Ley CONAHCyT: ¿qué se hizo y qué sigue para la UAQ?
Una nueva ley para humanidades, ciencias, tecnología e innovación (HCTI) para México es, no solo necesaria, es urgente. Es por ello que existe hoy tanto interés en la recién aprobada Ley General en HCTI. Uno de los mayores alcances es justamente garantizar el derecho humano a los beneficios de la ciencia, consagrado en nuestra Carta Magna. El texto cita que “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.
Para cumplir con ello es indispensable que la LGHCTI garantice la inclusión, la libertad científica, la participación, la democracia y los recursos financieros, por mencionar algunos. El problema es que, hasta ahora, no es así. La ley publicada en el DOF el 8 de mayo del presente año está lejos de cumplir con los criterios mínimos, si bien pareciera que integra los temas cruciales, el fondo es diferente. Es cierto, se llevaron a cabo decenas de foros desde las primeras versiones de la iniciativa en 2019, pero no se atendieron las observaciones del gremio científico de México. Por el contrario, se han despreciado las propuestas, se ha polarizado y denostado a investigadoras e investigadores y se ha mentido.
Nuestra Universidad ha sido partícipe presentando puntos de vista y propuestas en muchos de los foros y en los últimos pocos parlamentos abiertos que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Además, el 24 de marzo pasado se llevó a cabo un foro en la UAQ, en el que intervinieron legisladoras y legisladores de diferentes partidos políticos y del que se planteó el compromiso de que, una vez que llegara el dictamen a la Cámara de Senadores, se revisaría a conciencia, se recogerían las propuestas pertinentes y se trabajaría de forma bicameral. Nada de eso sucedió, el dictamen salió de la Cámara de Diputados de forma apresurada y después vino el desastroso fin de semana último de abril en el Senado, en donde se aprobó la ley haciendo uso de los artilugios legislativos más bajos. Inmediatamente, el primero de mayo, la UAQ nuevamente abrió el debate a través de un conversatorio en línea en el que participaron investigadoras e investigadores de diferentes instituciones a nivel nacional.
Hoy se valoran en diferentes niveles los recursos legales por parte de gobiernos estatales, para interponer controversias constitucionales; por parte de las bancadas de oposición, las impugnaciones por las irregularidades procedimentales y, finalmente, por agravios, los amparos individuales o institucionales por parte de universidades y centros de investigación. Es cierto, lo mejor habría sido no llegar a este punto, pero lo peor sería no contar con una mejor ley que posibilite el mejor desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro país y que garantice verdaderamente el derecho humano a gozar de sus beneficios.
