3de3: inexistentes, opacas o desactualizadas

Como si hubieran olvidado un compromiso con la transparencia, aspirantes a cargos de elección popular no han presentado sus declaraciones patrimoniales, fiscales o de intereses a la ciudadanía, mismas que se les conoce como 3de3. En el caso de la gubernatura, de 10 candidaturas registradas, únicamente cuatro personas tienen declaraciones patrimoniales, sin embargo, no se han actualizado desde el año pasado.

Cabe mencionar que Transparencia Mexicana (TM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), agrupaciones que gestionaron en 2015 la plataforma 3de3.mx (donde se alojaban las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de quienes contendían por cargos de elección popular) dejaron de lado la iniciativa, con miras a que los estados generaran sus propias vías para recibir tales declaraciones.

Hasta la fecha, TM anunció que 12 estados del país seguían sin habilitar las plataformas para que los candidatos publicaran sus declaraciones 3de3; entre ellos Querétaro. De acuerdo con Eduardo Bojórquez, director ejecutivo de tal agrupación, tal entidad se ha quedado rezagada en materia de transparencia y rendición de cuentas al no incluir dentro de sus marcos normativos la obligatoriedad para que distintos candidatos publiquen sus respectivas declaraciones 3de3.

Por el momento, Mauricio Kuri González ha sido el único que presentó una declaración ante la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (Fecapeq), sin embargo tiene tachados datos que impiden corroborar en el Registro Público de la Propiedad sus dichos. Las claves catastrales que sí aparecen no arrojan coincidencias en el referido sistema.

Tribuna de Querétaro rastreó algunas declaraciones previas de aspirantes a la gubernatura, quienes han sido funcionarios públicos en otros poderes no niveles de gobierno, como Celia Maya García, candidata de Morena. Durante el año pasado se desempeñó como subsecretaria general jurídica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); declaró ingresos netos anuales de 3 millones 23 mil 162 pesos; es decir, aproximadamente 251 mil pesos al mes.

El 31.14% de sus ingresos (941 mil 500 pesos) fueron por su cargo en la Conagua, mientras que el resto (2 millones 81 mil 662 pesos) fueron por su pensión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ahorro de Afore por jubilación, fondeo de ahorro de Infonavit, pensión del IMSS y arrendamiento de inmuebles.

Si bien declara no tener bienes muebles y vehículos, sí manifiesta que es propietaria de cuatro inmuebles (tres casas y un terreno) con un total de superficie de mil 204 metros cuadrados. El último inmueble, que corresponde al terreno, lo adquirió el 11 de marzo de 2020, durante su labor en la Conagua, mientras que su última casa la compró el 10 de noviembre de 2017, cuando se encontraba en el TSJ.

Excedentes con Abigail Arredondo

Abigail Arredondo Ramos, abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declara en su última situación patrimonial una remuneración anual neta de 956 mil 908 pesos, así como afirma tener otros ingresos, bienes muebles e inmuebles, gravámenes y/o adeudos, inversiones o cuentas bancarias y vehículos (igualmente sin especificar).

Si se toma en cuenta que su ingreso mensual neto como legisladora (cargo al que solicitó licencia) es de 56 mil 257 pesos con 66 centavos, según el portal de transparencia de la Legislatura del Estado, la priista tiene ingresos anuales extra de 281 mil 816 pesos, es decir, aproximadamente 23 mil 484 pesos adicionales por mes a su sueldo que goza como diputada.

Respecto a Beatriz Magdalena León Sotelo, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) y quien también fue presidenta municipal de Pedro Escobedo por el PRI de 2015 a 2018, su última declaración patrimonial pública es fechada al 31 de diciembre de 2018; se detalla una remuneración mensual de 80 mil 613 pesos y con posesión bienes inmuebles y muebles como menaje de casa y vehículos (sin que se especifiquen detalles).

Los que no tienen declaraciones

En el caso de Miguel Nava Alvarado, abanderado de Redes Sociales Progresistas (RSP) y quien también fungió como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro de 2012 a 2017, no aparece ningún documento de declaración patrimonial en los registros de la sección de transparencia de tal institución.

Lo mismo ocurre para Katia Reséndiz Jaime, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien pese a que ocupó un cargo directivo en la administración municipal de El Marqués 2015-2018 encabezada por el priista Mario Calzada Mercado, tampoco se tiene registro de declaración patrimonial a su título en la base de datos de tal municipio.

De igual forma, pese a que la postulada por el Partido del Trabajo (PT), Penélope Ramírez Manríquez, fue suplente de la exdiputada local de la LVIII Legislatura por el PRI, María Isabel Aguilar Morales, tampoco se presentan registros de declaraciones patrimoniales a su nombre entre los datos que proporciona la Legislatura local.

Para el caso de María de Jesús Ibarra Silva, candidata por el Partido Encuentro Solidario (PES) y quien también fue directora general del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) durante las gestiones de los alcaldes capitalinos panistas Marcos Aguilar Vega y Luis Bernardo Nava Guerrero, sí presenta declaración, pero únicamente de datos curriculares. Su última, del 28 de mayo de 2019, hace constancia que la candidata del PES no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales ni sus posibles conflictos de interés.

Solamente Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, de Fuerza por México (FxM), han declarado que no han fungido como servidores públicos, por lo que no existen declaraciones patrimoniales de tales personajes que hasta antes de este año se dedicaban a actividades empresariales.