Opinión

El descrédito de algunas instituciones

Por: Ángel Balderas Puga

En el número anterior de Tribuna de Querétaro abordamos el descrédito del actual IFE luego de la permisividad y complicidad con dos fraudes electorales en las últimas dos elecciones presidenciales en nuestro país.

Recordamos la satanización y la campaña mediática contra Andrés Manuel López Obrador por haber mandado al diablo a “sus instituciones” como si él fuera el culpable del descrédito del IFE y no Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés más todos los que desde su cargo han actuado de manera facciosa, son ellos los que minan la credibilidad de las instituciones y no los que denunciamos sus tropelías, son ellos los verdaderos responsables de afondar a las instituciones en el descrédito y no los que señalamos sus vicios y sus omisiones.

La esencia es que son las cúpulas dirigentes de este país las que día con día mandan al diablo a las instituciones en los hechos.

La Suprema y la ley del ISSSTE

Desgraciadamente, otra de las instituciones a la que han mandado al diablo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que, en más de una ocasión, ha tomado decisiones que afectan negativamente a millones de personas.

Cuando en junio de 2008 la SCJN avaló la aplicación retroactiva de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) perjudicó a más de tres millones de trabajadores y sus familias, 12 millones de personas afectadas al resolver la Corte que en dicha ley sólo eran inconstitucionales cinco artículos, de los 254 y 47 transitorios que habían sido impugnados en los amparos que presentaron casi dos millones de burócratas.

En su resolución y con un enorme cinismo, la Corte se atrevió a declarar que los criterios establecidos en su sentencia tuvieron el único interés de “favorecer a los trabajadores”. El ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia se atrevió a declarar que “justicia que tarda no es justicia” para negar la protección de la Corte ante la aplicación retroactiva de la ley, vanagloriándose de haber actuado ¡a favor de los trabajadores!

Con este tipo de actitudes son los mismos magistrados de la SCJN los que han estado mandando al diablo a su institución y faltándole al respeto.

La Suprema ataca de nuevo

El mes pasado en otra resolución vergonzosa que profundiza el descrédito de la SCJN y que evidencia su sometimiento al Poder Ejecutivo, se dejó en el desamparo a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que no aceptaron su liquidación y que habían obtenido un amparo de un Tribunal Colegiado que, justamente, había determinado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debería fungir como patrón sustituto.

Tanto LFC como CFE son organismos descentralizados que dependen del Poder Ejecutivo, todos sus trabajadores son empleados federales y su patrón es el Poder Ejecutivo por lo que es más que evidente que CFE debe ser el patrón sustituto pues subsiste la materia de trabajo y CFE se quedó con toda la infraestructura de LFC y hasta con sus clientes por lo que es una verdadera barbaridad que la Corte no reconozca este hecho que está a la vista de todos.

Haciendo malabares, la Corte determinó que los trabajadores de organismos descentralizados del poder federal no están directamente subordinados al Presidente de la República, lo que no tiene ningún sentido pues es precisamente el Poder Ejecutivo el que nombra a los directores de los organismos descentralizados y la Presidencia de la República ejerce el control total en dichos organismos. Si el Presidente de la República no es el patrón de los trabajadores de dichos organismos, entonces ¿quién lo es?, ¿los directores de los organismos? Estos organismos no son autónomos del Poder Ejecutivo.

La sentencia de la Corte, al igual que en el caso de la nueva ley del ISSSTE, es verdaderamente kafkiana: señala que el decreto presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro ¡no terminó por sí mismo las relaciones de trabajo! Lo que es verdaderamente absurdo, sino que al extinguir en definitiva ese organismo “generó la causa externa de fuerza mayor” que, posteriormente, desencadenó que previa solicitud del organismo liquidador ante la autoridad laboral competente, se aprobara la terminación de las relaciones colectivas de trabajo.

Lo anterior sin tomar en cuenta que, además, el decreto de Felipe Calderón, publicado el 11 de octubre de 2009 señalaba, sin aportar ninguna prueba, que “la comprobada ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado en cuestión, permite llegar a la conclusión de que, siguiendo el principio de ejercicio eficiente del gasto público, Luz y Fuerza del Centro debe extinguirse”. Un verdadero dogma de fe en el que habría que creer a ojos cerrados. La Corte ni siquiera entró a analizar la esencia de la situación que dio origen al despido de más de 40 mil trabajadores electricistas.

Son este tipo de absurdos los que vulneran la credibilidad en las instituciones y las mandan al diablo desde adentro desde las mismas instituciones y como consecuencia de los actos de quienes deberían, en primer lugar, defenderlas.

anbapu05@yahoo.com.mx

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