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Órganos electorales, siempre bajo sospecha

A lo largo de su existencia, tanto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y más recientemente, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), han emitido resoluciones que resultan controvertidas, aunque por su propia naturaleza, son entes sobre los que la ciudadanía y los actores políticos tienen toda clase de sospechas, consideró el presidente del Consejo General del IEEQ entre el 2000 y 2003, Efraín Mendoza Zaragoza.

“Esto es inherente a su función, toda vez que son árbitros de contiendas políticas. Todos sus actos y omisiones son atacables jurídicamente. Pueden ser motivo de impugnación ante entes superiores capacitados para revisar sus actos. Eso es de entrada. Siempre va a haber sobre esas autoridades quien haga un señalamiento de parcialidad en favor de alguna fuerza. Los gobiernos locales siempre van a tener la tentación de meter mano en las elecciones, siempre; el punto es si lo consiguen o no”, aseveró.

Mendoza Zaragoza explicó que es a partir de la cantidad de señalamientos con bases jurídicas, presentados formalmente ante el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TSPJF), que puede valorarse objetivamente el trabajo de los organismos electorales, además de las pruebas que tomen en cuenta y las sentencias que emitan.

“Lo cierto es que estos órganos de cierta manera están partidizados, son objeto de disputa de las fuerzas políticas y en mi opinión, no se han venido haciendo los esfuerzos de autonomía suficientes. La autonomía es un acto de voluntad. Y no, hoy vemos que muchas personas gozan las ventajas de la subordinación”, añadió el también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

IEEQ, el retroceso

El también maestro en Historia consideró que la reforma que transformó al antiguo Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), en el IEEQ, fue un retroceso lamentable y representó una pérdida del federalismo, ya que a partir de entonces, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral empezó a nombrar al presidente del órgano estatal.

Allí hay una pérdida de autonomía. También quedan otras normas que le quitan facultades al IEEQ en materia de fiscalización, capacitación y varias materias importantes. Entonces, en varias materias perdimos al instituto”, indicó.

Además, con la transformación del Instituto, también se le quitaron facultades al organismo para realizar investigaciones de oficio. “Muchas veces se presentan comentarios, hechos evidentes, donde la autoridad electoral, como árbitro, debiera intervenir y el árbitro responde: ‘Es que no hay denuncia, nadie ha presentado una queja’. ¿Por qué tendrían que esperar una queja? Si su papel es de garantes. Estar atentos del cumplimiento de las normas”.

Mendoza Zaragoza recordó que la iniciativa de reforma que transformó al IEQ surgió del Partido Acción Nacional (PAN), que consideró necesaria la centralización del órgano electoral, bajo el argumento que los gobernadores controlaban los institutos. “A todas luces es un retroceso, una derrota ciudadana”, indicó el exconsejero electoral.

Cuando “renunciaron” a todo el IEQ

Efraín Mendoza Zaragoza, recordó que en abril de 1997 y, posteriormente en septiembre del mismo año, se denunció que los consejeros electorales se otorgaron autopréstamos, cuyos montos alcanzaron más de un millón de pesos. Entre los funcionarios beneficiados estaba Agustín Breña, quien declaró que el acto respondía al derecho de cualquier funcionario.

“Cuando los consejeros propietarios de 1997 incurrieron en prácticas que, a juicio del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, eran suficiente razón para separarlos del cargo, se les separó. Se restauró, de cierta forma, la legalidad y hubo que recuperar también la credibilidad.

“Lo lamentable aquí es que las instancias responsables de cuidar esos órganos, de que mantengan su imparcialidad y objetividad y funcionamiento legal, no lo hicieron en su momento y tuvieron que venir otros órganos superiores a revisarlo”, señaló el consejero electoral entre los años 1997 y 2010.

Mendoza Zaragoza también recordó que en septiembre de 1997, el entonces director administrativo del IEQ, Juan Saldaña Zamora, fue destituido de su cargo por actos de nepotismo, luego de contratar a su hermano, Arturo Saldaña, como coordinador regional de San Juan del Río.

Al hecho se añadió, que Juan Saldaña Zamora no acató las recomendaciones del Consejo General del Instituto Electoral, respecto al pago sin factura a la empresa SIAPSA, contratada para instalar una red de cómputo. Además de que hubo incumplimiento en el acuerdo de la impresión de boletas electorales.

De la misma forma, Saldaña Zamora había señalado pocos meses atrás, luego de haberse otorgado un finiquito de más de un millón de pesos, para después recontratarse con un sueldo de 20 mil pesos mensuales.

También en 1997, pero en noviembre, el pleno del Congreso local aprobó un exhorto para que los consejeros dejaran su cargo. Siete funcionarios electorales fueron señalados por cometer irregularidades, pero sólo Agustín Breña abandonó el puesto.

Para diciembre de 1997, la Legislatura votó nuevamente la destitución de los consejeros electorales. Como consecuencia, José Luis Sierra, Juan Ricardo Ramírez Luna, Pablo Manuel Hernández y Adán Bernal, solicitaron su separación del cargo.

El IEQ, Rivera y Anaya

Mendoza Zaragoza también destacó lo sucedido en el 2008, cuando Armando Rivera Castillejos, entonces aspirante a la gubernatura por el PAN, publicó espectaculares con su imagen y los colores de su partido en Avenida Constituyentes. El IEQ determino investigar el caso y aplicó una multa al partido y al candidato. Finalmente, la resolución fue impugnada, pero se confirmó, de manera que quedó firme la sanción.

Por otra parte, en el 2010, el entonces diputado panista, Ricardo Anaya Cortés, ordenó a su bancada abandonar la sesión en la que se votarían por los nuevos consejeros del organismo, ya que no se había podido posicionar a personajes afines a su partido.

La bancada de Acción Nacional intentó reventar la sesión, con el argumento que el PRI quería adueñarse del instituto. Al final, los consejeros fueron electos, sin contar con el voto de las dos terceras partes del total de diputados. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que con las dos terceras partes de los legisladores presentes era suficiente y ratificó la designación.

Calzada: la automutilación

Igualmente, Mendoza Zaragoza apuntó que en el 2010, el entonces gobernador, José Calzada Rovirosa, presentó dos iniciativas de reforma: una a nivel constitucional y otra en la Ley Electoral, cuyo objetivo era disolver el instituto local y crear un órgano llamado “Consejo Electoral Estatal”, el cual tendría una estructura más centralizada, menos atribuciones y un número de funciones muy limitado.

En ese entonces, las iniciativas del gobernador no se concretaron, debido a la unión de la ciudadanía, académicos y partidos de oposición, como el PAN, quienes consideraban que las reformas implicaban un sometimiento del órgano electoral.

No obstante, en el 2011, ya con un nuevo Consejo General, los integrantes del IEEQ se apropiaron de la iniciativa propuesta por José Calzada Rovirosa y la hicieron suya, para proceder con una “automutilación”:

“Que el poder te quiera mutilar lo entiendo, pero que tú por voluntad propia te mutiles y te cortes las manos, en lugar de exigir, tener dientes y garras, eso se me hace un verdadero absurdo. Y todo eso lo ha vivido el órgano electoral”, rememoró Mendoza Zaragoza.

Un año después, en enero de 2011, el consejero electoral, Raúl Ruiz Cañizales, fue acusado de haber sido integrante del PRI. Se comprobó que el funcionario desempeñó cargos de ponente y de director de Análisis Político en los años 2002 y 2009. El caso derivó en la intervención del TEPJF, el cual destituyó al consejero.

También en enero del 2011, los diputados locales evaluaron con criterios subjetivos e injustificados, a 54 aspirantes a consejeros electorales, indicó Mendoza Zaragoza. En ese momento se calificó negativamente la experiencia de los consejeros en funciones y se tomó en cuenta el “interés y la convicción” de los nuevos aspirantes. Ante las inconformidades, el caso llegó al TEPJF.

También en mayo del 2011, fue nombrado como director general del Instituto, Ricardo Gutiérrez Rodríguez, pero en junio renunció al puesto, ya que señaló “diferencias irreconciliables” con el consejero José Vidal Uribe Concha. Héctor Parra, exasesor legislativo, indicó que la verdadera razón del rompimiento fue porque a Ricardo Gutiérrez no se le permitía realizar sus funciones plenamente.

José Vidal Uribe Concha ya había sido presidente del Consejo General, pero fue acusado de tener prácticas autoritarias y querer controlar por completo al organismo. En ese periodo, con Uribe Concha como presidente, se realizaron reformas coincidentes con las propuestas de Calzada Rovirosa, hechas en septiembre del 2010.

Con dichas modificaciones, se logró que el periodo de fiscalización pasara de tres a cuatro meses y se eliminó la obligación de los partidos políticos para presentar comprobantes fiscales o documentos al Instituto.

Mendoza Zaragoza añadió que en el 2011 también se dio una reforma importante, con la cual, las resoluciones de los tribunales fueron incorporadas a la ley. “En mi opinión, un error también, porque los tribunales no legislan, sólo interpretan la norma para su aplicación. El órgano electoral debe estar atendiendo más al órgano ciudadano, no lo que manden los jueces”, indicó.

Los vínculos con Anaya Cortés

En cuanto a los actuales funcionarios electorales, el presidente del Consejo General, Gerardo Romero Altamirano, fue señalado en la revista ‘Proceso’, como un personaje ligado al actual candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, ya que fueron allegados desde que estudiaban en el Instituto San Javier.

Además, cuando Romero Altamirano fue nombrado como consejero electoral, su designación fue impugnada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el entonces diputado federal panista, Ricardo Anaya Cortés, respaldó al actual funcionario, quien finalmente fue avalado por el INE.

Además, bajo la administración de Romero Altamirano, el IEEQ mantiene su sede en un inmueble perteneciente a Donino Ángel Martínez Diez, suegro de Ricardo Anaya Cortés, a quien le pagan 167 mil 544 pesos mensuales.

Al respecto, Efraín Mendoza Zaragoza indicó que el hecho no constituye una evidencia de parcialidad política, pero si es un indicio de que pudiera existir una inclinación a favor de una fuerza política.

“En mi opinión no debió el IEEQ instalarse en un inmueble vinculado a uno de los partidos políticos, porque eso genera suspicacias, eso abona a la desconfianza. La población, y particularmente la ciudadanía tienden a desconfiar de sus autoridades y a la hora que ve estos actos, se alimenta la desconfianza”.

Otra irregularidad actual, es que el IEEQ carece de un titular en su Contraloría desde diciembre del 2017. Esperanza Vega Mendoza fue la última persona en el cargo y desde entonces el Congreso no ha nombrado a un nuevo titular, a pesar de que el área tiene un papel fundamental en la resolución de malentendidos durante el proceso electoral, como recordó el entonces diputado local y líder de la bancada priista, Mauricio Ortiz Proal.

Magistrados electorales cuestionados

Según el informe anual del periodo de 2015 a 2016, el TEEQ registró 16 impugnaciones en el ámbito local y nueve contra sentencias del propio organismo. Tres estuvieron vinculadas a la constitución y registro de partidos políticos electorales, dos a procedimientos sancionadores, tres a conflictos intrapartidarios, dos a la inscripción del registro y financiamiento público.

De la misma forma, se cuentan con dos impugnaciones por registro de coaliciones políticas y cuatro debido al registro de candidatos ante el consejo municipal. Del total, tres impugnaciones fueron interpuestas por el PAN, dos por el Partido Encuentro Social, una por el PRI, una por Movimiento Ciudadano y otra por el PT.

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), creado hace apenas hace cuatro años, es un órgano que por reglamento debe ser apartidista y conformado por magistrados designados por el Senado de la República. No obstante, también se ha visto envuelto en situaciones que han mermado su credibilidad y puesto en duda su carácter de organismo autónomo.

Un caso, fue la designación del magistrado Martín Silva Vázquez, quien actualmente es presidente del Tribunal y fue compañero de Ricardo Anaya en la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro; después fue compañero de trabajo cuando Anaya era secretario del gobernador Francisco Garrido Patrón.

Álvaro Delgado señaló en un artículo de ‘El Heraldo’, publicado el 27 de marzo del 2018, que “en 2009, cuando el PAN perdió la gubernatura, de cuya campaña fue coordinador, Anaya se hizo jefe de los diputados y se llevó con él a Silva Vázquez al Congreso. Como presidente del PAN, Anaya logró que el Senado, presidido por Roberto Gil Zuarth, nombrara a su amigo magistrado por siete años y en diciembre, sustituyó en la presidencia del Tribunal, Gabriela Nieto Castillo”.

Indicó que en 2011, Cecilia Pérez Cepeda, quien anteriormente fue militante del PAN y en ese momento era presidenta del TEEQ, trató de ser impuesta como consejera del órgano electoral durante seis sesiones de votación, luego de que el actual candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, boicoteó el proceso. No obstante, después del intento de imposición que duró siete meses, se votó por Alfredo Flores.

Por otra parte, también cuando Pérez Cepeda era presidenta del TEEQ, se colocó a Greco Rosas como el Oficial Mayor del organismo, luego de que en el 2008 había sido representante del PAN ante el IEEQ y también fue subsecretario de gobierno estatal.

Mendoza Zaragoza recalcó que los órganos electorales ciudadanos no están cumpliendo cabalmente la facultad que tienen por ley de promover la cultura ciudadana de una manera seria y fuerte, que permita que los ciudadanos estén cada vez más habilitados para intervenir en los asuntos públicos.

“Se han quedado solamente en lo instrumental, lo estrictamente electoral, y yo creo que esta tarea es la que tendrían que hacer. Han sido omisos en el cumplimiento de esta parte de sus obligaciones. Se ha quedado como un ente más del aparato burocrático y no como uno que el ciudadano vea como su instrumento para que el Estado tenga legitimidad”

Lo cierto es que estos órganos de cierta manera están partidizados, son objeto de disputa de las fuerzas políticas y en mi opinión no se han venido haciendo los esfuerzos de autonomía suficientes. La autonomía es un acto de voluntad. Hay que tener la voluntad de ser autónomos. Y no, hoy vemos que muchas personas gozan las ventajas de la subordinación” concluyó.

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