Opinión

El mito de la readaptación social

Punto y seguido

Por: Ricardo Rivón Lazcano

Yo voté por Jean-Jacques Rousseau y por Marx

en las elecciones de la historia.

Pero en la votación secreta del individuo,

opté más bien por Schopenhauer y Godot”

Claude Roy

Uno siempre dice la verdad, cuando la dice, como cree que es. No suele uno regresar sobre sus pasos y aceptar que tal verdad es una forma, siempre incompleta, siempre inacabada de contar la historia. Eso vale tanto para el individuo, como para la sociedad.

Quién sabe cuántos siglos tenga la historia de las prisiones en México, pero lo que sí es cierto es que el año pasado (2012), se aplicó por primera vez un instrumento de investigación, una encuesta, cuyos resultados permiten apreciar el funcionamiento de ese dispositivo institucional encargado, idealmente, de resocializar a los individuos cuya conducta altera la funcionalidad y el orden social.

La Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, fue coordinada por Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económica y Elena Azaola, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

La encuesta, según las investigadoras, recaba información valiosa que difícilmente puede obtenerse de otra manera, particularmente información que capta con detalle las características socio-demográficas de los internos así como las del entorno socio-familiar en el cual se desenvolvieron. De igual manera, los datos obtenidos permiten trazar, así sea a grosso modo, las trayectorias delictivas de los internos e identificar ciertos patrones.

En resumen, lo que se ofrece es un conjunto de datos valiosos para quienes se interesan por el análisis de los (complejos) factores o las circunstancias que inciden o que rodean a las conductas delictivas y a su consecuente daño social.

A continuación transcribo algunos de los hallazgos del estudio:

1. Los internos reportan que los derechos de debido proceso son trasgredidos a lo largo del proceso, desde la detención hasta que se dicta la sentencia. No hay diferencias sobresalientes entre las respuestas de las personas sentenciadas en el fuero federal y las sentenciadas en el fuero común.

2. Más de la mitad de los sentenciados dijeron que fueron llevados a otro lugar antes de ser llevados a la agencia del Ministerio Público. Estos lugares incluyen cuarteles militares, agencias estatales, separos, casas clandestinas, entre otros.

3. La gran mayoría de internos son traslados a los Centros Federales sin su consentimiento.

4. Los delitos contra la salud constituyen el principal delito de los internos sentenciados en los centros penitenciarios federales. 60.2 por ciento de los internos están sentenciados por estos delitos. En el caso de las mujeres, el porcentaje es significativamente mayor ya que el 80 por ciento está sentenciada por esos delitos.

5. Los internos sentenciados en el sistema penitenciario federal son principalmente hombres y mujeres jóvenes (mayoritariamente entre 31 y 40 años), con hijos (78.8 por ciento de los hombres y 88.4 por ciento de las mujeres tienen hijos) con fuertes desventajas sociales. Provienen de contextos violentos y cuentan con escasa educación. 53.7 por ciento de los varones internos y 60 por ciento de las mujeres no completaron la secundaria. 56.6 por ciento de los hombres y 45.3 por ciento de las mujeres dijeron que la razón por la que no continuaron estudiando es porque tenían necesidad de trabajar.

6. Las mujeres internas en los centros federales están sentenciadas en gran mayoría por delitos contra la salud, no violentos. Se trata, de mujeres sin antecedentes penales (98.9 por ciento de los casos no han sido sentenciadas previamente), sentenciadas sin concurso de delitos (88 por ciento están sentenciadas únicamente por el delito de drogas) y que en 91.6 por ciento de los casos reporta no haber portado armas. Mientras que sólo dos por ciento de los internos varones tienen a su pareja en prisión, 22 por ciento de las mujeres se halla en esta situación.

7. Los datos sugieren que el derecho a una defensa adecuada no se cumple ni en forma ni en fondo. 43.7 por ciento de los encuestados dijo no tener abogado al rendir declaración en la agencia del Ministerio Público. 44 por ciento de los encuestados dijo que su abogado no le explicaba lo que estaba pasando durante las audiencias, 51 por ciento no aconsejaba a sus clientes antes de las audiencias, 39 por ciento no le explicaba los resultados de los procesos.

(insightcrime.org/index.php?option=com_k2&Itemid=208&id=8_2367ec5f6ddf82c84ac111c9e2f3cfde&lang=en&task=download&view=item …)

rivonrl@gmail.com

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