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Ley General de Aguas: una prioridad nacional

León Fierro y Miguel López fueron encarcelados por defender el agua en Mexicali y Puebla respectivamente (…) En Ecatepec surgieron balazos por el agua en diciembre de 2019.

Mientras escribo, grandes fuerzas políticas, sociales y económicas interesadas en el destino de las aguas de México, articulan enormes esfuerzos para que la actual legislación vaya acorde con los desafíos del presente. La obligación que desde que 2012 tiene el Congreso Federal con la creación de una Ley General garante del derecho humano al agua sigue incumplida y en su lugar han desfilado únicamente iniciativas como la Ley Korenfeld (2015) y la Ley Pichardo (2018), que son refritos de las reglas del fallido modelo actual de gestión.

Durante el año pasado, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados organizó 36 foros en los distintos estados de la república. La Comisión Nacional del Agua emprendió sus propias mesas de trabajo. En ambos participaron el Consejo Coordinador Empresarial y Agua para Todos, que a su vez trabajan sus propias iniciativas de ley. Otra más se desarrolló dentro de un subgrupo del Grupo Parlamentario de Morena.

Mientras tanto, los conflictos se han ido agudizando. León Fierro y Miguel López fueron encarcelados por defender el agua en Mexicali y Puebla respectivamente. Samir Flores fue asesinado en Morelos. En Ecatepec surgieron balazos por el agua en diciembre de 2019. El mismo mes eurodiputados salieron escandalizados del país tras visitar las aguas contaminadas en la Caravana Toxi-Tour. El gobierno mexicano encubrió 10 años el envenenamiento de niños por aguas contaminadas en Jalisco.

La compraventa de un “bien nacional público”, el uso sistemático de agua agrícola en industria o servicios y la sobre utilización de las aguas de cuencas con déficit son prácticas habituales, cuidadosamente desentrañas la reciente investigación “Los millonarios del Agua” de ‘Mexicanos Contra la Corrupción’.

En la impostergable discusión de la ley México se juega el riesgo de agudizar sus problemas, pero también la oportunidad de revertirlos. Es por ello que este 4 de febrero la red más grande de organizaciones y pueblos por el agua en México presentó al Congreso una iniciativa ciudadana de Ley, mientras que la Comisión de Recursos Hidráulicos anunció la propia para el 26 de febrero.

Si recibe la prioridad que merece la nueva Ley General de Aguas tendría que añadirse a la agenda legislativa de febrero-abril 2020. De lo contrario, el mensaje de continuidad que envían los poderes es alarmante, como lo es lo que sucede al amparo de la ley actual. Baste recordar las vedas liberadas en lugares estratégicos para mineras, petroleras y refresqueras al término del sexenio pasado o el “repentino” incendio de la documentación del piso 9 de CONAGUA en marzo de 2019.

El agua no es ni debe ser un tema exclusivo de «los especialistas», nos toca, nos atraviesa y nos configura. La tradición tecnócrata hace que su manejo parezca algo alejado sobre lo que no podemos opinar. Sin embargo, los puntos más controversiales, como el sistema de concesiones y el servicio público, son el fondo un asunto sencillo que define ¿de quién y para quién es el agua?

Frente a la visión que pone al agua en una lógica de mercado, como bien, que es supuestamente escaso y que tiene precio, que asegura que “si va a haber agua (…) pero habrá que traerla y habrá que pagarla”, el paradigma del agua como derecho ligado a la alimentación, salud y medio ambiente sano, que prioriza al agua como la base de la vida en todas sus formas, resulta inadmisible. Eso es lo que se juega detrás de “Agua para todos, agua para la vida”.

Habrá que recordar también en cada estado que, con independencia del proceso federal, desde que en 2012 México tiene el mandato constitucional de garantizar al agua como derecho humano, lo que supone adoptar legislaciones en todos los niveles. Querétaro, dicho sea de paso, se ha negado sistemáticamente a hacer lo propio, aunque de eso hablaremos más adelante.

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