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‘Se quedó corta’ resolución contra policías implicados en asesinato

Por Carlo Daniel Aguilar / Miguel Tierrafría

 

El abogado Antonio Ramos Martínez, defensor de la viuda de J. Rosario Aguilar –asesinado presuntamente por policías municipales de Santa Rosa Jáuregui–, afirmó que la sentencia del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas (TMRA) se quedó corta ante los hechos ocurridos.



 

La decisión del tribunal al respecto del homicidio –ocurrido el 6 de febrero de 2011 en la comunidad de Corea, Santa Rosa Jáuregui–, motivó la inconformidad de Ramos Martínez.

 

“La resolución es parca, se quedó corta porque no es una sanción que vaya de acuerdo a la gravedad del hecho, entonces yo creo que el Tribunal de Responsabilidades no emitió una sentencia en donde se sancione a los policías debidamente, pues la sanción va de tres meses de suspensión sin goce de sueldo, a una inhabilitación de una persona y otra de tres años de inhabilitación.

 

“Entonces yo creo que sí le faltó en ese sentido; la sanción no es equitativa con el resultado de los hechos de aquel día”, manifestó Ramos Martínez.

 

El caso ocurrido en la comunidad de Corea lleva dos procesos: por una parte los policías que estuvieron involucrados aquel día están sujetos a las sanciones administrativas y por el otro el proceso penal en el cual aún no se ha dado una resolución, en donde el abogado infirió que en tres meses se podría emitir una sentencia a los policías involucrados.

 

Hace dos semanas, el magistrado presidente del TMRA, Óscar García González, puntualizó las sanciones para los policías y con ello anunció públicamente el término del caso para la autoridad municipal.

 

“Con esto cerramos el asunto por completo, los hechos en la comunidad de Corea quedan solucionados para nosotros como tribunal”, señaló en entrevista con medios de comunicación, a dos meses de culminar funciones la actual administración.

 

El abogado de Adriana Alanís, viuda de J. Rosario Aguilar, precisó que a la sanción le faltó que fuera “más justa para la familia y justa una sanción que fuera de acuerdo a la conducta de los policías, es decir, es desproporcionada, no hay una proporción entre el resultado del hecho, que en este caso fue el homicidio, y la pena o la sanción que se está dando a los policías”.

 

Además, Antonio Ramos sentenció que a dicho tribunal le faltó más análisis en cuanto a las pruebas ofrecidas por Adriana Alanís en cuanto al desahogo de pruebas, alegatos y la resolución ya emitida por esta instancia.

 

“Faltó un poco el análisis en cuanto a las cuestiones que planteaba la señora (…) hizo una serie de cuestionamientos y argumentaciones y, además, un ofrecimiento de ciertas pruebas, solicitó una acumulación, pero en este caso se quedó ahí. No sabemos por qué no se desahogaron las pruebas que la señora ofreció”, advirtió.

 

Parte de las pruebas impuestas ante el Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas consistieron en argumentaciones con respecto a la violación de los derechos humanos del occiso, que, a decir de Antonio Ramos, no tomaron en cuenta y que pudieron haber sido más útiles en cuanto a una sanción mayor para los policías involucrados.

 

“Fueron argumentos en cuanto a la violación a los derechos humanos, en cuanto a la defensa de la vida como un derecho humano, en cuanto a las pruebas, pues fueron algunas que se han ofrecido en aquel entonces en el procedimiento penal, es decir, algunos testigos, algunas declaraciones que queríamos que se tomaran en cuenta en ese entonces.

 

“Creemos que esos testigos sí podían arrojar elementos para determinar la responsabilidad de estos policías”, aseguró.

Posibilidad de interponer procedimiento de juicio de nulidad

 

Ya dictada por parte del Tribunal Municipal de Responsabilidades Administrativas la sentencia con respecto a los policías que estuvieron involucrados en el caso, en donde tres policías son suspendidos tres meses sin goce de sueldo, un policía destituido y otro inhabilitado por tres años, el abogado Antonio Ramos resaltó que es posible interponer el procedimiento de juicio de nulidad en donde se lleve a cabo un procedimiento en una instancia mayor como la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 

“Retomando la cuestión administrativa, aquí la cuestión sería si la señora o la familia quiere seguir los procedimientos que derivan de esta resolución, es decir, el juicio de nulidad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entonces aquí la situación es atacar esa resolución si la señora quisiera”, señaló.

 

Finalmente el abogado enfatizó la dificultad que existirá en caso de que se logre una sanción mayor para los policías.

 

“En cuanto a los derechos humanos, ya como que la postura positivista está quedando un poquito atrás, es decir, ya tienen otras facultades los colegiados teóricamente, ya no se van a enfocar en machotes, en formatos y sacar las resoluciones, ahora van utilizar el criterio para aplicar la justicia.

 

“Entonces apelando a esta nueva reforma constitucional y a estos nuevos principios, la señora podría argumentar nuevamente la violación a los derechos humanos, violaciones al debido proceso”, concluyó.

 

 

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