Jofrito: 27 horas para una crisis hídrica de años
Nuevamente, el agua genera una crisis política para el gobierno de Mauricio Kuri y a afectaciones a miles de ciudadanos por la protesta generada. Ahora fue el bloqueo de 27 horas de la carretera federal 57 a la altura de El Jofrito, en el tramo Querétaro-San Luis Potosí. Y el tema es uno que lleva meses creciendo porque comunidades de esa zona no tienen agua.
Traileros atrapados durante horas, familias varadas y desesperadas y kilómetros de filas sobre la carretera 57 fue la escena que se pudo apreciar. Además de la solidaridad de algunos lugareños que les llevaron agua y comida en este paro carretero de más de un día.
En los últimos años, Querétaro ha acumulado conflictos sociales por el agua: la represión contra manifestantes de la Ley de Aguas en avenida 5 de Febrero en 2022; las protestas recurrentes en Santiago Mexquititlán por desabasto; comunidades enteras abastecidas mediante pipas en la zona norte de Santa Rosa Jáuregui; y, al mismo tiempo, un modelo de crecimiento industrial, inmobiliario y tecnológico que avanza en un estado cuyos propios pozos comienzan a mostrar señales de agotamiento.
Ahora la disputa alcanzó la carretera 57 y convirtió una crisis local en un problema de escala federal.
El bloqueo, las exigencias y las versiones
El bloqueo comenzó la mañana del lunes 18 de mayo sobre la carretera federal 57, a la altura de Jofrito, en los límites entre Querétaro y Guanajuato. Habitantes de comunidades como La Versolilla, Ojo de Agua, Rincón de Ojo de Agua, Jofrito, La Palma y Palo Alto cerraron ambos sentidos de la vía para exigir una solución al desabasto de agua que, aseguran, padecen desde hace meses.
Con el paso de las horas, la protesta paralizó uno de los corredores carreteros más importantes del país. Filas de tráileres, autobuses y vehículos particulares se extendieron por kilómetros. Hubo automovilistas atrapados durante gran parte del día, operadores de carga que pasaron la noche detenidos y desvíos improvisados hacia caminos secundarios rumbo a San Miguel de Allende y San José Iturbide.
La demanda de las comunidades era concreta: abastecimiento regular y suficiente para la zona norte de Santa Rosa Jáuregui. Sin embargo, conforme avanzó el conflicto, también aparecieron versiones encontradas sobre el origen del bloqueo y sobre las soluciones planteadas por las autoridades.
Ulises Gómez de la Rosa, diputado local de Morena, sostuvo que el conflicto “no es un tema político, es un tema social” y afirmó que la mitad del alrededor de 45 comunidades de Santa Rosa Jáuregui enfrentan problemas graves de abastecimiento. También señaló que el nuevo pozo que actualmente se perfora en la zona es resultado de un amparo promovido por habitantes y respaldado por tribunales federales.
Desde el gobierno estatal, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, acusó la existencia de “intereses ajenos a la comunidad” y aseguró que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) ya cuenta con un pozo con capacidad suficiente para abastecer a las localidades afectadas, pero que algunos grupos se oponen a su interconexión. “El tema es cerrar, cerrar, cerrar como un estilo y como una forma de provocar ingobernabilidad en la zona”, declaró.
La Comisión Estatal de Aguas, por su parte, reconoció que existe escasez y que los pozos de la región presentan agotamiento progresivo. El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, admitió que el pozo de La Versolilla tiene entre 30 y 35 años de antigüedad y que desde hace aproximadamente tres años comenzaron a detectar una disminución alarmante en sus niveles. “Los pozos no son para siempre”, afirmó.
Mientras las comunidades reclaman por una crisis inmediata de acceso al agua, el gobierno insiste en que existen soluciones técnicas bloqueadas por intereses externos. Al mismo tiempo, la propia autoridad hídrica reconoce que la región enfrenta un problema estructural de abatimiento de pozos.
El operativo que convirtió el agua en conflicto político
Hay un antecedente que modificó la relación política del agua en Querétaro: la represión contra manifestantes de la Ley de Aguas en junio de 2022.
La tarde del 10 de junio de ese año, colectivos, activistas y ciudadanos bloquearon parcialmente avenida 5 de Febrero frente a las instalaciones de la CEA para protestar contra la nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno estatal y aprobada por el Congreso local. Los opositores acusaban que la legislación abría la puerta a procesos de privatización y debilitaba el acceso al agua como derecho humano.
La respuesta del gobierno fue un operativo policial que terminó con golpes, detenciones y el desalojo de los manifestantes. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y medios de comunicación: policías antimotines encapsulando a ciudadanos, jaloneos y personas sometidas sobre el pavimento en una de las principales avenidas de la capital queretana.
El episodio cambió la percepción política del conflicto porque el agua dejó de verse como un asunto técnico o administrativo y comenzó a convertirse en un conflicto político y social visible en las calles.
Tiempo después, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) concluyó que durante aquel operativo se cometieron violaciones a derechos humanos, entre ellos el derecho a la protesta, la libertad personal, la integridad y la seguridad jurídica.
Desde entonces, los conflictos relacionados con el agua comenzaron a multiplicarse en distintas regiones del estado. Santiago Mexquititlán protagonizó protestas y bloqueos por desabasto; comunidades de Santa Rosa Jáuregui denunciaron tandeos insuficientes y dependencia de pipas; mientras en paralelo avanzaban nuevos desarrollos inmobiliarios, parques industriales y proyectos tecnológicos en una entidad con acuíferos cada vez más presionados.
El agua dejó de ser un problema subterráneo y se vio como un síntoma visible de las tensiones del modelo de crecimiento queretano.
El modelo de crecimiento y el agua que no alcanza
Detrás del bloqueo en la carretera 57 existe un problema que las propias autoridades ya reconocen: el agotamiento de los pozos y la presión creciente sobre los acuíferos de Querétaro.
Como ya se mencionó, la CEA admitió que el pozo de La Versolilla tiene entre 30 y 35 años de antigüedad y presenta un abatimiento progresivo desde hace al menos tres años.
Información de Conagua muestra que algunos de los principales acuíferos de la región presentan déficit: se extrae más agua de la que naturalmente se recupera. El problema no es nuevo, pero el crecimiento urbano e industrial de Querétaro ha incrementado la presión sobre el sistema hídrico.
Mientras comunidades enteras dependen de pipas, tandeos o bloquean carreteras para exigir agua, Querétaro mantiene una estrategia agresiva de atracción de inversión industrial y tecnológica. El estado se ha consolidado como uno de los polos logísticos más importantes del país y, en años recientes, también como destino para centros de datos vinculados a empresas tecnológicas y servicios digitales.
Los data centers se han convertido en uno de los temas más controvertidos dentro del debate local debido a sus altos requerimientos de energía y sistemas de enfriamiento. Organizaciones y especialistas han cuestionado la falta de transparencia sobre el consumo real de agua que implicarán estos proyectos y sobre sus efectos en una región donde la disponibilidad hídrica ya muestra señales de estrés.
El gobierno estatal ha sostenido que estos complejos no representan un riesgo ambiental significativo y que cumplen con la normatividad vigente. Sin embargo, el debate comenzó a instalar una pregunta incómoda en distintas zonas del estado: quién tendrá prioridad en el acceso al agua en los próximos años.
El conflicto de la carretera 57 es una imagen condensada de esa disputa: uno de los corredores industriales más importantes de México detenido por habitantes que reclaman acceso al agua en un estado que continúa expandiendo su modelo de crecimiento urbano, industrial y tecnológico sobre acuíferos cada vez más presionados.
El gobierno, el diputado y la pregunta sin respuesta
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, sostuvo que existen “intereses ajenos a la comunidad” que impiden conectar infraestructura ya disponible para abastecer a las localidades afectadas y acusó que el cierre de la vialidad se convirtió en “una forma de provocar ingobernabilidad en la zona”.
En contraste, el diputado local de Morena Ulises Gómez de la Rosa insistió en que el problema rebasa cualquier disputa partidista. “No es un tema político, es un tema social”, afirmó, al señalar que varias comunidades llevan meses enfrentando problemas graves de abastecimiento.
Horas después del bloqueo comenzaron además a circular versiones sobre la muerte de un operador de tráiler presuntamente afectado por el congestionamiento en la carretera 57. Medios regionales reportaron que el conductor habría sufrido un infarto mientras permanecía varado entre las filas kilométricas de vehículos; sin embargo, posteriormente el gobierno municipal de San José Iturbide, Guanajuato, informó que no existía confirmación oficial de un fallecimiento relacionado directamente con el bloqueo.
Las declaraciones retratan distintos niveles de una misma crisis. El gobierno plantea un problema de operación y gobernabilidad; la CEA reconoce límites físicos en la disponibilidad de agua y las comunidades expresan una presión social cada vez más visible.
La pregunta de fondo permanece abierta: cuánto tiempo podrá sostener Querétaro su modelo de crecimiento industrial, inmobiliario y tecnológico mientras aumentan los conflictos por acceso al agua en distintas regiones del estado.
La carretera 57 tras 27 horas volvió a abrirse. La crisis que la bloqueó sigue ahí.
