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Reconoce PGJ irregularidades en caso “El Tortillas”

Por: Mariana Chávez

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) reconoció a través de un documento que envió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que tres elementos incurrieron en detención ilegal de Miguel Urbina Franco, alias “El Tortillas”, persona acusada del asesinato de un aficionado del equipo de futbol América, lo que implica que el proceso es irregular y debe obtener su liberación, aseguró el abogado del acusado, Arnulfo Moya Vargas.

La mañana del miércoles 20, Ofelia Franco Muñoz, madre de Miguel Urbina, y su abogado acudieron a las instalaciones de la CEDH para conocer el avance de la investigación, producto de la queja interpuesta con el número 076/2012 por actos violatorios a los derechos del acusado.

Moya Vargas indicó que el 1° de febrero, la CEDH emitió el acuerdo de responsabilidad con número de oficio 39 a la Procuraduría, sobre actos irregulares cometidos por tres agentes de la Agencia del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación del Delito (DID) durante la detención de Miguel Urbina, ocurrida el 11 de enero de 2012.

El 15 de febrero, la PGJ, que preside Arsenio Durán Becerra, contestó a través del oficio número 165 que los agentes José Luis Ontiveros Pacheco, Iván Israel Almaraz Lázaro y Luis Fernando Ortiz Rivera incurrieron en responsabilidad al detener al acusado sin una orden de aprehensión y por ese acto irregular, el área correspondiente de esta Procuraduría inició el proceso administrativo en contra de los funcionarios, destacó Arnulfo Moya.

Ofelia Franco relató que su hijo fue citado por los agentes de la DID como testigo de lo ocurrido el 11 de enero de 2012, sin embargo, al ser trasladado a la agencia del ministerio público su situación jurídica cambió tras haber declarado.

De testigo, pasó a ser probable responsable. Fue detenido y trasladado de inmediato al Centro de Reinserción Social de San José El Alto.

Para el abogado, el documento remitido por la Procuraduría a la Comisión demuestra que la detención del acusado fue ilegal y la actuación del Ministerio Público no fue apegada a Derecho, lo que representa que en “un acto de honestidad” el juez sexto de primera instancia penal debe ordenar la liberación de su cliente.

Explicó que el artículo 16 de la Constitución establece que nadie puede ser detenido sin un mandamiento de ley, además que la detención inmediata se puede dar, sólo por causas urgentes.

Sin embargo, dijo que en el caso de Miguel Urbina, el agente del Ministerio Público que conoció del caso debió solicitar a la autoridad correspondiente la orden de aprehensión y no ocurrió.

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Ofelia Franco denunció públicamente que su hijo fue objeto de tortura por parte de elementos de la DID para que aceptara su presunta responsabilidad durante la trifulca suscitada en enero de 2012 entre simpatizantes de los equipos de fútbol Gallos Blancos y América, en donde resultó lesionado y falleció un menor de edad.

El abogado reconoció que la CEDH no acreditó que el joven fue objeto de actos de tortura, sin embargo, señaló que el presunto proceso irregular por ese asunto “no está concluido”, dado que presentarán pruebas para acreditar que sí hubo daño físico y moral en contra del acusado.

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