De acuerdo con datos de la DDHQ de un total de 21 recomendaciones emitidas a diferentes organismos de gobierno, esto entre 2012 y 2016, únicamente el 19 por ciento ha terminado con alguna sanción hacia el implicado.

En el estado existen antecedentes que indican que las instituciones de justicia no aplican suficientes castigos para personas infractoras

Por:Luis A. Alegría

Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), declaró que  son las autoridades las que “se encargan de tapar, de simular que se hace algo cuando en realidad no se hace”; esto con respecto al tema de impunidad en el estado.

De acuerdo con datos de la DDHQ de un total de 21 recomendaciones emitidas a diferentes organismos de gobierno, esto entre 2012 y 2016, únicamente el 19 por ciento ha terminado con alguna sanción hacia el implicado; dejando así un total de 17 recomendaciones sin resultados.

Entre las instituciones que han sido señaladas como responsables de algún acto que violente los derechos humanos se encuentran: el Gobierno del Estado de Querétaro (GEQ), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaria de Salud, la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Entre tal conteo también se encuentran las presidencias municipales de El Marqués, Tolimán, San Juan del Río, Pedro Escobedo, Corregidora y Jalpan de Serra.

Sobre la administración estatal, a cargo de Francisco Domínguez Servién, señaló que “si hay una parte que me queda clara de su discurso dijo ‘se enterró la corrupción’, yo quiero ver el resultado, pero lo quiero ver como servidor público y lo quieren ver cientos y miles de personas en Querétaro; porque no se percibe como tal.”

Nava Alvarado señaló que han seguido los procesos iniciados por las recomendaciones emitidas, hasta donde lo permitan las capacidades del órgano, y se han dado cuenta “desafortunadamente, que nada mas es para simular, por una sencilla razón, porque no hay sanción; resultan sin sanción”.

El Ombudsman de la DDHQ indicó que, cuando una institución de gobierno o un servidor público es señalado por violentar algún derecho humano, se le pide información sobre el tema; la cual debe es necesaria para realizar la investigación. Estos documentos pueden ser utilizados en un proceso judicial.

Miguel Nava consideró que el gobierno debe apegarse al principio de legalidad, ya que vivimos en un estado de derecho en el cual se deben cumplir las leyes; ya que las mismas leyes contemplan mecanismos que les permiten adecuarse a ciertas situaciones, para que generen una convivencia social civilizada.

“Pero si quienes están encargados de proteger la seguridad de las personas, de procurar justicia, de impartir justicia, de generar condiciones de salud, de vivienda, de alimentación, de una protección al medio ambiente, no lo hacen e incumplen; pues que espera la sociedad que pase, pues un colapso del estado de derecho.”

Finalmente, consideró que “la ley en nuestro país y en nuestras autoridades, en el caso concreto de Querétaro, se aplica a modo, a unos si y a otros no, y casi siempre a los que se le aplica es a los más desprotegidos económicamente”

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