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El ejido de Ahuacatlán y el derecho a la moviliada

De acuerdo con los campesinos, el cierre del balneario es una medida represiva de las autoridades municipales por haberse amparado por la obra y exigir sus derechos ejidales.

A principios de este año, la empresa Inmobiliaria, Arquitectura y Construcción Arqon (Arqon), inició la ampliación, de dos a cuatro carriles, de la carretera estatal 122, que cruza el poblado y ejido de San Pedro Ahuacatlán, municipio de San Juan del Río; las máquinas abrieron zanjas para un dren, nivelaron, encarpetaron y delimitaron las guarniciones de las banquetas.

La obra de ampliación, está sustentada por la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), del gobierno del estado de Querétaro y, de acuerdo a la información que aparece en su portal de Internet, proyectó la inversión de 40 millones de pesos para la rehabilitación del tramo carretero La Llave-San Pedro Ahuacatlán y 60 millones de pesos más, para la construcción de un puente en el entronque de la carretera estatal 122, San Pedro Ahuacatlán-La Llave.

El inicio de lo que será un boulevard de cuatro carriles, corrió sin contratiempos. El problema surgió cuando la empresa constructora pretendió cobrar de 10 a 40 mil pesos la autorización del diseño de los accesos a los negocios y las casas de los vecinos; cerrar a su arbitrio algunas calles que daban a la avenida y dejar a las escuelas públicas sin acceso vehicular a sus instalaciones, tal y como ocurrió en el Colegio de Bachilleres al que le fue suprimido el acceso a las bahías en donde los autobuses se estacionan para subir o bajar a los estudiantes.

Otra situación que representa un riesgo para los habitantes y, principalmente, para los estudiantes de las escuelas de San Pedro, en la construcción de una gasolinería ubicada a menos de 40 metros de los centros escolares.

Ante lo que los ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán (entre los que figura el diputado del Partido Acción Nacional, José González Ruiz, quien a la vez es empresario inmobiliario y no está de acuerdo con sus propios compañeros) consideraron un abuso, dirigieron, en distintas fechas, diversos documentos al arquitecto Fernando González Salinas, titular de la CEI, en donde plantearon que, para empezar, en ningún momento ninguna autoridad los habían consultado sobre el diseño de la obra y, desde el 8 de febrero, hicieron saber que ellos eran los propietarios del predio por el que pasaría el boulevard y tenían derecho de paso, vía o calle.

También plantearon ante las autoridades las necesidades de movilidad para la comunidad, entre las que figuran la habilitación de una bahía en ambos sentidos para ascenso y descenso de pasaje, un puente peatonal y vibradores en ambos sentidos para disminuir la velocidad de los vehículos y que estaban en desacuerdo con el dren, debido a que en temporada de estiaje se convertiría en un vertedero de basura.

Después de ocho meses de iniciada la obra y, ante la sordera de las autoridades a sus peticiones entre las que figuraba la indemnización del terreno propiedad del ejido, el 20 de junio interpusieron el juicio de amparo 735/2018-1, radicado en el Juzgado Quinto Federal en Querétaro, que otorgó la suspensión de la obra.

A partir del amparo, la empresa Arqon suspendió la obra y fueron retiradas las máquinas y los trabajadores, dejando en el abandono zanjas y hoyos que ponen en riesgo la seguridad de los habitantes, así como de los vehículos que circulan por la zona.

Fue también, a partir del juicio de amparo, en el que la CEI, así como funcionarios públicos de San Juan del Río, acudieron con los ejidatarios para llegar a un acuerdo para la continuación de la obra. El 24 de julio, en una reunión entre el presidente del Comisariado Ejidal -Agustín Paulín Trejo- y el titular de la CEI -Fernando González Salinas-, éste se comprometió verbalmente a realizar las propuestas de los ejidatarios al boulevard, así como al pago de la indemnización por el terreno ejidal.

La licenciada Liliana Sanmartín Castillo, en representación del presidente municipal, Guillermo Vega, también mostró disposición al diálogo ante los ejidatarios para que la obra quedara concluida, antes de que el recurso federal se tuviera que regresar a la federación por no haberlo ejercido. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo, debido a las discordancias de los peritajes entre el titular de la CEI y los ejidatarios.

El balneario

Dentro de este contexto, el 14 de agosto acudieron funcionarios públicos de Protección Civil, de Ecología, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como policías municipales de San Juan del Río para desalojar y clausurar El Balneario Ejidal San Pedro Ahuacatlán de aguas termales, bajo el pretexto de que no contaba con licencia municipal de funcionamiento, aunque tenía 25 años abierto al público en general.

Aunque ningún ejidatario se opuso a la medida, la policía municipal detuvo a seis personas, entre ellas un menor de edad y una mujer, que fueron remitidas a un Juzgado Cívico. De acuerdo con los campesinos, el cierre del balneario es una medida represiva de las autoridades municipales por haberse amparado por la obra y exigir sus derechos ejidales.

A la misma hora de aquel 14 de agosto, un concertador político de la secretaría de gobierno del estado sostuvo una reunión en Querétaro con un representante de la CEI y el abogado de los ejidatarios, pero tampoco llegaron a un acuerdo, debido a que desde aquel momento, el representante de la CEI se ha negado sistemáticamente a dialogar.

El gobernador

Con la finalidad de desacreditar las demandas y derechos de los ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán, de acuerdo a una nota publicada por el diario Noticias de San Juan del Río (16.sep.18), el gobernador Francisco Garrido Patrón declaró que si no se liberaba el derecho de vía, el gobierno tendría que regresar el recurso federal y lamentó que los ejidatarios se opusieran a la obra.

Ante esta situación, el 17 de septiembre los ejidatarios entregaron una misiva en Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, dirigida al mandatario en la cual le exponen que están dispuestos a llegar a un acuerdo y que “las propuestas de solución, que son las mismas que tiene en su poder la Dirección de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, han surgido de la Asamblea de Ejidatarios”.

Génesis ejidal

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (30.jul.1925), el ejido de San Pedro Ahuacatlán, fue creado por resolución presidencial de Plutarco Elías Calles en 1925, con una superficie de 896 hectáreas, para beneficiar a 185 campesinos. Años más tarde, en junio de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, concedió por concepto de ampliación 100 hectáreas más para usos colectivos de 77 ejidatarios.

Otro decreto presidencial, de 1992, expropió al ejido 67 hectáreas, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para la venta de solares y la construcción de viviendas de interés social para los avencindados. En 1993, al ejido le fueron expropiadas 3 hectáreas más a favor del gobierno del estado para la construcción de una unidad educativa que agruparía a la Normal del Estado y el Bachillerato Pedagógico.

Después, en 1995, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Gobierno Federal, sin decreto expropiatorio, les prometieron indemnizarlos por el tramo de la carretera federal 120, San Juan del Río-Xilitla, además de prometerles un puente para el paso de tractores y animales de los campesinos, sin que les cumplieran.

En 2003, otro decreto expropiatorio presidencial, fue el de 4 hectáreas a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para la construcción de la subestación eléctrica denominada San Juan del Río II Banco I.

Ahora, en este 2018, el gobierno del estado de Querétaro, intenta dejar a los ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán, sin la respectiva indemnización a los labriegos, tal y como les corresponde por ley.

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