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Notas para entender la cultura política desde Euskal Herria

La crítica desde el País Vasco sostiene que el Estado español no ha tenido la voluntad de construir un verdadero diálogo sobre la situación de las nacionalidades históricas. Se trata de una deuda que se mantiene desde la dictadura de Franco.

Luego de unos meses en el País Vasco (Euskal Herria como prefieren referir los habitantes de este país) me atrevo a escribir algunas líneas para tratar de explicarme o construir una aproximación más bien, con puntualizaciones sobre la configuración de lo público y la vida política en el Estado español y en Euskadi. Sin hacer las odiosas comparaciones ni evaluar la calidad de tal o cual, cosa que hacemos con mucha frecuencia, resulta interesante al menos tener algunos ángulos de referencia.

Con una población de aproximadamente 4 millones de habitantes, Euskadi tiene una composición demográfica tan heterogénea como su propia geografía. Con un idioma milenario (el más antiguo de Europa) y rasgos identitarios muy arraigados, este pequeño país, insertado desde hace siglos en España, ha transitado por procesos políticos difíciles pero que resultan imprescindibles para explicar la situación actual.

Cuando uno pregunta ¿Qué es Euskal Herria? sobran las respuestas. En los bares las conversaciones sobre política, futbol y el clima son constantes: un ‘zurito’ (medida arbitraria de un vaso de cerveza que exactamente no sabemos qué cantidad es pero que es menos de una caña) y un ‘pintxo’ son el pretexto ideal para iniciar la plática sobre los temas de actualidad.

En estos últimos meses el tema de agenda es sin duda el proceso de independencia de Catalunya. Un asunto que tiene especial sensibilidad en el pueblo Vasco que históricamente ha reclamado su derecho a la autodeterminación. El conflicto, como se denomina a la época de confrontación (incluso armada) con España, es una herida sin cerrar en muchos sectores del País Vasco. El ‘procès’ de Catalunya revive ese pasado que si bien no es tan lejano parece guardado abajo del tapete para que no se vea pero que sigue ahí.

El Estado español no ha dudado en hacer frente con castigos ejemplares a los implicados en el proceso de Catalunya. Resulta extraño que una democracia consolidada (¿?) no permita la libre expresión de las ideas entre parlamentarios y partidarios de distinto signo político. Argumentando delitos de rebelión y sedición, el gobierno de España ha encarcelado a 10 políticos catalanes; ocho funcionarios y el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, se asilaron en Bélgica y dos funcionarias más se encuentran asiladas en Suiza.

La historia inmediata del ‘procès’ se remonta al mes de octubre de 2017. En este mes el gobierno catalán convoca un referéndum en el cual se preguntó a la población sobre la posibilidad de constituir un Estado independiente de España. El resultado del referéndum provocó una demostración de fuerza por parte del gobierno español, el despliegue policial (guardia civil y policía nacional) no tiene precedente desde 1978 (año que se toma como referencia en la transición democrática por ser el año en que se jura la constitución vigente) las imágenes son significativas: electores cuidando urnas, policía cargando contra la población que intentaba acercarse a las mesas electorales. Este tipo de situaciones más propias de una dictadura que de una democracia consolidada, han resultado elocuentes para un buen número de organizaciones de la sociedad civil y población en general. España y su gobierno han sido rebasados, el hecho es que no han permitido la libre expresión de una nacionalidad histórica como la Catalana, a través de la vía esencial de toda democracia: el voto.

El ‘procès’ ha evidenciado que el polvo guardado bajo el tapete siempre regresa, que la tentación autoritaria, aún en los países que nos ponen de ejemplo los entendidos, reaparece o nunca se ha ido. El tema no termina y en perspectiva no se visualiza pronta solución. La crítica desde el País Vasco sostiene que el Estado español no ha tenido la voluntad de construir un verdadero diálogo sobre la situación de las nacionalidades históricas. Se trata de una deuda que se mantiene desde la dictadura de Francisco Franco.

La hipótesis que se maneja señala que los parlamentarios catalanes pensaron que por la vía del referéndum y los procesos institucionales tendrían elementos para hablar al mismo nivel con el gobierno de España; nunca esperaron que un gobierno democrático reaccionara desde la víscera autoritaria, algo que conocen y de sobra en Euskal Herria.

El gobierno de España tiene varios frentes abiertos que dominan la agenda pública mediática y los debates de café en los bares. El ‘procés’, el escándalo por las maestría y doctorados obtenidos de manera falsa por políticos en la desprestigiada Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la corrupción en el financiamiento del Partido Popular (partido en el gobierno) en Madrid y Valencia.

Para ser una democracia y un gobierno europeo la cosa pinta de muchos colores y ofrece una vitrina interesante para observar que en todos los sitios se cuecen habas.

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