Opinión

De las cosas nuevas

Por: Efraín Mendoza

 

Concluidas las formalidades legislativas, se ha adaptado ya la Constitución de Querétaro al centralismo que trajo consigo el retorno del PRI al gobierno de la República. La Legislatura local debe comenzar la semana con la aprobación de nuevas reglas electorales -las que aplicarán para la elección de gobernador de Querétaro, de los 18 ayuntamientos y la Legislatura del Estado- el domingo 7 de junio de 2015.

Entre las novedades significativas, anótese un aspecto que pareciera de procedimiento pero que no lo es, pues revela la restauración de las viejas formas: se ha puesto fin a una etapa en que las reglas electorales pasaban por consulta ciudadana, eran debatidas en foros abiertos y, por supuesto, eran procesadas públicamente por el organismo electoral ciudadano. Esta práctica operó entre 1996 y 2009, siendo que el Instituto Electoral de Querétaro estaba (está) facultado para iniciar leyes. En 2010, el gobernador de Querétaro fijó la nueva política: volvió a meter las manos en las reglas electorales. Por la forma en que lo hizo, para 2012 no hubo reforma, y ahora, en 2014, se está cambiando las leyes ignorando olímpicamente a la autoridad electoral, que se ha mostrado abdicante.

 

Destaca, por supuesto, la liquidación del Instituto Electoral de Querétaro, la creación del híbrido que lo sustituirá en el nuevo esquema centralista, y la creación del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, cuya integración será decidida por un órgano político, también, desde el Centro.

 

Creado en 1994, el Instituto Electoral de Querétaro operó tres años como una dependencia del Poder Ejecutivo y fue presidido por el secretario de Gobierno, de manera que su vida autónoma fue de 1996 a 2014. Es liquidado por el centralismo (“liquidación” es el término que la Constitución local ha adoptado para referirse a su desaparición) luego de un frustrado intento de extinción, en 2010, a manos del gobernador José Calzada, que pretendía sustituirlo por un consejo ornamental.

 

Los actuales titulares del moribundo IEQ, cuyo nombramiento de siete años ha sido interrumpido a la mitad del camino, serán relevados por personas que designará el Instituto Nacional Electoral, que sustituyó al IFE, a más tardar el 30 de septiembre, y que serán: un consejero presidente por siete años, tres consejeros por seis años y otros tres por tres años. Como el tema no se discute públicamente, desconocemos las sorpresas que nos traerá la letra chiquita del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, triste pieza que encarnará el retroceso.

 

Asimismo, se restaurará el Tribunal Electoral del Estado, figura que ya operó en la última década del siglo pasado, sólo que ahora sus tres magistrados titulares y los dos supernumerarios serán designados por el Senado de la República. Y se creará la Fiscalía especial para delitos electorales, que dependerá del procurador, que a su vez depende del gobernador, que -tras el retorno del PRI- ha recuperado su calidad de “primer priísta” del estado.

 

Se conocerán también las normas relativas a la relección: de diputados, para que puedan ejercer el cargo hasta por 12 años, y de los presidentes municipales, síndicos y regidores, hasta por seis años. En cuanto a coaliciones, llama la atención lo que dispone la fracción III del transitorio sexto (de la ley que reforma la Constitución) que pone fin a la obligación prevista en el inciso h del artículo 175 de la agonizante la ley electoral local, que imponía el requisito de incluir en el convenio de coalición “el procedimiento de postulación de candidatos y, en su caso, nombre completo, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los aspirantes, cargo al que se postulan y partido político que lo propone”. La nueva ley lo impedirá, pues así lo dispone explícitamente la Constitución: “sin que pueda la coalición o partido solicitantes definir ni publicitar en ese momento la identidad del o los candidatos comunes, sino hasta el momento de solicitar el registro formal de la candidatura, so pena de pérdida del derecho de registro de la misma”. Por supuesto, se otorgan márgenes más amplios de discrecionalidad a las cúpulas partidistas, un sigilo que las preserva de las miradas indiscretas de los ciudadanos sobre lo que negocian los partidos, pese a su condición de entidades de interés público.

 

Bien lo dijo alguna vez don Melchor Ocampo: lo nuevo es lo viejo que viene de regreso.

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