La incompleta disculpa de la PGR
Kevyn Simon Delgado
PARA DESTACAR: La incapacidad y la poca voluntad de las autoridades gubernamentales para hacer justicia es notoria y más cuando se trata de personas de escasos recursos económicos, indígenas y, en suma, mujeres. Queda claro que en la mayoría de las ocasiones, las leyes son una cuestión de poder, no de justicia
El pasado 21 de febrero del 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una disculpa pública y reconocimiento de su inocencia a las tres mujeres indígenas hñahñú, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, originarias de Mexquititlán, Amealco, acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la extinta AFI en el 2006, lo que las llevó a pasar alrededor de tres años en la cárcel de Querétaro.
A pesar de que su proceso estuvo atascado de irregularidades, empezando con que ninguna de ellas hablaba español y jamás se les proporcionó un traductor, el juez de entonces las sentenció a 21 años de cárcel. La presión social y la loable labor de Amnistía Internacional México y el Centro de Derecho Humano Agustín Pro Juárez (el cual lleva los casos de Ayotzinpa y Nochixtlán, por ejemplo), llevó a la Suprema Corte de Justicia a obligar a la PGR a frenar el proceso y liberar a las tres mujeres “por falta de pruebas”.
La incapacidad y la poca voluntad de las autoridades gubernamentales para hacer justicia es notoria y más cuando se trata de personas de escasos recursos económicos, indígenas y, en suma, mujeres. Queda claro que en la mayoría de las ocasiones, las leyes son una cuestión de poder, no de justicia, privilegio reservado sólo para aquellos que pueden costearlo.
Ya que la liberación llega, cinco rubros son tomados en cuenta en la reintegración de la víctima. 1) La recuperación económica, por todo el dinero que dejaron de percibir por estar encarceladas, más los perjuicios y costos que implica cualquier proceso de esta naturaleza; 2) la de carácter moral, donde van las disculpas públicas y el reconocimiento de inocencia, con la intención de limpiar sus nombres de cualquier duda; 3) la restitución, que implicaría el volver a las condiciones previas al atropello cometido en su contra, prácticamente imposible; 4) la reparación física y psicológica, como consecuencia del maltrato que se les dio desde un inicio; y 5) qué no se repita el abuso, no sólo con ellas, sino con cualquier persona. Evidentemente el gobierno sólo ha querido cumplir con los primeros dos puntos, los otros tres jamás son tomados en cuenta, ni para este ni para ningún caso de esta naturaleza.
Así sucedió con el caso de Rosendo Radilla, víctima de la primer desaparición forzada oficial en México, en 1974 durante la llamada “guerra sucia”, en el golpeado estado de Guerrero, cuyos familiares llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la década de los noventa, la que demandó al gobierno de México a cumplir con los cinco puntos arriba mencionados, cumpliendo medianamente con los primeros dos.
Si bien la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia es un avance y un ejercicio que debería de repetirse en muchas otras ocasiones, la justicia nunca es plena si los perpetradores del crimen no reciben una sentencia: ¿Y los seis agentes de la extinta AFI? ¿Y el juez que las condenó a 21 años de cárcel? ¿Y el exgobernador panista Francisco Garrido Patrón?
Sin importar que ni Teresa ni Alberta ni Jacinta pidieron que se les levantara una investigación en su contra, las autoridades judiciales deberían de llevarlo a cabo si realmente se buscar mejorar el sistema. ¿O qué, simplemente ofrecerán una disculpa a las cuatro o siete mujeres asesinadas diariamente en nuestro país? ¿Sólo ofrecerán una disculpa a los 42 periodistas asesinados en los diez años recientes? ¿Sólo ofrecerán una disculpa los compañeros normalistas de Ayotzinapa asesinados y desparecidos? ¿Sólo ofrecerán una disculpa por Tlatelolco, el halconazo, la guerra sucia, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Tlatlaya y Nochixtlán? ¿Sólo ofrecerán una disculpa por los miles de feminicidios en Ciudad Juárez y en el Estado de México? ¿Sólo ofrecerán una disculpa a las 30 mil personas desaparecidas en los últimos diez años en México? ¿Sólo ofrecerán una disculpa a las ciento cincuenta mil personas asesinadas en los recientes diez años? ¿Sólo ofrecerán una disculpa a las más de cincuenta millones de personas pobres del país? ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Justicia!
