Escolásticas: Una persecución desde el poder

Detrás de las detenciones de Sanfandila y Escolásticas, existe una historia de persecución política, manifestó Mónica Chávez Cañas, hermana de una de las detenidas en días pasados por la Fiscalía General del Estado. En entrevista con este semanario, acusa que a su pariente la quisieron involucrar en las denuncias de despojo de predios.

En las últimas tres semanas, se han llevado a cabo operativos en diversas comunidades de Querétaro, donde se ha detectado un patrón recurrente: la detención de líderes comunitarios acusados de despojo y de utilizar la fuerza para disolver protestas sociales, lo que ha generado acusaciones de violación de los derechos humanos.

Estos casos se han presentado en Sanfandila y Escolásticas, en Pedro Escobedo, así como en San José La Laja, en Tequisquiapan. Elizabeth Chávez Cañas ha sido señalada por la Fiscalía de Querétaro como presunta involucrada en los dos primeros casos.

Mónica Chávez, también abogada y observadora internacional de los derechos humanos, señaló que las acusaciones y persecución contra su hermana están relacionadas con la visita a Ajuchitlancito de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, cuyo encuentro agendado el 24 de junio.

«Fue un claro ataque del gobierno [municipal y estatal]. Sabían que venía Claudia Sheinbaum a Ajuchitlancito, están nerviosos y hay intereses políticos».

Elizabeth Chávez Cañas fue detenida junto con sus dos hijos menores de edad y retenida en la Fiscalía General del Estado, en la unidad de San Juan del Río.

Según las carpetas de investigación CI/SJR/3196/2023 (caso Ajuchitlancito) y CI/SJR/3610/2023 (caso Escolásticas), en ambas se le presume partícipe de despojo calificado, con el modus operandi de liderear a un grupo de personas para llevar a cabo actos delictivos.

Debido a la detención arbitraria y a la opacidad de la información al tratar de informarse sobre el paradero de su hermana, la delegada federal y el grupo de habitantes de la comunidad de Sanfandila bloquearon el 6 de junio la carretera federal 57, en el tramo con dirección a Ciudad de México, para exigir la liberación de la abogada y sus hijos.

La presión de su hermana y del grupo de manifestantes, así como las llamadas y mensajes de la hija menor de Elizabeth Chávez Cañas, permitieron la liberación de los menores tras cinco horas en la Fiscalía General del Estado, tiempo que estuvieron sin derecho a llamadas, bebidas o alimentos.

Al respecto, Mónica Chávez calificó el suceso como un «secuestro» y una violación a sus derechos constitucionales: «sus hijos pasaron por un tormento psicológico. [La menor] tuvo que esconderse de las autoridades para hablar y pedir auxilio desde la Fiscalía». También destacó que, para el otro menor, la experiencia le afectó en mayor grado debido a que vive con Asperger.

Mientras que los dos menores fueron liberados cinco horas después del arresto, la madre fue liberada seis días después, cinco minutos antes del comienzo de su audiencia, tras acreditar que ella estuvo en Cancún, Quintana Roo, el día de la acusación.

Dos días después de la detención de Elizabeth Chávez, los habitantes tomaron una vez más la carretera México-Querétaro; sin embargo, en esta ocasión fueron disuadidos por elementos estatales. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, señaló que no se permitirían aquellas protestas que afecten los derechos de terceros, la movilidad en este caso.

Señalada también en Escolásticas

Tras haber sido víctimas de abuso de poder, las hermanas Chávez se vieron involucradas en la fabricación de una carpeta de investigación en otro caso similar: la comunidad de Escolásticas, en el mismo municipio.

Mónica Chávez determinó que las detenciones sin fundamento y los abusos de autoridad se derivan del activismo de las dos defensoras de derechos humanos en el estado. Ambas dieron seguimiento a casos de alto impacto el año pasado, como el asesinato del joven Daniel Franco Miranda en Huimilpan, asesinado a golpes por policías; el acompañamiento a Juanito, el menor indígena quemado en su secundaria de El Salitre; entre otros.

«Al ser activistas y señalar al gobierno, somos mujeres incómodas para el Estado. De ahí las reacciones violentas y los ataques hacia mí y hacia mi hermana».

De igual forma, en enero de este año, ambas denunciaron ser víctimas de amenazas y una campaña de odio en redes sociales. Aunque la denuncia existía desde mayo de 2022 y se identificó a los presuntos responsables, la Fiscalía General de Querétaro no había tomado acciones al respecto.

Dicho activismo también ha evidenciado los deseos de apropiación del territorio por particulares. En Escolásticas, en el terreno de Los Sabinos, hay manantiales, los cuales intenta adueñarse un particular aunque son parte del ejido, tal y como se decretó en 1936, según el memorándum del departamento agrario del estado, el 12 de julio de 1945.

Tanto Elizabeth como Mónica son señaladas en la carpeta de investigación de la Fiscalía General, del 29 de abril de este año. Fueron acusadas de los delitos de amenaza y allanamiento de domicilio en el predio de Los Sabinos, lo cual causó el operativo del martes pasado.

Kuri acusa intromisión de «un partido»

Por su parte, Mauricio Kuri González, gobernador del estado de Querétaro, ha manifestado su postura respecto a los hechos. Indicó que en Querétaro está «siempre el Estado de Derecho», además de que detrás de la manifestación de los habitantes de Escolásticas hay intereses políticos: «hay un partido político que está a través de ellos y sobre todo personajes».

El pasado jueves manifestó que observaban la intromisión de un partido político en las movilizaciones, de ahí que les sugiriera a los inconformes que «tengan una asesoría jurídica, no una asesoría política«. Reiteró que estas disputas deben discutirse en las autoridades correspondientes.

Javier Rascado Pérez, titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), reveló que hubo acompañamiento de la organización en el operativo sin que se presentaran quejas por los hechos de aquel día. La Fiscalía de Querétaro detuvo a nueve personas y registró a cuatro policías lesionados.

La tarde del 15 de junio, activistas acudieron a la DDHQ a presentar una queja por el actuar de las policías de Huimilpan, Pedro Escobedo y estatal, las cuales acudieron a Escolásticas el día de los hechos.

Encuentran a detenidos

El viernes, la comunidad de Escolásticas informó que gracias a un juicio de amparo, pudieron localizar a tres personas que estaban desaparecidas desde el martes 13. Matilde Bocanegra Ordoñez, quien presentó múltiples lesiones, fue localizada en el Cereso Femenil de Querétaro. Ella manifestó haber sido víctima de violencia física y verbal por parte de las autoridades que la detuvieron.

Otro de los casos encontrados fue el de Matilde Horta González, quien presentó diversos moretones y manifestó haber sido maltratada física y verbalmente durante su detención. Alfredo Horta González presenta posibles fracturas debido a la hinchazón y falta de movilidad. Jonathan Trenado Horta también fue encontrado y presenta un moretón en el brazo, ocasionado por policías estatales durante su detención. En el caso de Guadalupe Trenado Fajardo, no se identificaron lesiones físicas visibles, por lo que aparentemente no sufrió daños durante su detención.

Tequisquiapan, un caso similar

En el desalojo de San José La Laja, Tequisquiapan, no se involucra a las hermanas Chávez Cañas; sin embargo, existen similitudes respecto a los otros casos de Pedro Escobedo que ya se abordaron. Entre ellos, la detención de un líder social por el delito de despojo y la disolución de quienes se oponían al arresto.

Javier Lira Reséndiz, esposo y padre de familia, fue detenido el viernes 9 de junio debido al despojo de un predio con fines agrarios. Él lideraba un movimiento de protección a tierras de uso común de la comunidad, de las cuales él, su familia y vecinos han sido despojados.

Una mujer cercana al detenido indicó que recibió una llamada de su esposa aquel viernes, quien, preocupada, le alertó de la detención arbitraria y agresiva de Lira Reséndiz. De acuerdo con ella, el líder sufrió maltrato físico por parte de las autoridades y lleva dos semanas detenido.

Igual que las hermanas Chávez Cañas, la mujer y las aproximadamente 500 familias oriundas de Tequisquiapan que se manifestaron por la liberación de Lira Reséndiz, un día después de su detención, coincidieron en que se trató de una «cuestión política y de interés personal de algunas autoridades de gobierno y particulares».

Cabe destacar que este es el único caso del cual no existe una postura oficial por parte de la Fiscalía de Querétaro, y las personas allegadas al acusado se negaron a profundizar más en el tema.

De acuerdo con los artículos 199 y 200 del Código Penal de Querétaro, el delito de despojo se castiga con prisión de uno a seis años y de 20 a 200 días de multa. Si se trata de un grupo de personas o es violento el acto, la pena se incrementa a la mitad, y si la o las personas lideran tal grupo, la pena se incrementa a prisión de cuatro a 10 años, con multas de 300 a 500 días.