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Indígenas controlan su patrimonio, no el gobierno

La Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado establece que los “indígenas tienen derecho a la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural intangible”.

El 18 de abril de 2018, el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, publicó una declaratoria en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para establecer a la “Muñeca Artesanal de Amealco como Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro”, además de que establece a la Secretaría de Cultura como la dependencia encargada de todas las actividades relacionadas con su preservación, promoción y difusión.

Sin embargo, durante los últimos años han existido intentos de apropiación cultural de esta artesanía oriunda de Amealco de Bonfil; algunos intentos vienen desde el mismo Gobierno del Estado, con la promoción de la muñeca Lelé, que dio la vuelta al mundo para promocionar al turismo de Querétaro.

Por otra parte, la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro establece que “los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural intangible” lo que incluye “tradiciones orales, diseños y artes visuales, artes dramáticas, artesanías, expresiones musicales, vestimenta” entre otros conceptos, los cuales deben ser protegidos por las

De igual forma, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial estipula que no son aptos para registrarse como marca “los signos que, sin autorización, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes” (como el caso de un patrimonio o un programa gubernamental), por otra parte, el mismo artículo señala que no pueden declararse como marca “las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad”, así como “hologramas que sean de dominio público y carezcan de distintividad”.

Es de precisar que, ante un posible caso de apropiación cultural con la imagen de un patrimonio cultural del estado, la Ley De derechos de los Pueblos Indígenas en el estado, faculta al titular del Ejecutivo, mediante las instituciones correspondientes, para “vigilar y, en su caso, ejercer las acciones tendientes a la restitución de los bienes culturales e intelectuales de los que hayan sido privados los pueblos y comunidades indígenas”.

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