Información

El estado, débil en normas de acceso a la información

Según Fernández García, faltan mecanismos que obliguen a la autoridad a entregar información

Por: David Eduardo Martínez Pérez / Cecilia Conde

De acuerdo con Luis Alberto Fernández García, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un ejemplo que muestra que Querétaro tiene debilidades en el ejercicio y marco normativo del acceso a la información (Tribuna de Querétaro 702 y 704) ocurrió cuando la administración de José Calzada Rovirosa respondió que RedQ “no existe” y ni el gobierno ni el “órgano regulador” sancionaron al funcionario que formuló dicha respuesta.

“Es muy fácil decir ‘esa información no existe’, como le contestaron a Tribuna (respecto a) RedQ. Obviamente, ahí debieron haber castigado al funcionario que contestó eso. Así como el Ministerio Público tiene que ayudar al que formula su denuncia, porque si a mí me ofende alguien o comete un delito contra mí, yo -que soy la víctima- no soy especialista en Derecho Penal (…). En este caso, el ciudadano no tiene que ser especialista (en materia de acceso a la información).

“Si el gobierno nunca archivó nada bajo el nombre RedQ -a lo mejor es cierto, no lo sé- pero se sobreentiende lo que estás pidiendo y la autoridad no le ayuda, nada más dice ‘no hay nada de RedQ’, esa es una falta de respeto al ciudadano”, denunció.

Para el académico, una de las principales deficiencias que presenta el acceso a la información en Querétaro está en que las solicitudes son entregadas de manera ‘muy discrecional’, por lo que se dan casos como el anteriormente mencionado.

“Es muy discrecional que las autoridades no entreguen información con claridad o la declaren reservada. Luego, el órgano regulador, en su práctica, en muchas ocasiones no obliga a los sujetos obligados, no siempre con razones de peso”.

En este sentido, sostuvo que un caso similar fue la licitación que se le entregó a la empresa ICA para la construcción del llamado ‘Acueducto II’.

“Me sorprende que una licitación se pudiera declarar a reserva: ni que hubiera un secreto industrial ahí”.

Del mismo modo, recordó que en ocasiones la ley ha buscado expresamente anular toda facultad de la Comisión Estatal de Información Gubernamental. Por ejemplo, cuando pretendieron fusionarla con la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que -desde su perspectiva- anuló las facultades del Consejo y aumentó el riesgo de la discrecionalidad.

“Quisieron desaparecer la Comisión de Acceso a la Información, que la subsumiera la de Derechos Humanos; bueno, no quisieron, lo hicieron, sólo retrocedieron por una sentencia de la (Suprema) Corte, por una acción de inconstitucionalidad del procurador de la República. Entonces se vieron obligados a retroceder y, como desquite, digámoslo así, desaparecieron el Consejo, le quitaron facultades.

“Quedó presidente nombrado, no rotativo, como estaba antes; y entonces, claro, las facultades del presidente son mayores a las que tenía antes. Así, queda a discreción del presidente declarar una información como reservada o forzar al sujeto obligado a proporcionarla. Esa es una deficiencia muy importante.

“No hay un órgano colegiado que decida esas cuestiones, los consejeros quedaron como honorarios, corrieron a los que estaban y dejaron unos a los que no les pagan; no sé si les deban pagar, bueno, supongo que sí les han de pagar, si esa va a ser su única función; pero, como todos observamos, lo único que aparece es el presidente, y antes no, antes aparecía un Consejo que se notaba en la presidencia”.

Por estas razones, el académico se mostró crítico ante el hecho de que la CEIG pierda horizontalidad y que se intente mantener a la población y a organismos civiles al margen de la evaluación en materia de transparencia.

“Una vez que leí una declaración de la CEIG, que decía ‘los únicos que podemos evaluar si son trasparentes los órganos u organismos públicos somos nosotros, los de la CEIG’. A ver, espérate: todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer eso”.

Fernández también señaló que la desaparición del cuerpo colegiado hizo mucho más discrecional el nombramiento de funcionarios en la Comisión, lo que perjudicaría a la transparencia. Del mismo modo, advirtió que los castigos a la autoridad que no entrega información o lo hace mal deberían ser mayores, para sentar precedentes.

Finalmente, criticó a quienes niegan a la ciudadanía el derecho a evaluar las resoluciones de la CEIG y su modo de dar seguimiento a las quejas interpuestas por ciudadanos.

“Falta evaluar al evaluador, pero todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer eso y cada quien con su experiencia. Uno podría decir ¿qué tan objetiva es su experiencia? o ¿qué tan fundada o qué tan rica? Pero, en sí, la experiencia de los ciudadanos es incuestionable”.

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