Opinión

La liberación de Pablo González Loyola

Por: Kevyn Simon Delgado

“Si tocan a uno, tocan a todos”. Esta frase alusiva a la represión que han sufrido los compañeros normalistas de Ayotzinapa, escrita en una cartulina, fue utilizada como prueba por la Fiscalía General del Estado de Querétaro para autojustificar la detención arbitraria de Pablo Héctor González Loyola Pérez la madrugada del 16 de junio bajo la absurda acusación de “motín”, delito que, así como está catalogado en el código penal federal, atenta contra la libertad de expresión y manifestación.

Pablo es el líder de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, organización urbano-popular con casi treinta años de existencia a la cual están adscritos dos tercios de las y los comerciantes de la Alameda Hidalgo.

Tres días después de su arresto, la Alameda fue desalojada por la fuerza pública entre los aplausos de la élite política panista y muchos medios de comunicación, ahora al servicio del gobierno blanquiazul, después de que anteriores administraciones panistas, la de Garrido Patrón en el municipio y Loyola Vera en la gubernatura, les facilitaron el espacio hace 16 años con el nombre de “corredor comercial”, tras un par de años de haber arribado a la zona.

Pablo estuvo recluido 48 días en la cárcel preventiva en el penal de San José el Alto del municipio de Querétaro, tras el montaje jurídico que se levantó en su contra con apoyo de la Fiscalía y la Policía Estatal y Municipal, cuando, según los testimonios de diez policías, una muchedumbre les iba a linchar al interior de sus patrullas.

Ya en el penal, el estudio que le hicieron a Pablo un grupo de criminólogos y psicólogos determinó aplicarle un aislamiento por seis meses, en una celda de 2.5 metros por 2.5 metros, por considerarle “contaminante” y “agresivo”.

Su salud y alimentación, tras presentar una queja por la desatención ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya se había normalizado, lo mismo que su acceso a la biblioteca, ya que los Centros de Reinserción Social, por absurdo que parezca, permiten el ingreso de televisores, más no de libros, a sus instalaciones.

Pablo, recordarán, fue diputado local por el PRD de 1994 a 1997 y líder estatal del mismo partido del 2004 al 2007, sin embargo, salió de dicha organización política hace ya cuatro años, en medio de una ya prolongada crisis interna.

El 1 de Mayo de este año, tras la cancelación del evento después de que manifestantes arrojaron gorras y playeras al pódium donde se encontraban el gobernador y autoridades sindicales oficiales, el propio gobernador Francisco Domínguez Servién, en plan de juez, lanzó una serie de acusaciones contra ocho personas, señalándolas como las incitadoras de la “agresión” contra él y su gabinete, entre ellas a Pablo González Loyola, cuando era evidente que él no había tenido ninguna intervención. El PRD se deslindó de lo sucedido, aunque tras su arresto sí demandó su liberación.

Inmediatamente después de su arresto y, sobre todo, tras el desalojo de la Alameda, el gobierno y sus medios iniciaron una campaña de difamación contra él y las 360 personas que laboraban en la Alameda, acusándolas de “violentos” y “delincuentes”.

Un discurso cargado de discriminación contra los pobres y la “mala imagen” que estas proyectan en el centro histórico. Después de que Marcos Aguilar Vega “rescatara” la zona y de que se “descubrieran” una decena de armas en los carritos de la Alameda (sin haber hecho un acta sobre sus contenidos frente a los dueños de la mercancía) no se han arrestado a más personas.

Cabe resaltar que la medida carecía de fundamento legal ya que la mayoría de los locatarios tenían sus permisos en orden con el municipio para trabajar, además de haber pagado toda una serie de impuestos y requisitos para ocupar ese espacio y el desalojo se dio sin previo aviso o juicio, el acercamiento únicamente se dio por parte de las y los comerciantes, ante el temor fundado de que se les fuera a desalojar, como sucedió.

Además de quedarse sin trabajo, quedaron estigmatizados como “delincuentes” que vendían drogas y promovían la prostitución, sin embargo, las trabajadoras sexuales continúan en la zona y a las y los comerciantes no se les ha reubicado en otra ni de manera provisional, como declaró el presidente municipal en su primer informe de gobierno.

Habrá que sumar que los integrantes de la UCFCP que mantuvieron un plantón en Plaza de Armas frente al palacio de gobierno, también fueron desalojados a principios de julio, una vez más en la madrugada.

No se puede castigar a la colectividad por los pocos comerciantes que no habían refrendado su permiso, ni por los pocos que ejercieran una actividad ilícita, de ser esto cierto. Al hacer una investigación se tienen que presentar pruebas, no únicamente dichos y sospechas; primero se tiene que hacer la averiguación y entonces se toma otro paso, en este caso primero se castigó y después se está haciendo una dudosa exploración, que parece más una pesquisa.

El abuso de poder debe indignar, pero también debe unir voces, voces que exijan el respeto a los derechos humanos y la libertad de las y los presos de conciencia, como justamente se decretó la liberación de Pablo el jueves 4 de agosto, ya que, en efecto, si tocan a uno, tocan a todos.

 

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