Sólo en 0.7% de los casos la Fiscalía hizo detenciones
En cuanto al seguimiento de procesos penales, fueron concluidos 226 —sólo el 39 por ciento— de los iniciados en 2017; lo que representa 351 procesos penales que aún siguen en tribunales locales y federales.
Sólo en el 0.71 por ciento de los casos judicializados por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro hubo personas detenidas durante 2018, según consta un análisis a las cifras del Tercer Informe de Actividades del órgano autónomo que encabeza Alejandro Echeverría Cornejo.
A la conclusión anterior se llega dado que apenas un 3.2 por ciento de los casos iniciados en 2018 fueron judicializados —es decir, sometidos a proceso de resolución ante un juez por parte de la misma— y sólo en el 22.4 por ciento de estos se tuvo como resultado personas detenidas.
Cabe destacar que, a su vez, el 25 por ciento de casos de homicidios dolosos registrados en la entidad —uno de cada cuatro— quedaron sin esclarecerse, al igual que el 16.6 por ciento de los casos de mujeres asesinadas (Tribuna de Querétaro, 914).
En cuanto al seguimiento de procesos penales, fueron concluidos 226 —sólo el 39 por ciento— de los iniciados en 2017; lo que representa 351 procesos penales que aún siguen en tribunales locales y federales. Sin embargo, el documento señala que al inicio de la administración se tenían 13 mil 788 averiguaciones previas, de las que actualmente 451 —el 3.2 por ciento— se encuentran en trámite.
Información precaria
En cuanto a la Policía de Investigación del Delito —cuyo objetivo es “aportar datos de prueba al Ministerio Público en la investigación de los delitos”, acorde a su página oficial de internet—, sólo en el 61 por ciento de los casos que atendió proporcionó información relevante para las investigaciones. Este cuerpo de seguridad e investigación atendió el 97 por ciento de los ordenamientos recibidos por la Fiscalía, pero sólo el 73 por ciento por parte de la autoridad judicial.
Para el periodo 2018-2020 se autorizó que el personal de la Fiscalía porte armas de fuego, gracias a una Licencia Oficial Colectiva presentada ante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Para obtener esta licencia se invirtieron un millón 117 mil 834 pesos en evaluaciones medicas, toxicológicas y psicológicas de integrantes de la Fiscalía.
