Yáñez Piña debe explicar irregularidades: Jorge Arturo Lomelí
Por: Fernando Trejo Lugo
En caso de comprobarse las irregularidades señaladas por la ESFE, José Luis Yáñez Piña, proveedor de jardinería beneficiado por el gobierno de José Calzada Rovirosa en obra pública, debe “aclararlas y si existen varias que quede incompleta su justificación, la verdad, tiene que pagar el hombre”, manifestó Jorge Arturo Lomelí Noriega, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicación de la LVII Legislatura.
El diputado del PAN reconoció que existen sanciones en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, tanto para los proveedores como para los servidores que aceptan su participación en obra pública y no cumplen con lo estipulado.
“Si este ‘amigo’ incurrió en actos de haber manejado recursos de una manera inadecuada en el marco legal, pues ahí está la sanción”, exhortó.
Lomelí Noriega comparó este caso con el fraude realizado a Banamex por Oceanografía, empresa de Amado Yáñez Osuna.
“Lo que debe hacerse también, si encuentran elementos la ESFE, también de la misma manera hay que inhabilitar como primer paso. En segundo paso, la autoridad (en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas) tendrá que hacer penal o civilmente las querellas correspondientes o la denuncia para efecto de recuperación de recursos y subsanar los errores que hay”, manifestó.
El ex presidente de la Mesa Directiva señaló que en la Legislatura se modificó la ley para que la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) tenga herramientas suficientes para “actuar civil y penalmente, de manera que todas las personas morales o personas físicas o proveedores, contratistas puedan reincorporar el daño que se hace a la entidad de origen”.
De acuerdo con el exdirector de Obra Pública Estatal en el sexenio de Ignacio Loyola Vera, una persona reincidente en las observaciones emitidas por la ESFE no es una persona que realice un trabajo ‘adecuado’.
Respecto a las obras públicas en que Yáñez Piña fue seleccionado a pesar de no ser la mejor opción, Jorge Lomelí indicó que “la ley de obra pública dice respecto a las contrataciones que tiene que ser la más solvente económicamente y con un precio razonable dentro de los que estén compitiendo. A veces hay criterios que se toman que no obedecen al 100 por ciento”.
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