre otros que han hecho estas administraciones.

Así mismo, evidenció las contradicciones de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) por criticar la entrega de apoyos directos del gobierno federal —como en las estancias infantiles y las becas a estudiantes—, pero, al mismo tiempo, adoptar este formato para la entrega del apoyo de transporte público a usuarios preferentes de Qrobús. “Hay una contradicción discursiva, que es ‘raja política’ y, en realidad, los programas, ante la ausencia de normas claras, pueden lograr incentivos en materia electoral”, acusó Marcial Padrón.

El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) señaló que hace falta un marco jurídico que transparente la entrega de apoyos; en el cual el papel de la administración pública sea “administrar lo que es de todos” y no generar adeptos con fines electorales. Con una legislación más rigurosa se espera que sean visibles las reglas de entrega de apoyos y garantizar que no repercutan estas acciones en materia electoral. “El objetivo que debe seguir es el bien común y dejar de pensar en fines electorales”, consideró Marcial Padrón.

Aunque ahora el gobernador Francisco Domínguez Servién entrega apoyos directamente a la ciudadanía, para ver la contradicción basta ver la postura de los diputados federales del PAN, Ana Paola López Birlain y Felipe Fernando Macías, quienes mantuvieron un discurso crítico a la entrega del apoyo de estancias infantiles a padres y madres de familia bajo el argumento de que sólo el 1.8 por ciento de las estancias presentaba irregularidades y no era necesaria esa reestructuración.

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