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Crece polémica sobre posible destitución de Juaristi

Por Carlo Daniel Aguilar González

El Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) cierra el 2011 como inició: envuelto en la polémica y con procesos jurídicos que se desahogarán en el Tribunal Electoral a nivel federal.

Si al comienzo del año estaba pendiente el veredicto respecto a la forma en que fueron nombrados los siete consejeros electorales en noviembre de 2010, ahora el consejero Demetrio Juaristi Mendoza interpuso, vía sus abogados César David Tarello Leal y Benjamín Castro Olvera, un juicio de protección de los derechos político electorales ante la posible remoción de su puesto por la petición que hicieron representantes de cinco partidos políticos.

El miércoles 7 de diciembre, Juaristi Mendoza se presentó a “comparecer” ante la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura, por la posible destitución en su cargo. Previo a su reunión con los diputados, rechazó que haya violentado el artículo 64 de la Ley Electoral y anunció que recurrió al Tribunal Electoral para proteger sus derechos político electorales.

Posteriormente, después de la reunión que sostuvo con los integrantes de las seis bancadas (PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano), abandonó el recinto legislativo al acusar “falta de garantías” en el proceso que fue iniciado en su contra.

Antes de salir de la sede legislativa ubicada en la calle 5 de mayo, el consejero electoral y sus abogados denunciaron que no existe un marco jurídico en Querétaro que establezca el procedimiento que se debe seguir, además de que tampoco se les ha permitido conocer el expediente del caso.

“El oficio donde nos citan sólo dice ‘venga a una audiencia para que manifiesta a lo que a su derecho convenga y se desahoguen pruebas’. Nunca nos dieron oportunidad ni de conocer cuál es la razón por la que se comenzó, ni de ofrecer pruebas. No sabemos cómo va a estar”, expresó el abogado Benjamín Castro Olvera a los reporteros, mientras Demetrio Juaristi estaba “compareciendo” ante los integrantes de la Junta de Concertación.

–¿En el procedimiento tampoco indica si debe ser con toda la Junta (…)? –“No hay procedimiento”, señaló Benjamín Castro. “Se lo sacan de una chistera. Se lo inventan”, agregó Tarello Leal. “Es lo que se llama una ley privativa: están inventándose una ley para juzgar al consejero. Como si fuera un circo romano: se avienta al inocente a las bestias, a los leones, y bueno pues a ver qué pasa. La única regla es defiéndete como puedas”, sentenció Castro Olvera.

Escuchamos los argumentos del consejero, señalaron integrantes de la Junta

Entrevistado por Tribuna de Querétaro al terminar una sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que se realizó simultáneamente a la reunión de los integrantes de la Junta de Concertación, Abel Espinoza Suárez, presidente de la Mesa Directiva y representante de Nueva Alianza en la Junta, manifestó que en ese momento se estaba “trabajando” en el ordenamiento jurídico base para la posible remoción del consejero electoral.

–En el caso del consejero Demetrio Juaristi, del cual se pide su remoción y que estuvo por aquí hace rato, ¿bajo qué ordenamiento jurídico se está pidiendo su remoción?

–Eh, sobre un argumento, orden jurídico (titubea) que está tratándose en la misma Mesa, digo, en la Junta de Concertación Política, y en ese estamos todavía trabajando.

–¿Pero qué ley sería, básicamente?

–Es (pausa), es un procedimiento de la propia Junta de Concertación Política.

–Diputado, ¿por qué no se concretó la comparecencia?

–(Regresa al lugar donde estaban reunidos los integrantes de la Junta de Concertación).

Tres horas después, la Junta de Concertación Política de la LVI Legislatura señaló, vía boletín de prensa, que “el motivo para llevar a cabo esta audiencia, fue el de darle voz y escuchar sus argumentos de defensa ante la denuncia que enfrenta (Demetrio Juaristi) por presuntas violaciones a la Ley Electoral del estado, la cual, aclararon, no fue interpuesta por el Poder Legislativo, sino por los representantes de los partidos políticos al interior del IEQ”.

En el documento enviado a los medios de comunicación, se denominó “diligencia” y “audiencia” a la reunión del miércoles 7 de diciembre entre Juaristi Mendoza y los diputados, además de asegurar que “se levantó constancia de lo ocurrido en el expediente”.

Hubo conato de bronca al término de la “audiencia”

Durante el tiempo que Demetrio Juaristi y sus abogados estuvieron en el recinto legislativo, hubo un momento en que se pasó de la inconformidad a los reclamos y a la posibilidad de golpes entre un trabajador de la Legislatura y el abogado Benjamín Castro.

Cuando el consejero electoral salió del lugar donde estaba conversando con los diputados, quejándose de que no se le permitió entrar con sus abogados ni grabar la “audiencia” (con la ayuda de los reporteros), su abogado tocó la puerta fuertemente –tres ocasiones– donde estaban reunidos los seis diputados, diciendo que quería conocer el expediente del caso.

Hiram Rubio García, presidente de la Junta de Concertación Política y coordinador de la bancada del PRI, salió a responder el llamado, a solicitarle que respetara las formas y a pedirles a trabajadores que se encontraban en el lugar, que tranquilizaran a Benjamín Castro.

“¡No me toque, no me toque!”, gritó el abogado, lo que provocó que la prensa regresara al sitio y volviera a entrevistar a Castro Olvera.

“Solo hemos solicitado la consulta física, enfrente de ustedes, del expediente que dicen que están tramitando en este momento. Ni siquiera han permitido el acceso de ustedes ni de abogados defensores, y hay una prepotencia de ordenar a su guardia pretoriana, aquí enfrente, agredir a los abogados del justiciable que pretenden separar de un cargo”, arguyó.

Por su parte, la Junta de Concertación Política, a través de comunicado de prensa, manifestó que “en ningún momento se les faltó al respeto a los abogados, quienes eran ajenos a la diligencia que se iba a sostener con el consejero electoral”.

Además, expresó su desaprobación ante “la actitud violenta y las faltas de respeto en las que incurrieron quienes acompañaban al consejero electoral, los abogados Benjamín Castro Olvera y César David Tarello Leal”.

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