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La responsabilidad de decir la verdad

La legislación que regule el aborto debe basarse en estudios científicos y en lo señalado por organismos internacionales, no en mitos, prejuicios y dogmas o mentiras.

Hace unos días el senador por Querétaro, Mauricio Kuri, expresó en medios de comunicación que cuenta con información que señala que los abortos clandestinos conllevan menos riesgos para las mujeres los que se realizan de manera legal. Esto me parece una gran irresponsabilidad.

El senador tiene todo el derecho de expresar su opinión, practicar un culto que prohíba el aborto y votar en contra de las iniciativas de ley para legislar la interrupción del embarazo que se discuten en el Congreso. Lo que no puede ni debe hacer, como el funcionario público que es, es compartir información errónea que pueda poner en riesgo a mujeres que consideren la posibilidad de interrumpir sus embarazos y que, lejos de acudir a sitios seguros, lo harán en lugares insalubres, sin atención médica o ingiriendo medicamentos que pueden causarles daño permanente e incluso la muerte porque un Senador de la República compartió información sin fundamento.

La interrupción del embarazo es un hecho común en nuestro país. Las mujeres mexicanas de todos los estratos sociales de todos los estados de la República recurren todos los días al aborto. Ellas son las únicas que saben las razones que las llevan a esa decisión y sólo el acceso a información fidedigna y contar con asesoría capacitada puede ayudarlas a elegir la mejor opción para su salud y su bienestar.

Desafortunadamente la Ciudad de México es la única entidad en nuestro país que cuenta con la legislación e infraestructura que permite a las mujeres decidir sobre sus cuerpos e interrumpir sus embarazos de manera legal y segura hasta las 12 semanas de gestación. En el resto del territorio las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos deben pagar fuertes cantidades de dinero o ponerse en las manos de personas no calificadas que realizarán el procedimiento en condiciones poco higiénicas e inclusive peligrosas.

Es lamentable que con el afán de generar confusión, el movimiento antiderechos divulgue información falsa sobre la interrupción legal del embarazo para buscar que éste se prohíba incluso en casos de violación y cuando corre riesgo la vida de la madre. Este ardid tienen efectos negativos en la salud, derechos y autonomía de miles de mujeres y niñas en México y por desgracia, estos mitos han encontrado tierra fértil en legisladores y funcionarios públicos que tienen en su poder la generación, implementación y cumplimiento de políticas públicas en materia de salud, acceso a la justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El aborto voluntario es sin duda un asunto polémico; se ha discutido en nuestro país por décadas y ha generado una gran diversidad de normas que separan y diferencian a las mujeres en el ejercicio de sus derechos dependiendo del territorio en que se encuentran, es por eso por de más preocupante que legisladores que se oponen a despenalizar el aborto, aun cuando es resultado de abuso sexual infantil, propaguen información deliberadamente falsa con el fin de impedir que las mujeres puedan recurrir a un procedimiento seguro para interrumpir sus embarazos y que además pretendan limitar la educación sexual integral en las escuelas y el fácil acceso a métodos anticonceptivos.

La legislación que regule el aborto en México debe basarse en estudios científicos confiables, en la experiencia de otros países y en lo señalado por organismos internacionales, no en mitos, prejuicios y dogmas personales y mucho menos en mentiras.

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