México y los derechos humanos
Por: Salvador Rangel
En México, el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos no siempre existe, la historia contemporánea así lo demuestra, quien representa la autoridad no las cumple, en la mayoría de los ciudadanos hay duda en la correcta aplicación de la ley, desde una simple infracción de tránsito hasta el esclarecimiento de los llamados crímenes de Estado.
En la época posrevolucionaria se cometieron crímenes de los que nunca se detuvo a los autores materiales y menos a los intelectuales; el 18 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente José Ma. Pino Suárez fueron hechos prisioneros por el general Blanquet, quien los mantuvo en Palacio Nacional. En la madrugada del 22 fueron conducidos en dos autos a la cárcel de Lecumberri, ahí fueron asesinados antes de ingresar a la penitenciaria.
Los asesinos materiales e intelectuales no fueron detenidos.
Durante la decena trágica, del 9 al 19 de febrero, la casa de presidente Madero, en la calle Berlín, de la colonia Juárez, fue incendiada y saqueada; no hubo detenidos.
El 10 de abril de 1919, asesinan en una emboscada en la Hacienda de Chinamaneca, Mor., al líder agrario Emiliano Zapata; no hubo detenidos.
El 21 de mayo de 1920, asesinan en Tlaxcalantongo, al presidente constitucional Venustiano Carranza y a seis de sus acompañantes; al presidente lo mató el exfederal retirado Rodolfo Herrero.
El 20 de julio de 1923, asesinan en una emboscada en Canutillo, Chih., al general revolucionario Francisco Villa y a su acompañante Miguel Trillo. Al día siguiente, las autoridades declaraban que se debía a “una venganza personal”.
Y los crímenes de esa época seguían, se puede citar la muerte del general Francisco F. Serrano y trece acompañantes que fueron procesados en un juicio sumario a la orilla de la carretera a Cuernavaca en el poblado de Huitzilac, el 3 de octubre de 197; el general Serrano era candidato a la presidencia de la República, era opositor al candidato oficial Alvaro Obregón.
El 7 de julio de 1940, en una manifestación pacífica en la avenida Juárez, en la Ciudad de México, donde los ciudadanos protestaban por lo que, decían, era un fraude electoral cometido contra el candidato presidencial, Juan Andrew Almazán, fueron sometidos por la policía, hubo muertos y desaparecidos; no hubo detenidos.
Y así se vienen a la memoria hechos, el desmantelamiento del internado del IPN en 1956, movimiento magisterial en 1959, también en 1959 el movimiento ferrocarrilero, en que las protestas ciudadanas fueron reprimidas por la policía y el ejército, donde los líderes eran detenidos y conducidos a instalaciones militares.
Y en los años sesenta, la llamada guerrilla, donde hubo detenciones y desapariciones. En este tiempo existía la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaria de Gobernación, era temida por sus prácticas de tortura y desapariciones.
No olvidar los sótanos de la Dirección de Policía y Tránsito de la Ciudad de México, en la Plaza de Tlaxcoaque, lugar donde los detenidos aceptaban toda clase de ilícitos, después de una sesión de torturas.
Tal parece que el tiempo no pasa en este tipo de prácticas, desapariciones forzosas, detenidos donde se ve que antes de ser presentados ante autoridad competente han sido maltratados física y mentalmente, y ante la mirada de sus captores recita sus fechorías.
Donde los familiares de los desaparecidos recorren agencias del ministerio público, delegaciones, cuarteles, lugares donde la respuesta es NO.
Y ante esta situación, algunos acuden a instancias internacionales en busca de la justicia que no encuentran en su país.
Hace unos días, en Suiza, el gobierno mexicano acudió a la Corte Internacional de los derechos Humanos, no salió bien librado. Hace falta mucho por hacer, duda no hay, pero lo importante es comprometer a los funcionarios que imparten justicia, desde el policía hasta los agentes de ministerios públicos que ellos son los vigilantes y guardianes de los derechos humanos, no los violadores.
Y los nostálgicos consideran que la salvaguarda de los derechos humanos es una labor que requiere de fomentarla en todos los niveles, tanto entre los ciudadanos como en los funcionarios públicos.
rangel_salvador@hotmail.com
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