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2011, año de turbulencias para el IEQ

Por Víctor Pernalete / Angélica H. Morales

Lo que mal empieza, mal acaba, y el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) lo puede constatar tras vivir el año más accidentado desde que se instauró como tal en las vísperas de la elección para gobernador de 1997.

El 2010 terminó siendo un año convulso para el IEQ luego de la polémica suscitada por la elección de consejeros electorales.

Con ese capital comenzó el 2011, entre amenazas del Partido Acción Nacional (PAN) y las respuestas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tuvo la tarea de determinar si la elección de consejeros se ratificaba o si se revocaba y aunque la respuesta se esperaba a principios del mes de enero, pasó más de un mes para que, finalmente, se diera respuesta.

De acuerdo a la ley, para elegir consejeros electorales se necesitan dos terceras partes de los votos de los diputados, 17 votos. El día de la elección tan sólo hubo 15, ya que 10 legisladores, todos del PAN, se abstuvieron de votar e incluso, se retiraron de la sesión de pleno.

El PAN impugnó la elección y de esa manera había que esperar que el TEPJF decidiera a quién le daría la elección.

En dicho contexto, el PAN encontró información clave en contra de uno de los consejeros electorales electos; Raúl Ruiz Canizales fue acusado de tener vínculos con el PRI después de que su nombre apareciera en el informe anual del partido en el 2009 como director de Análisis Político del Comité Directivo Estatal, algo que está prohibido para quien desee ser consejero electoral (Tribuna de Querétaro, 564).

Ruiz Canizales fue atacado de esta manera por el PAN, aunque él siempre clamó ser inocente, ya que no sabía por qué su nombre se encontraba en dicha lista, y que sus únicos vínculos con el tricolor eran algunos cursos que llegó a dar en el partido, sin tener necesariamente filiación política. Incluso, utilizó como prueba de inocencia una lista de militantes del PRI, en la cual no aparecía su nombre.

Mientras el conflicto seguía latente y el TEPJF aún no resolvía el asunto, Tribuna de Querétaro (565) tuvo acceso a los informes realizados por Hiram Rubio García y José Luis Aguilera Rico, líderes de las bancadas del PRI y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) respectivamente, sobre los 54 candidatos a consejeros electorales que presentaron su candidatura.

Los informes revelaron que el análisis que hicieron los legisladores fue superficial e incluso incongruente, ya que los pocos adjetivos utilizados para juzgar a los candidatos se contradecían respecto a las decisiones finales.

El TEPJF dio la razón al PRI

Finalmente, la resolución del TEPJF llegó y confirmó la elección de los consejeros electorales elegidos el 6 de diciembre de 2011. El argumento principal que sostuvo la resolución fue que el PAN no podía sacar tajada de su propia decisión de ausentarse de la sesión. Al principio, AN se mostró inconforme e incluso amenazó con llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que finalmente no sucedió.

Braulio Guerra Urbiola, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, declaró para Tribuna de Querétaro (567) que “(Desconocer la resolución) sería tanto como decir que el Tribunal y el Presidente de la República es espurio, o es una presidencia ilegítima, como es el discurso de AMLO, entonces los dos tenemos que fortalecer y darle credibilidad a la institución”, ya que fue ese mismo Tribunal el que ratificó la elección de Felipe Calderón Hinojosa.

Tras un tiempo, el discurso del PAN se apaciguó y terminaron aceptando, a regañadientes, la resolución.

Aunque aún hoy en día manifiestan que los consejeros electorales carecen de legitimidad, incluso a finales de año regresaron a la mesa del Consejo General del IEQ. Sin embargo, la resolución del TEPJF no quedó allí.

Raúl Ruiz Canizales, el consejero que fue acusado de ser priista, fue retirado del cargo y dejó abierta la plaza del séptimo consejero. Este hecho daría pie al siguiente capítulo de la controversia que azotó al IEQ durante 2011.

El séptimo consejero, un dolor de cabeza

Con Raúl Ruiz Canizales fuera del Consejo General del IEQ, fue necesario que la Legislatura determinara quién ocuparía ese espacio. Si bien el PAN esperaba tener la posibilidad de poner al consejero de su preferencia, la realidad fue muy distante.

La falta de acuerdos de la LVI Legislatura fue nuevamente protagonista y durante meses y tras sesiones, fue imposible decidir quién ocuparía ese lugar, por lo que el IEQ funcionó con sólo seis consejeros electorales.

No sería sino hasta julio de 2011, siete meses después de que se debiera ocupar el cargo, que finalmente se eligió a Alfredo Flores Ríos como consejero electoral.

En repetidas sesiones de pleno, los candidatos que recibieron votos fueron Flores Ríos y Cecilia Pérez Zepeda, quien había sido consejera electoral en el consejo anterior. Quien finalmente fue elegido tenía los votos del PRI y los partidos que lo apoyan, mientras que Pérez Zepeda recibía los del PAN.

En ese tiempo el IEQ llamó a la ciudadanía a foros en los que se pudieron presentar propuestas de reforma a la ley electoral que el mismo instituto compilaría y entregaría a la Legislatura.

José Vidal Uribe Concha, presidente del Consejo General del IEQ, declaró para Tribuna de Querétaro (583) que “para el órgano electoral es importante que esté integrado en términos de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Pero como es sabido públicamente, en la conformación del Consejo General, desde que fueron nombrados electos los consejeros, hemos tenido que estar atendiendo un aspecto de carácter jurídico”.

Propuesta de reforma a la Ley Electoral, poca ciudadanía y mucho Calzada

Durante el segundo semestre del año pasado, la situación no fue más “pacífica” para el Instituto Electoral de Querétaro.

 

Luego del proceso para designar al séptimo consejero electoral, el instituto se vio inmerso en, por lo menos, otras problemáticas: la inconformidad de la ciudadanía ante la iniciativa de ley presentada por el propio IEQ, las declaraciones acusatorias del consejero Demetrio Juaristi Mendoza respecto a la elección del presidente del Consejo General del organismo y la consecuente confrontación entre Juaristi y los legisladores que pidieron su destitución, acusándolo de violaciones a la ley.

 

El 5 de julio, el Consejo General entregó a la Legislatura del estado dos documentos en los que se plasmaban, primero, la iniciativa de ley que planteaba la reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley Electoral; y el segundo, que presentaba “Propuestas de reforma electoral que se someten a consideración de la LVI Legislatura del Estado”, para que ésta determinara su viabilidad y permitiera su presentación como iniciativa de ley.

 

Un mes después, el 3 de agosto, ciudadanos, catedráticos y ex consejeros manifestaron su inconformidad ante tal iniciativa en un comunicado, por considerar que representaba una merma a la autonomía conseguida por el organismo durante 20 años de gestión.

 

En él, los firmantes aseguraban que “en sus aspectos fundamentales (la iniciativa) es una calca de la que presentó el gobernador José Calzada el 9 de septiembre de 2010 (…) la autoridad electoral plantea la mutilación de su propia autonomía y propone un retroceso en aspectos muy sensibles para (la) ciudadanía” (Tribuna de Querétaro, 587).

 

Los consejeros del IEQ aseguraban que la iniciativa de ley que habían presentado no era similar a la planteada por el gobernador Calzada, sino que había sido formulada con base en las propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles diversas.

 

“Las similitudes que puedan encontrarse entre la iniciativa de reforma del IEQ y otras que se han dado a conocer, obedece a que regulan la misma materia y detectan las mismas necesidades de adecuación de la norma actual”, aseguró José Vidal Uribe, presidente del Consejo General.

 

Guillermo Castellanos Guzmán, presidente de la Comisión Electoral de Ciudadanos por la Democracia, desmintió al consejero Uribe Concha, ya que –aseguró– la iniciativa presentada por el IEQ era totalmente contraria a las propuestas de los participantes de los foros que para tal efecto se llevaron a cabo.

 

Por su parte, Hiram Rubio García, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que entre la iniciativa presentada por el IEQ y la enviada por el Poder Ejecutivo en 2010, sólo había “coincidencias”, ya que “ambas reformas estaban basadas en el modelo del Instituto Federal Electoral (IFE).”

 

Sin embargo, la bancada del PAN no estaba conforme con esta propuesta y aseguró que no apoyarían nada que mermara la autonomía del organismo.

 

Adriana Fuentes Cortés, diputada federal de ese partido, aseguró que la iniciativa del IEQ era “la versión corregida y aumentada de la iniciativa de ley autoritaria que envió José Calzada». (Suplemento especial Tribuna de Querétaro, 588).

 

Entre las reformas presentadas que causaron la indignación de los ciudadanos se encontraban: que el presidente del Consejo General del Instituto fuera elegido por los diputados y que su gestión se mantuviera por siete años (los mismo que dura cada Consejo) y no que se eligiera por los propios consejeros cada año.

 

Además, proponía eliminar la prohibición de que el presidente fuera militante de un partido político, hecho que, aseguraban los inconformes, “ablandaba” el control que el IEQ debe ejercer sobre los partidos; a esto se aunaban procesos de fiscalización mínimos y auditorías endebles.

 

Finalmente, dada la presión de ciudadanos y catedráticos, la iniciativa fue desechada por el pleno de la LVI Legislatura del Estado.

 

Elección “pactada en un palacio”

El 30 de septiembre se llevó a cabo la elección de presidente y secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Querétaro en una Sesión Ordinaria. Tras dos rondas de votaciones, el consejero José Vidal Uribe Concha era reelecto presidente mientras que el consejero Magdiel Hernández Tinajero asumió el cargo de secretario ejecutivo.

 

El primer resultado de las votaciones fue: tres votos a favor del consejero José Vidal Uribe, tres a favor del consejero Demetrio Juaristi y una abstención. En una segunda vuelta, Juaristi declinó.

 

Demetrio Juaristi Mendoza afirmó que la reelección de Uribe Concha se había “pactado en un palacio” en alusión a “los intereses de diversas fuerzas políticas” que habían actuado en detrimento de su postulación. Juaristi Mendoza afirmó que no tenía conflictos con ninguno de sus compañeros pese a que algunos de ellos habían apoyado su candidatura.

 

Luego de que en la sesión de pleno en la que se realizaron las elecciones mencionadas, el consejero Demetrio Juaristi Mendoza tuviera un altercado –que casi llega a una confrontación física– con José Luis Aguilera Ortiz, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, quien acusó al consejero de mantener litigios por fuera de su trabajo en el IEQ, lo que contraviene a la ley.

 

Por su parte, el presidente del Consejo General, José Vidal Uribe, declaró que no comprendía a qué se refería su compañero con la frase “pactado desde un palacio”, y negó presiones por parte de los partidos políticos hacia los consejeros electorales.

 

Acerca de las acusaciones hechas por el Movimiento Ciudadano en contra del consejero Juaristi Mendoza, dijo que era un asunto que ambas partes debían aclarar con argumentos.

 

Diputados piden destitución de Juaristi

El 22 de noviembre, dirigentes del PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza (Panal), y Movimiento Ciudadano presentaron formal solicitud a la Legislatura del estado para la “remoción inmediata” del consejero electoral Demetrio Juaristi Mendoza por una “serie de agravios que han sufrido las instituciones políticas de nuestro estado”.

 

A excepción del PAN, que no participó en esta solicitud, los cinco partidos mencionaron que la misma no se trataba de “un documento que se presente a capricho de Movimiento Ciudadano, sino que en su elaboración participamos todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos que estamos debidamente autorizados ante el IEQ”.

 

El consejero afectado, Demetrio Juaristi Mendoza, señaló que el móvil de las acusaciones era eminentemente económico.

 

“Todo se inicia a partir de que quise cambiar la forma en que se estaba fiscalizando a los partidos políticos. Es un asunto económico: como yo estoy solicitando que se haga auditorías a los ingresos de los partidos políticos, que se haga una verificación del origen, monto y destino de los recursos, eso es lo que ha causado esta situación”, manifestó (Tribuna de Querétaro, 602).

 

El miércoles 7 de diciembre, Juaristi Mendoza se presentó a “comparecer” ante la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura, por la posible destitución en su cargo.

 

Ahí, dio a conocer que –a través de sus abogados, César David Tarello Leal y Benjamín Castro Olvera– había interpuesto un juicio de protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral, de orden federal.

 

Además, rechazó que haya violentado el artículo 64 de la Ley Electoral, que indica que un consejero electoral en funciones no puede tener ningún otro empleo, cargo o comisión.

 

Los abogados de Juaristi Mendoza aseguraron que no existe en Querétaro un marco legal que permitiera la continuación de las acusaciones, y que los miembros de la Junta de Concertación Política se negaron a facilitar la consulta física del expediente en contra del consejero acusado.

 

Fue la misma Junta quien, más tarde, mediante un boletín de prensa, señaló que “el motivo para llevar a cabo esta audiencia fue el de darle voz y escuchar sus argumentos de defensa ante la denuncia que enfrenta (Demetrio Juaristi) por presuntas violaciones a la Ley Electoral del estado, la cual no fue interpuesta por el m Poder Legislativo, sino por los representantes de los partidos políticos al interior del IEQ” (Tribuna de Querétaro, 604)

 

Hasta el momento, el proceso en contra del consejero Demetrio Juaristi Mendoza sigue en curso, por lo cual éste aún ostenta su cargo y funciones.

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