Conacyt: Eliminación de fideicomisos, una decisión necesaria
“La mediocridad en la producción científica del país, es directamente proporcional a la burocracia y la manipulación de la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en 2002…”, afirmó Alina del Carmen Nettel Barrera, coordinadora de la maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Aunque para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ahora renombrado, eran necesarios algunos de los cambios que trae consigo el decreto recién publicado, hay algunas inconsistencias que también requieren señalarse, indicó la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación publicada el 5 de mayo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, hace referencia a que le corresponde al Consejo Nacional y la Secretaría de Educación Pública “procurar que la canalización de recursos que se realice de forma directa a los beneficiarios, sin intermediación de instituciones u organizaciones de ningún tipo”, esto en su artículo 41 de la segunda sección del capítulo II.
Alina Nettel Barrera mencionó que convenía eliminar los fideicomisos porque implicaban la intervención de un tercero —que era un ente financiero— al que se le entregaba el dinero y le correspondía administrarlo, mecanismo que reducía el aparato estatal con intención de eficientar el uso de los recursos.
La misma María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, expuso el 3 de mayo que entre el sexenio de Vicente Fox Quesada y el de Enrique Peña Nieto, fueron 45 mil 643 millones de pesos los que se destinaron mediante fideicomisos; pero al hacer la revisión, hubo varios proyectos manejados por empresas privadas que no se apegaban a la mejora del saber científico y tecnológico.
“Es incorrecto pensar que su eliminación (de los fideicomisos) es un atentado contra la educación y la producción científica, pues eso solo era un mecanismo de operación jurídica”.
Asimismo, señala que habría que preguntarse si el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), será capaz de administrar directamente todos esos fondos porque parece necesario duplicar al personal para lograr cubrir las funciones que se requerirán; pero aun así no aseguraría totalmente que no resulten futuros casos de corrupción.
El capítulo IV de la ley del ahora Conahcyt se denomina «De la Agenda Nacional y la planeación estratégica y participativa», ahí se específica que la agenda nacional de la institución servirá para planear las políticas públicas entre los distintos órdenes de gobierno. También se despliega la sección primera correspondiente a «Del Programa Especial en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación» y la sección segunda «De los Programas de las Entidades Federativas».
Alina Barrera hace mención de que el concepto de agenda es una forma distinta de los programas de operación, así que desde la jerarquía que establece la ley de planeación, deberían estar establecidos: plan, programas y por último agenda.
Por tanto, indica la también doctora en Derecho, que:
«los legisladores tienen un trabajo pendiente para corregir el error y ser específicos, para así someter la agenda nacional al programa sectorial o especial que se emita para ciencia y tecnología, porque si tuviera disposiciones de naturaleza reglamentaria sería malo».
Respecto a la controversia que ha habido entre académicos y especialistas en cuanto a la referencia tanto al consejo consultivo como nacional que se menciona a lo largo de la ley de Conahcyt, Nettel Barrera menciona que la cuestión tiene que ver con que en el decreto se prevén algunos aspectos que deberían estar en la ley orgánica porque tiene que ver con los órganos de administración.
«La mediocridad en la producción científica del país es directamente proporcional a la burocracia y a la manipulación de la ley de 2002, esa ley ha dado lugar a la simulación sobre los órganos de representación de los supuestamente mejores científicos del país que eran un lobby del poder», señala la investigadora.
El año pasado en el mes de mayo se hizo la última reforma a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero su expedición también fue durante la administración de Vicente Fox, así que la académica precisa que las leyes generales sientan las bases para que todo se haga homogéneo en el país, pero falta esperar como estarán constituidos los reglamentos que pormenorizan el decreto, que tiene que ver con la ley en los estados y la ley orgánica, concluye Alina Nettel Barrera.
