El Garambullal: Incertidumbre jurídica, campo fértil para la violencia y acusaciones de despojo

La incertidumbre jurídica que existe en El Garambullal, municipio de El Marqués, se ha convertido en un campo fértil para la violencia y el despojo. Un grupo de personas se apropió de varios lotes de terreno que eran habitados por personas desde hace años, contando solo con un «acuerdo de voluntad» por parte de las autoridades para su regularización.

Este enfrentamiento ha terminado en la destrucción del templo local, daños en otros 12 lotes y amenazas a algunos habitantes de la comunidad. Por estos hechos, se ha abierto una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado para que se les dé justicia.

Antonio, un residente de la zona, relató que la problemática en El Garambullal data desde que llegaron a habitar la región en 2012, cuatro años después de que se les asignaran las tierras denominadas como “nacionales”. Cuentan con un plano avalado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y un Acuerdo de Voluntades entre la Secretaría de Gobierno del Estado y el Frente Estatal de Lucha, en los cuales se busca la regularización de los predios.

Desde que se firmó en 2014, el Acuerdo de Voluntades manifiesta que «para su organización resulta fundamental la búsqueda de dar certidumbre jurídica al patrimonio de sus agremiados». Además, se reconoce como «legítima [la] aspiración» de dotar de patrimonio a sus agremiados, por lo que distintos lotes están a nombre de diferentes colonos del asentamiento, para que gocen de su derecho a la vivienda. Sin embargo, el problema del desalojo de los habitantes sigue vigente y ha escalado hasta llegar a actos de violencia.

Sin techo ni derechos

Mario es panadero, esposo y padre de familia. Su casa de madera se encontraba cerca de la iglesia demolida; estaba a nombre de él y una de sus hijas. Esa madera lo acogió el año que estuvo incapacitado y postrado en una cama debido a un accidente, una caída de 14 metros de altura, que le dañó las piernas, una parte de su cadera y su mano izquierda. El pan que él horneaba dejó de deleitar a la comunidad en ese tiempo, y las deudas y gastos acumulados lo hicieron cerrar su panadería. Fue así como, en una casa que su esposa consiguió a través de Infonavit, comenzó su nueva panadería, con solamente una batidora y un horno casero. Debido a la necesidad de trabajar arduamente para ganarse el pan de cada día, pasaba mucho tiempo en su casa laboral y se ausentó de su casa de madera. Mario nunca abandonó su vivienda ni desapareció de la zona, él solo quería salir adelante. Pero un hombre, cuyo nombre es Juan Carlos y quien fue designado como ‘jefe de colonos’ de El Garambullal, lo dio por perdido y le demolió su casa junto con la iglesia.

Ni siquiera el mamposteo ni los castillos que él y sus vecinos habían colocado en el área de la iglesia, con motivo de futuras construcciones, resistieron. Sus 11 años de vida en sus pertenencias y vivienda fueron destruidos por el grupo de personas encabezado por Juan Carlos, a quien señalan de venta de lotes. Era ‘mi patrimonio, de mi familia’.

Ahora vive en su casa de Infonavit junto a su familia, pues no sólo se vio desalojado a la fuerza de su domicilio de madera, sino también de sus otros tres terrenos que estaban a nombre de sus hijos.

Así como Mario, Valeria ha sufrido el mismo problema. Ella colaboró en la construcción de la iglesia, de principio a fin, y estuvo presente en la fiesta de aniversario del recinto, el 22 de octubre de 2022: «Nosotros empezamos a hacer faena, a hacer bien la iglesia, dejamos el terreno parejito […] comprábamos nuestro relleno y todo, entre los vecinos», relató. Incluso perdieron el techo de la iglesia, el cual fue donado por algunos vecinos del fraccionamiento El Campanario.

Valeria indicó que aquel territorio religioso ahora es utilizado por Juan Carlos para fines personales, como fiestas o asambleas entre sus allegados, quienes pertenecen a otra religión y amenazan y agreden a los colonos católicos cuando merodean por la zona.

“Es una persona muy abusiva”, se expresó de Juan Carlos y de sus seguidores, incluidas su madre, su hermana, una mujer llamada Dolores. «Es gente que no trabaja y quiere vivir de sacarle provecho a otras personas. Es una persona muy violenta […] Se vale de que la gente no vive ahí. Somos gente muy trabajadora, que tenemos necesidad de estos terrenos».

En vista del despojo, las personas realizan sus misas en otras manzanas (así dividen los vecinos las zonas en El Garanbullal), debido a que no pueden invadir el terreno que originalmente les pertenecía, pues pueden ser sujetos a estas agresiones que van desde los insultos hasta las pedradas y amenazas con armas de fuego. “Tenemos miedo, tememos por nuestra integridad”.

Denuncias en el olvido

Además de Juan Carlos, los inconformes señalan a otros hombres como personas que han atentado contra su integridad: Manuel, otra persona autoproclamada líder del barrio, así como Gilberto, quien presuntamente ha destruido las áreas verdes para la construcción de terrenos, principalmente en la manzana 1. El modus operandi es el mismo: retirar a quienes ya habitan y posteriormente vender los lotes.

Los tres hombres están denunciados por ‘daños a la iglesia, despojo de posesión y robos’, según Antonio. Sin embargo, la justicia no se ha paseado por la comunidad. “Se han puesto denuncias ante las autoridades, pero no hacen caso”. De ahí la necesidad de los colonos de visibilizar la problemática y hacer otro llamado a las autoridades.

Valeria y Mario también sobreviven al incumplimiento de sus derechos humanos y a la búsqueda de la justicia. En conjunto con las víctimas del desalojo y la violencia, tienen esperanza en que la ley se aplique.

“Muchas veces uno denuncia, pero realmente la Fiscalía no les da importancia a las denuncias. Aquí siempre hemos vivido con gente que lucra con las necesidades de las personas, y no vemos que se haga justicia”, detalló Valeria.

Este semanario preguntó a la Secretaría de Gobierno estatal si tenía conocimiento del problema que ocurre en la comunidad o en qué consistían los acuerdos de voluntad firmados en 2014, durante el gobierno de José Calzada Rovirosa, sin embargo no hubo una respuesta a los cuestionamientos.