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Comisión ‘arrastra’ pérdida de credibilidad y pasividad en su actuar

Por Carlo Daniel Aguilar González / Luz Marina Moreno

De 2006 a la fecha los derechos humanos se han vulnerado frecuentemente en Querétaro: al menos en cuatro ocasiones instancias policiacas como la PGJ o la Guardia Municipal han sido señaladas ante la CEDH por extralimitarse de sus funciones (tortura), se criminaliza el aborto desde 2009 y la credibilidad de la Comisión ha sido puesta en entredicho.

Esto se ha ‘conjuntado’ con el silencio y los deslices en que ha caído el presidente de la Comisión, Adolfo Ortega Osorio, quien, entre otras acciones, no se pronunció públicamente por los derechos de las mujeres cuando la LV Legislatura aprobó la reforma al artículo 2 constitucional, que protege la vida desde la concepción.

En 2007 trajo al conductor de televisión Yordi Rosado para dar una plática sobre el programa “Antro Consentido” ante jóvenes de la entidad, conferencia en la que no se mencionó el tema de los derechos humanos.

Además, fue gracias al trabajo de Amnistía Internacional que después de tres años de estar presas acusadas de un delito que no cometieron, las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio pudieron salir del penal de San José el Alto. Respecto a este caso, la labor de Ortega Osorio dejó que desear.

A esto habría que añadir que en ocasiones las recomendaciones emitidas por la Comisión no dejan satisfechos ni a los ciudadanos ni a las organizaciones sociales.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en 2007, cuando Adolfo Ortega Osorio ya era presidente de la CEDH. Al emitir una recomendación dirigida a la PGJ por la muerte de Genaro Arres Rascón (quien falleció en instalaciones de la PIM en 2006), en ningún párrafo de las 17 cuartillas se mencionó la palabra ‘tortura’, cuando el anterior ombudsman, Pablo Enrique Vargas Gómez, ya había determinado que sí hubo tortura.

Previo a esto, a finales de 2006, según estadísticas oficiales de la Comisión, durante todo ese año se habían establecido 131 quejas contra la Procuraduría y tres específicamente contra el entonces titular, Juan Martín Granados Torres.

Tribuna de Querétaro publicó en el 2006 los actos de violencia que elementos de la Guardia Municipal efectuaron en contra de unos manifestantes de diversas asociaciones civiles en Plaza Constitución.

Los civiles fueron detenidos ilegalmente y afectados con prácticas de tortura. Algunas de las víctimas de agresiones fueron Antonio Flores González, Genaro García Guzmán, Agustín Vilchis, entre otros, a través de sus representantes declararon que para poder salir en libertad de la prisión tuvieron que pagar una multa.

De acuerdo con la CEDH, con base en lo sucedido, la Guardia Municipal actuó con lo especulado en la norma al momento de detener a los civiles y lo único que cuestionó la Comisión fue la participación irregular de inspectores municipales en la detención de miembros de organizaciones civiles.

Como consecuencia de esto, los ciudadanos acusaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ser cómplice de impunidad de la Guardia Municipal.

Las quejas interpuestas ante la CEDH han disminuido

En el 2007 se informó que las quejas establecidas ante la CEDH disminuyeron al cien por ciento en comparación con años anteriores: en el 2004 se registraron 30 denuncias de tortura que acusaban a miembros de corporaciones policiales, en 2005 la cifra se incrementó a 40 quejas y en el 2006: disminuyeron a 22.

En su momento Bernardo Romero Vázquez, presidente de la CEDH durante el periodo 2000-2003, aseguró que la reducción en quejas ante la Comisión estaba relacionada con la falta de confianza que la sociedad tenía hacia el organismo.

A partir de su gestión y hasta el término del sexenio de Francisco Garrido Patrón (septiembre de 2009), Adolfo Ortega Osorio aparecía con frecuencia en eventos públicos al lado del entonces mandatario estatal, lo mismo para firma de convenios, acuerdos en materia de seguridad o eventos de índole cultural.

Por ejemplo, en 2007 el gobernador Francisco Garrido Patrón, el titular de la PGJ, Juan Martín Granados Torres, y Adolfo Ortega Osorio, presidente de la CEDH, pusieron en marcha en la entidad el Protocolo de Estambul, manual que cuenta con directrices internacionales que evalúan e investigan a víctimas de tortura.

Pero a finales de 2009, con la llegada de José Calzada Rovirosa al Poder Ejecutivo, esta situación cambió. No se registran actos públicos que hayan sido encabezados conjuntamente por ambos personajes (Calzada Rovirosa y Ortega Osorio).

Además, desde 2010 han aumentado las peticiones que solicitan la remoción de Adolfo Ortega al frente de la Comisión. También se incrementó la cobertura en los diarios locales de las voces que pedían la salida de Ortega Osorio, sobre todo a partir del regreso del PRI al poder en la entidad (Tribuna de Querétaro, 604, 14 de diciembre de 2011).

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