Represión en 5 de Febrero: Uso de la fuerza debe ser el último de los recursos, señala DDHQ
«La respuesta del Estado a través de la intervención de instituciones dotadas del uso legal de la fuerza pública debe ser la última opción», asentó la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) respecto a la represión que hubo en 5 de Febrero el pasado viernes, en la cual hubo tres manifestantes detenidos.
El organismo presidido por Javier Rascado citó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual indica que las fuerzas del orden deben privilegiar el diálogo. Asimismo, abrieron una queja por los hechos del viernes.
La DDHQ se pronunció a favor del ejercicio de la manifestación y la libertad de expresión, los cuales contribuyen a una sociedad democrática, por lo que el Estado debe adoptar una posición de respeto a la libre manifestación de ideas y garantizar la protección de los derechos humanos.
La instancia señaló que las manifestaciones del fin de semana son la muestra de una sociedad queretana viva, con opiniones distintas, las cuales deben ser escuchadas y atendidas mediante el diálogo social y político.
De esta manera, la DDHQ expresó que de ser necesario el uso de la fuerza, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos, debe apegarse a los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad y no discriminación; por lo que la intervención del Estado a través de otras instancias legales debe ser la última opción.
Así pues, la Defensoría ha iniciado un expediente de investigación respecto a la intervención de Policía Estatal, para determinar si la intervención del pasado viernes, se hizo con respeto a los principios fundamentales establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Mientras que, la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, está en un proceso de análisis técnico jurídico de la Defensoría para revisar cualquier situación que atente contra los derechos humanos. Esto, debido a las diversas solicitudes por parte de particulares y organismos de la sociedad civil, que han manifestado su preocupación de los efectos de dicha ley y han exigido una controversia constitucional.
Por último, invitó a las autoridades a mantener un diálogo para reconocer las vertientes de la problemática, por lo que ofreció su interlocución entre autoridades y actores de la sociedad civil para reducir las tensiones y evitar cualquier situación violatoria de derechos humanos.
