Árbitro vendido

¿Cuántas veces no hemos escuchado en eventos deportivos, la famosa frase ‘árbitro vendido’? Frase que se dirige a árbitros para cuestionar su imparcialidad con respecto a los contendientes.

La imparcialidad es una cuestión clave para que en los eventos deportivos no haya ventajas para uno u otro de los contendientes. Lo mismo sucede en los procesos electorales con los árbitros (órganos de los ministerios del interior, institutos electorales autónomos, tribunales electorales, etc.). En este caso la parcialidad de los árbitros puede tener consecuencias nefastas para la inmensa mayoría de una población.

Desgraciadamente, México, principalmente en la época priista, y a partir de que se perdió la brújula de la revolución mexicana, fue el país en el mundo en donde quizás, se han llevado a cabo más fraudes electorales, con el fin de torcer la voluntad popular.

Sólo por mencionar algunos de los principales fraudes en elecciones presidenciales, en nuestro país, podemos recordar el fraude en 1952 en contra de Miguel Henríquez Guzmán, para imponer a Adolfo Ruiz Cortines. El fraude de 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que el ganador había sido Cuauhtémoc Cárdenas o el fraude más documentado de la historia, el de 2006, en contra de Andrés Manuel López Obrador, para imponer en la Presidencia al panista Felipe Calderón.

Pero además de fraudes presidenciales, en nuestro país ha habido una enorme cauda de fraudes para imponer a gobernadores y hasta presidentes municipales.

Para consumar un fraude electoral se requiere de la complicidad del árbitro y así fue en México durante décadas. Primero, por medio de la secretaria de gobernación (de la cual dependían los organismos electorales), después mediante la Comisión Federal Electoral (CFE, a partir de 1973 y hasta 1990), luego mediante el Instituto Federal Electoral (IFE, de 1990 hasta 2014) hasta llegar al actual Instituto Nacional Electoral (INE).

Para los instrumentadores de los fraudes electorales también han sido útiles otros partidos políticos, como cuando en 1988 el PAN avaló la quema de boletas electorales, que habrían posibilitado demostrar el fraude para entronizar al priista Salinas de Gortari en la Presidencia de la República. O como cuando en reciprocidad, el PRI avaló el fraude panista de 2006 para robarle la elección a López Obrador e imponer a Felipe Calderón o cuando, nuevamente, el PAN avaló el fraude electoral de 2012 para imponer al priista Enrique Peña Nieto.

En todos los casos anteriores, pero también en los demás, la población queda polarizada en dos grandes bandos: los que apoyan el fraude (por acción u omisión) y los que lucha en contra del fraude.

Hoy, la actual cúpula del INE, principalmente su presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama quieren sorprender a la gente saludando con sombrero ajeno. ¿Qué hicieron Lorenzo Córdova y Ciro Murayama en contra del fraude electoral de 2006? ¡Nada! ¡Absolutamente nada!

Casi, casi presumen que la llegada de la 4T al gobierno federal es gracias a ellos, ¡porque no hicieron fraude! O sea que, se le debería agradecer a un árbitro ser imparcial, cuando esa es su obligación.

Sin embargo, sabemos que en las elecciones presidenciales de 2018 no hubo fraude porque hubo una verdadera insurgencia cívica del pueblo de México para llevar a la Presidencia de la República a López Obrador con una diferencia de 11 millones de votos sobre su más cercano competidor.

Los avances democráticos en nuestro país no se deben a los órganos electorales sino a la gente que impone su voluntad a pesar de dichos órganos. Que no nos vengan con cuentos.