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El acoso escolar ¿Problema nuevo u omisión estructural?

Por: Alfonso Reséndiz Núñez

En los últimos meses se han publicado diversas notas sobre el acoso o agresión escolar, comúnmente denominado “bullying”, que se vive tanto en otros estados del país, como en Querétaro. Dichas noticias han logrado captar la atención de los ciudadanos y las autoridades de gobierno; y a últimas fechas, el propio Enrique Peña Nieto ha querido mostrar su “preocupación sobre el tema”.

¿Es un problema realmente nuevo o estamos en presencia de un síntoma más de la descomposición social en general?

El acoso, desde luego, no es nuevo, no es de los últimos tiempos, ni tampoco es exclusivo de la sociedad mexicana o de los jóvenes. Es una cuestión que se presenta en prácticamente todo ser vivo, fundamentalmente por la ley de la supervivencia. Sin ser psicólogo ni especialista en el tema, y mucho menos abogado que conozca demasiado de leyes, trataré de demostrar que este problema se ha acrecentado recientemente, como resultado del deterioro social y, sobre todo, como reflejo de la apatía social a causa de la falta de cumplimiento en la aplicación de los marcos jurídicos existentes.

A raíz de la muerte de un adolescente, en Tamaulipas, a manos de sus propios compañeros de escuela, caso que conmovió al país entero, se desataron comentarios en diversos ámbitos. El caso de ese joven no es el único ni, por desgracia, un hecho aislado. No es un problema privativo de la escuela pública o de un estrato social particular. En Querétaro, la prensa local ha dado cuenta de al menos dos casos en los que niños se han quitado la vida por no soportar más el acoso de los compañeros de la escuela; pero seguramente si les preguntamos a las autoridades estatales responderán como lo hizo José Calzada en el caso de la muerte del narcotraficante Enrique Plancarte, ocurrida en el municipio de Colón por la intervención de elementos de la Marina: “aquí no hay nada que nos ponga en alerta, en Querétaro no pasa nada” o peor aún, “es asunto de las autoridades federales o de la Diócesis de Querétaro”.

Por otra parte, las declaraciones de Peña Nieto dieron pauta a que en varias instancias públicas y los legisladores, tanto federales, como estatales, reaccionaran casi en automático y echaran a andar la imaginación para “crear leyes” al respecto. La pregunta inmediata es: ¿Hacen falta leyes sobre el tema o más bien hace falta que las autoridades no sean omisas en aplicar las existentes?

Cuando hablo de omisiones me refiero a toda la escala de autoridad que existe en el país, desde el presidente de la República, el procurador de justicia, los ministerios públicos, los directores de las escuelas, los padres de familia, los supervisores escolares, los gobernadores de los estados, los procuradores de justicia estatal, así como de la propia sociedad que debe denunciar los diversos casos que a diario suceden. En esa gran lista, desde luego, aparecen los propios secretarios de educación, tanto federal, como estatales, cuya obligación es vigilar que se cumplan los preceptos que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las propias leyes de educación de sus entidades federativas.

El Artículo 3º Constitucional señala, en su fracción segunda, que la educación deberá buscar la convivencia armónica entre todos los educandos, y fomentar el desarrollo de todas las facultades. Ese señalamiento constitucional tiene su operatividad en la Ley General de Educación y en otras disposiciones que de ahí se derivan, en los planes y programas educativos, hasta llegar a los reglamentos escolares.

Actualmente, tanto la Ley General de Educación, como la Ley de Educación del Estado de Querétaro, tienen contemplado en su contenido las responsabilidades conferidas al Estado respecto a la seguridad de los educandos. Particularmente para los niños y adolescentes encontramos el Artículo 7, fracción XVI, que habla de la prevención de ilícitos; el 42, que previene a tomar medidas para garantizar la protección de todos los educandos. Esas medidas generales van encontrando su paralelismo en las leyes estatales; así, en el caso de Querétaro, en la Ley de Educación para el Estado, en el Artículo 36 se habla de las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a la dignidad, así como la aplicación de la disciplina escolar y desarrollar programas que permitan la prevención, detección y atención de fenómenos de violencia física o emocional.

Pero quien tiene que vigilar que todo ello se cumpla y se lleven a cabo los diferentes programas y acciones es, en primer lugar, la autoridad educativa y los responsables de las acciones educativas: secretarios de educación, directores de escuela, supervisores, maestros, etcétera; además, con la intervención de los padres de familia y la sociedad en su conjunto.

La educación tiene que estar orientada para el logro de los objetivos que están planteados tanto en la Constitución General de la República, en las constituciones locales, en la Ley General de Educación y en las leyes estatales; ello debe estar recogido en los planes y programas educativos, las medidas disciplinares para los miembros del sistema en los reglamentos respectivos. Si ello está fallando, no puede ser con la emisión de más leyes como lo vamos a corregir.

Veamos qué sucede al interior del sistema educativo. En el caso de Querétaro, el Reglamento Interior de la Unidad de Servicios de Educación Básica para el Estado de Querétaro, Capítulo 10, artículo 18, fracción VII, establece que el director jurídico coadyuva con el Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas y vigila el cumplimiento de todo el marco jurídico aplicable. Existe una ley para la impartición de justicia en el caso de niños y adolescentes, en donde se contempla no sólo el procedimiento sino las tipificaciones de las conductas.

Si no fuera suficiente con estas leyes ¿dónde queda la aplicación del Código Civil federal o el estatal; del Código Penal Federal o el Penal para el estado de Querétaro, la Ley para la Impartición de Justicia para adolescentes, la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Querétaro; entre muchas otras leyes y disposiciones existentes para regular la conducta de los habitantes del país? Estas normatividades no sólo desacreditan completamente las declaraciones de los servidores públicos respecto a la falta de medios para aplicar sanciones a los casos señalados, también ponen en tela de juicio el ejercicio de sus responsabilidades como servidores públicos.

La falta de acciones para sancionar efectivamente y conforme a las leyes antes mencionadas (entre tantas otras que tienen aplicabilidad) se puede reducir a una inexistente actitud de apego a la ley por parte de los responsables. La creación de nuevas leyes para cubrir un “vacío legal”, cuando realmente está cubierto por otras normatividades, es una acción de cinismo o de ineptitud por parte de los servidores públicos de todos los niveles, y un exceso de protagonismo de los legisladores y funcionarios.

Maestros y directores de escuela:

¿Ustedes no enseñan cómo está el marco jurídico del país? ¿No conocen la existencia de diversas leyes que se pueden aplicar desde el ámbito del salón de clases o fuera de la escuela? ¿En dónde están los reglamentos escolares que sancionan las actitudes de indisciplina de los alumnos?

Autoridades educativas del estado y del país:

¿Desconocen la existencia de los códigos civiles o penales? ¿Ignoran que existe una ley para la impartición de justicia para los adolescentes en Querétaro y que tal vez en otras entidades federativas existan sus correspondientes? ¿Qué se está haciendo para evaluar los grandes objetivos de la educación del país, o sólo están preocupados por medir el nivel de información que adquieren alumnos y docentes?

Servidores públicos de los jurídicos de las instancias educativas:

¿Qué tan corresponsables son ustedes en la vigilancia y aplicación de las leyes para regular las conductas de todos los miembros del sistema educativo estatal o nacional?

Señores procuradores de justicia estatal o nacional:

¿Desconocen la existencia de delitos que deben perseguirse de oficio sin que medie denuncia previa? ¿Cuántos de los casos de los que nos hemos enterado por la prensa son constitutivos de delito y cuántos de ellos se están investigando?

Señores gobernadores de las distintas entidades federativas:

¿Acaso en su toma de protesta no ofrecieron cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República y la de su estado, así como las leyes que de ellas emanen? ¿Por qué hacer caso omiso de los diferentes problemas que a diario se suscitan en sus entidades, o querer cerrar los ojos ante la realidad? ¿Se tendrá que recurrir a la formación de grupos de autodefensa de los escolares?

Señores legisladores:

¿Desconocen las atribuciones del Congreso, que los faculta para supervisar la actuación de los diversos servidores públicos y llamarlos a cuentas?, ¿No sería mejor que, antes de pensar en “inventar” nuevas leyes que sólo complicarían más el ya de por sí enredado sistema jurídico nacional, se pongan a estudiar las existentes y tratar de que se apliquen a cabalidad?

Señor Enrique Peña Nieto:

Más allá de sus declaraciones y de su supuesta preocupación por el orden y la justicia en el país ¿Qué está haciendo para que los diversos funcionarios cumplan con su deber? ¿Qué está haciendo usted mismo para que se cumpla la ley? ¿Qué tanto puede hacer usted para ese cumplimiento si para llegar al poder tuvo que violar la ley?

Tenemos que hacer algo, de manera urgente, antes de que el país se nos derrumbe a pedazos por completo.

Invito a todos los involucrados y a la sociedad en general a que cumplan con su deber cívico, hacer lo que deben hacer, que cada quien vaya haciendo su tarea y denunciar cada caso que nos vayamos topando. Sólo una sociedad participativa podrá resolver sus problemas.

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