DDHQ: Valorar si aspirantes han respetado derechos humanos, piden a Legislatura
Al momento de evaluar los perfiles para la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), la Legislatura del Estado debe valorar qué tanto han respetado y aportado a los derechos quienes aspiran a la presidencia, subrayó Gerardo Cantú Sanders, coordinador del Observatorio Estatal Derechos Humanos (OEDH).
En entrevista remarcó que la Legislatura no debe guiarse por un perfil que resulte “cómodo” para sus intereses: “el llamado sería a elegir a la mejor opción posible para que cumpla con las atribuciones de las facultades que están indicadas en la ley y a observar la propia ley”.
El comentario se da en un contexto en el cual tres aspirantes al cargo ocuparon con anterioridad un cargo como titulares de un organismo autónomo. Miguel Nava Alvarado estuvo al frente de la DDHQ, por lo que, técnicamente, buscaría un segundo periodo; Javier Rascado Pérez quiere llegar al organismo después de más de una década de estar al frente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro (Infoqro) y, finalmente, José Vidal Uribe fue presidente del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) hace una década.
En la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro uno de los requisitos de elegibilidad es “tener preferentemente título de Licenciatura en Derecho”, ante lo cual Cantú señaló que “tendríamos que estar preguntándonos si, así como está formulada la ley es pertinente o es discriminatoria” porque implicaría descalificar a varios aspirantes.
El coordinador del OEDH, que tiene sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), destacó que el perfil que debería cubrirse preferentemente para la presidencia en la Defensoría no implica sólo el quehacer jurídico, sino que debe trabajar además en planes de promoción en materia de derechos humanos, de colaboración, difusión o investigación. “La posición de la Defensoría y la de cualquier responsable que esté encabezando, en sí misma, es desafiante”, agregó Gerardo Cantú. Precisó que se debe colaborar por una parte con el Estado y por otra parte con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil; y que al momento de recibir una queja debe estar de por medio hacer una observación crítica, investigar y emitir recomendaciones que identifiquen las causas jurídico-estructurales que favorecen o no favorecen el cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
