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Contradictorio que exdelegada de la PGR trabaje en Derechos Humanos

Presidente de la Defensoría debe aclarar los criterios para designar a Norma Patricia Valdés como coordinadora de atención a la víctima, señaló Juan Adolfo Arellano, del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano

 

Por: Alejandra L. Beltrán

 

El hecho de que Norma Patricia Valdés Argüelles, exdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR), labore como coordinadora de atención a la víctima en la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro (Tribuna de Querétaro 705) inhibe el acercamiento de los ciudadanos a este organismo, pues genera desconfianza, consideró Juan Adolfo Arellano Hernández, uno de los dos encargados del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano.

 

“Hace dos años estabas tú al frente de la Procuraduría y ahora estás aquí. ¿Con qué confianza me acerco a decirte que acabo de sufrir una violación de derechos humanos?”, cuestionó Arellano Hernández a quienes ocupan hoy cargos en la DDHQ tras haber fungido como funcionarios públicos en instituciones policiacas.

 

Valdés Argüelles fue delegada de la PGR en el estado cuando estuvieron en prisión las mujeres indígenas Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, acusadas de secuestrar, presuntamente, a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano apoyó en Querétaro la defensa a nivel nacional que el Centro Miguel Agustín Pro realizó a favor de las mujeres indígenas encarceladas por haber, supuestamente, secuestrado a seis agentes de la extinta AFI. Arellano Hernández subraya que en ese caso hubo “una gran insensibilidad por parte de las instituciones de justicia”, incluida la PGR.

 

El activista señaló la importancia de que Miguel Nava Alvarado, presidente de la DDHQ, explique las razones del nombramiento de Valdés Argüelles, ya que ambos “tienen un pasado en común” al haber sido delegados de la PGR. Exigió, por tanto, se dé a conocer la política mediante la cual se hace la designación de puestos en la DDHQ.

 

Manifestó que la hoy coordinadora de atención a la víctima en la DDHQ es “totalmente” capaz en materia jurídica para desempeñarse en el cargo que hoy ocupa. Sin embargo, advirtió que poseer los conocimientos técnicos sobre derechos humanos no desaparece su pasado como delegada de la PGR.

 

“No cuestionamos lo técnico ni sus capacidades, esas las debe tener. Ella lo dice: ¿quién más que alguien que estuvo en la Procuraduría conoce los derechos humanos? Sin duda, estoy de acuerdo, pero la cuestión del planteamiento de sensibilidad es lo que nos preocupa.

 

“Esta viene desde el principio, desde la forma en que el presidente de la Defensoría también fue designado. No calza que un exdelegado de la PGR sea ahora presidente de un organismo que se dedica a velar por los derechos humanos”, argumentó.

 

Para Arellano Hernández resulta indispensable que quien trabaje en este tipo de organismos no haya tenido con anterioridad algún cargo público, ya que eso entorpecería su labor al haber intereses de por medio.

 

Destacó también la “contradicción” que implica que quienes trabajaron en instituciones constantemente vigiladas por posibles violaciones a derechos humanos, ahora quieran estar del lado ‘contrario’.

 

Postura de la exdelegada en el caso Jacinta concordaba con su puesto en la Procuraduría

 

Juan Adolfo Arellano señaló que en lo que respecta a Jacinta Francisco, la PGR fue tajante y dio por concluido el caso. Sin embargo, recuerda que para Teresa González y Alberta Alcántara la situación fue distinta, ya que la PGR se mostró muy enfática al insistir en que existían elementos suficientes para acusarlas del secuestro.

 

“Ellos insistían en la consideración de que, tanto una, como otra, habían sido detenidas in fraganti. Incluso a una de ellas la acusaban de la venta de droga, misma evidencia que desapareció. Era tan pequeña la evidencia que ellos encontraron, que al momento de analizarse, ya no existió. No hubo manera de fincar responsabilidades en ese sentido, pero la insistencia era de que sí eran personas con un alto grado de peligrosidad”, asegura el activista.

 

Sobre la postura de la entonces delegada de la PGR, Norma Patricia Valdés Argüelles, Arellano Hernández afirmó que ésta correspondía con el puesto que ocupaba.

«Recordemos esa época, hace un sexenio, la época más fuerte de los golpes en contra del narcotráfico…ya venía una represión sistemática hacia la cuestión de derechos humanos”.

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