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Nueva escena de la crisis del IEQ

Por Víctor Pernalete

Desde el año de 1997 no se promovía la remoción de su cargo a un consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ).

 

El pasado miércoles 23 de noviembre dirigentes de cinco partidos políticos: Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) presentaron formal solicitud a la Legislatura del estado para la “remoción inmediata” del consejero electoral Demetrio Juaristi Mendoza por una “serie de agravios que han sufrido las instituciones políticas de nuestro estado”.

 

El 18 de agosto de 1997, Román Aboytes Hernández, quien fungió como secretario técnico del Distrito Electoral IX (perteneciente a El Marqués), en las elecciones para la gubernatura de aquel año, presentó una denuncia por préstamos personales que los entonces consejeros electorales se habían hecho para adquirir vehículos de lujo.

 

En 1997, el IEQ estaba inmerso en una crisis institucional, debido a los cambios en su constitución, que lo habían hecho un organismo ciudadanizado y que contribuyeron a que por primera vez en la historia, Querétaro viera como ganador a un partido que no fuera el PRI.

 

En ese escenario surgieron las demandas en contra de los consejeros electorales, que si bien no eran acusados directamente por faltas dentro del proceso electoral, sí se les señalaba por errores administrativos que involucraban más de un millón 300 mil pesos entre los siete consejeros.

 

Estos consejeros eran José Luis Sierra, Juan Ricardo Ramírez Luna, Pablo Vázquez Hernández, Armando Cuenca Salgado, María Elena Ortega Alcocer, Agustín Breña Prado y Adán Bernal Arenas.

 

El 20 de noviembre de 1997, en un acto inusitado, la LII Legislatura del estado de Querétaro determinó la separación de sus puestos de los siete consejeros electorales en funciones mientras se realizaba la investigación en su contra y se determinaba su responsabilidad.

Tomaron protesta los consejeros suplentes, pero después algunos “titulares” regresaron

Fue en sesión extraordinaria del 11 de diciembre cuando tomaron protesta los consejeros electorales suplentes. Así, los consejeros electorales suplentes que entraron en lugar de quienes habían sido destituidos fueron Ricardo Briseño Senosiain, Antonio Rivera Casas, Efraín Mendoza Zaragoza, Sonia Cárdenas Manríquez, Martha Lucía Salazar Mendoza, María del Carmen Abraham Ruiz y Javier Elizondo Molina.

 

Tras diversos juicios de amparo que interpusieron los consejeros que habían sido destituidos de su cargo, fueron llamados a ser restituidos en sus cargos. Medio año después, José Luis Sierra, Juan Ricardo Ramírez Luna, Adán Bernal Arenas, Pablo Manuel Hernández, Agustín Breña y María Elena Alcocer fueron reinstalados. Los titulares ejercieron la responsabilidad por los siguientes seis meses, cuando concluyó el juicio político y el pleno del Tribunal Superior de Justicia determinó la destitución de los siete y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. En la historia política moderna de Querétaro éste es el único juicio político que ha prosperado.

 

Esto dio paso a que los consejeros supernumerarios fueran designados con el carácter de propietarios, teniendo bajo su responsabilidad la organización de las elecciones de 2000 y 2003. Concluido el período de siete años, la Legislatura del estado hizo la designación del Consejo General para los siguientes siete años. Así, resolvió reelegir a tres de ellos: Sonia Cárdenas Manríquez, Antonio Rivera Casas y Efraín Mendoza, designando a cuatro nuevos: Eduardo Miranda Correa, Cecilia Pérez Zepeda, Arturo Vallejo Casanova y Juan Carlos Dorantes Trejo, cuyo encargo concluyó el 14 de diciembre de 2010.

Después de 14 años, otra vez se pide la remoción de consejeros electorales

Al igual que Consejo General del IEQ de 1997, que venía arrastrando problemáticas con diversos partidos políticos, el actual vive una situación similar, y es ahora el consejero electoral Demetrio Juaristi Mendoza el acusado de incurrir en violaciones a la ley.

 

Acusaciones de litigar mientras tiene su cargo como consejero electoral hicieron un caldo de cultivo para que, en la pasada sesión del 30 de septiembre de este año, en la cual se tenía que elegir al presidente del colegiado, Juaristi Mendoza explotara contra partidos políticos y la misma dirigencia del IEQ.

 

El consejero electoral, quien se postuló para la presidencia del consejo pero que finalmente no pudo ganar, tuvo altercados con partidos políticos, especialmente con el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Aguilera Ortiz, y además exhibió hechos que pusieron en duda la objetividad y autonomía en el seno del Consejo General del IEQ.

 

A partir de dicho suceso, todos los partidos políticos que forman parte del Consejo General, a excepción del PAN, han solicitado la remoción de su cargo.

 

“Hemos detectado que ha incurrido en actos de nepotismo, ha manifestado abiertamente su falta de conocimiento en materia electoral, ha tenido enfrentamientos directos con partidos políticos, en fin, una serie de actos que incurren en causa grave. Esto se sanciona con la remoción de acuerdo a lo que disponen las leyes electorales y la Constitución del estado”, señalaron.

 

Los partidos políticos PRI, Nueva Alianza, PVEM, Movimiento Ciudadano, en rueda de prensa, solicitaron a la Legislatura rectificar su error y dictaminar su remoción a la brevedad posible.

 

“Los legisladores deben de reconocer que tuvieron un error. No revisaron correctamente los documentos de Demetrio Juaristi y tampoco entraron al estudio a fondo del perfil psicológico de este tipo. Por lo tanto creo que merece que en fast track la Cámara vote en sentido la destitución de este consejero”, exigieron.

 

Si bien la petición la encabeza José Luis Aguilera Ortiz, líder estatal de Movimiento Ciudadano y representante del partido en el Consejo General del IEQ, y en la sesión del 30 de agosto tuvo una confrontación con Juaristi Mendoza, al grado de que el consejero lo llamó “perro”, los demás partidos señalaron que no se trata de un capricho de dicho partido, sino de un consenso por parte de todas las fuerzas políticas que participaron en su elección, a excepción hecha del PAN.

 

“No es un documento que se presente a capricho de Movimiento Ciudadano, sino que en su elaboración participamos todos y cada uno de los elementos que estamos aquí, los representantes de los partidos políticos que estamos debidamente autorizados ante el IEQ”, recordaron.

 

Por último, los partidos políticos conminaron al consejero electoral a pedir licencia y retirarse de su cargo, amparados en el hecho de que no quieren que forme parte del Consejo General.

 

“Le solicitamos respetuosamente que se vaya del cargo de consejero electoral. Los partidos políticos aquí representados no lo queremos en el consejo electoral. No queremos el comportamiento de ese árbitro”, concluyeron.

 

La crisis que vive el Instituto Electoral de Querétaro a raíz de la designación del Consejo General que tendrá bajo su responsabilidad las elecciones de 2012 y 2015, fue desatada a partir de la intentona del gobernador José Calzada Rovirosa, en septiembre de 2010, de extinguir al IEQ para sustituirlo por otro órgano con menor autonomía y cuyo presidente fuera designado por los diputados, entre otros cambios relevantes.

 

La oposición del Consejo General, que el 23 de septiembre rechazó formalmente la reforma, así como la negativa del PAN a respaldar el proyecto de Calzada, hizo naufragar el proyecto.

 

Otra fase de la crisis estalló la noche del 30 de noviembre de 2010, cuando el bloque que encabeza el PRI en la Legislatura del estado designó a los siete nuevos consejeros electorales sin reunir la mayoría calificada que exige la Constitución, dejando fuera de la decisión a los 10 diputados del PAN. La decisión fue llevada a los tribunales.

 

La siguiente etapa de la crisis se desató en agosto de 2011, cuando el organismo electoral presentó un paquete de reformas a la Legislatura que en su parte sustantiva “clonó” el proyecto presentado un año antes por el gobernador José Calzada. El bloque que encabeza el PRI en la Cámara de Diputados pretendía aprobar la reforma en septiembre, pero encontró oposición en un grupo de académicos, activistas sociales y ex funcionarios electorales. Está por concluir noviembre y la Comisión de Asuntos Electorales no ha dictaminado las 11 iniciativas que sobre la materia electoral recibió.

 

La última escena de la crisis institucional es la que protagonizan cinco de los seis partidos nacionales con registro en Querétaro –los mismos que lo eligieron sin reunir la mayoría que exige la Constitución hace un año– y el consejero Demetrio Juaristi. La Legislatura no ha informado oficialmente el curso que dará a la demanda presentada.

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