Opinión

Aprendiendo del sur

Por Rafael Vázquez

El 4 de julio del 2011, en la pequeña provincia de San Juan en Argentina, a tan sólo unas horas de la frontera, se dio cita un gran número de chilenos en lo que iba a ser su presentación en la Copa América. El partido inaugural era justamente contra la selección mexicana, y debido a la situación geográfica –favorable al equipo rojo– se esperaba una aplastante mayoría.

Tal y como fue planeado, los chilenos abarrotaron el estadio. El resultado del encuentro deportivo es bien sabido por todos, lo mostraron las cámaras de televisión ante los ojos del mundo. Sin embargo hubo una cosa que no mostraron, ni mostrarían los principales diarios. Una gran bandera chilena que cubrió gran parte de una bandeja del estadio con la leyenda “Educación libre, digna y gratuita”.

Esta bandera fue cínicamente modificada por varios medios que realizaron algunas modificaciones digitales para que la bandera chilena apareciera limpia tal y como se muestra normalmente. No obstante, hoy en día con toda la tecnología al alcance de los individuos, y con miles de cámaras en el estadio, las fotos de la gran pancarta original circularon normalmente por el Internet y simbólicamente denunciaron la cerrazón no solamente del gobierno chileno para escuchar las protestas, sino el terrible cerco mediático en torno al sensible tema estudiantil que devino en una represión el pasado cuatro de agosto. Este mensaje de poca transparencia, tuvo que haber sido una alarma clara.

Tras ser electo Sebastián Piñera en el 2010, primer presidente denominado de derecha en ser votado democráticamente desde 1958 y abiertamente partidario del ex dictador Augusto Pinochet, designó recientemente como ministro de Educación al abogado Felipe Bulnes, así como la designación de Juan José Ugarte como jefe de la División de Estudios Superiores. Ambos egresados –y posteriormente profesores– de una de las universidades privadas más importantes de chile: la Pontificia Universidad Católica de Chile

Bulnes planteó una agenda en materia educativa que no fue del agrado de un gran sector de la población. Algunas organizaciones estudiantiles –como la Confederación de Estudiantes de Chile– denunció que éstas iban encaminadas a privatizar totalmente el sector educativo, y que favorecían a ampliar aún más el esquema de desigualdad que ha regido en este país desde hace años.

Fue por esto, que surgió un planteamiento de rechazo ante estas medidas y se lanzaron una serie de propuestas que rondaron sobre los siguientes ejes: financiamiento estatal a las instituciones públicas, fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y los sitios de trabajo, y finalmente asegurar que se permita libremente la asociación de los estudiantes para manejarse de la manera que mejor lo consideren.

La tibia respuesta del actual presidente Sebastián Piñera, fue un documento con 21 medidas para “mejorar la educación”. Tras hacer una evaluación a dicho documento, los estudiantes chilenos decidieron rechazarla. Y ahí estalló el problema.

Los jóvenes que salieron a las calles para exigir ser escuchados y, sobre todo, apoyados en sus demandas, fueron salvajemente reprimidos por las fuerzas públicas. Estas marchas desde hace dos meses juntaban a miles de chilenos, que tras expresar pacíficamente sus opiniones por las calles céntricas de Santiago, solían culminar sus eventos con un mitin artístico.

Esto se terminó, puesto que a consideración del presidente Piñera “todo tiene su límite”, por lo que cerca de mil 300 policías establecieron un cerco en torno al palacio presidencial, que es el sitio en el que suelen terminar las marchas. Y el cuatro de agosto, ante la prohibición de marchar y el desacato estudiantil, entraron a los campus universitarios e hicieron más de 500 detenciones. Se habla también de un centenar de estudiantes heridos.

El presidente de Chile tendrá que considerar que, según las encuestas más recientes, sólo el 26 por ciento de la gente apoya su gestión y que en definitiva la forma brutal en la que trató a los jóvenes no es la mejor en una época en la que los valores democráticos del diálogo y la buena política son los que deben imperar.

La privatización del sector educativo es una amenaza que se está convirtiendo en realidad. ¿Recuerdan las colegiaturas deducibles de impuestos en México? Es un paso más –uno muy firme– al fortalecimiento de las instituciones educativas privadas.

Es por eso que ante el embate de grandes corporaciones educativas, que planean desmoronar poco a poco la estructura de la educación pública, y la aparente insensibilidad gubernamental en torno al tema, todos los que fuimos beneficiarios de la misma debemos comprender el papel fundamental de ésta y la lucha histórica que se ha emprendido para conservarla.

¡Educación libre, digna y gratuita para todos! Chi, chi, chi, le, le, le… ¡Viva Chile!

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