Ambientalismo político y ciudadano para la paz
Cuando se habla de problemas ambientales, tales como pérdida de biodiversidad, contaminación, degradación de suelos, deforestación o falta de agua, se suele pensar que se trata de efectos colateral que sufre la naturaleza, impactada por las actividades humanas, sin reconocer que estos fenómenos tienen que ver, también, con los problemas sociales que vivimos de manera cotidiana, como la desigualdad de género, salud, educación, violencia, migración o nivel de vida.
Las actividades humanas ligadas al desarrollo y al progreso, se construyen sobre las bases materiales que sostienen la vida; por ello es necesario asumir que esas bases materiales planetarias tienen límites, ciclos y temporalidades. Hemos construido la idea, sobre todo en las ciudades, de que los humanos podemos emanciparnos de la naturaleza (Herrero, 2017). Pero si es posible que algunos grupos sociales, perciban que se puede vivir emancipados de la naturaleza, en un mundo “artificial”, es porque en otros lugares hay sujetos y territorios que son subordinados; de donde se extraen materiales, energía, agua, alimentos o donde se desechan los residuos, para sostener esas vidas
Por lo anterior, es necesario reconocer que los seres humanos somos ecodependientes (es decir, que la vida humana depende de los ecosistemas) y también interdependientes (los humanos dependemos de otros humanos). De ahí que los problemas ambientales no se pueden entender pensando solo en las relaciones de la sociedad con la naturaleza, sino también es central pensar en los arreglos sociales.
Hoy en día, las relaciones entre los grupos sociales son altamente desiguales en cuanto al acceso a los bienes comunes naturales (energía, bosques, tierra, agua, etc.), sobre todo en países de Latinoamérica, Asia y África, donde en las últimas décadas se han desarrollado proyectos neoliberales. La implementación de megaproyectos mineros, hidroenergéticos, inmobiliarios, turísticos, agroindustriales, bajo un modelo extractivo, cada vez más violento, intensivo y extensivo, ha generado un fuerte proceso de despojo de los bienes naturales, en territorios habitados por comunidades campesinas, indígenas o periféricas, impulsando mayor pobreza y vulnerabilidad en ellas.
Al mismo tiempo, estos megaproyectos, han perturbado los procesos ecosistémicos, provocando grandes problemas como el cambio climático o la desertificación, redundando en eventos naturales de gran impacto, como sequías prolongadas, inundaciones, pérdida de cosechas, ingesta de agrotóxicos, epidemias, entre muchos otros. La desigualdad también se evidencia entre quienes generan los impactos y quienes los padecen. Por ejemplo, la carga de los impactos climáticos y ambientales recae principalmente en mujeres y niños (ONU, 2022). Otros ejemplo es que la mayoría de los desplazados ambientales (por contaminación, inundaciones y sequias) derivan de las comunidades más pobres y marginales a nivel mundial (Ionesco et al, 2017).
La desigualdad, los proyectos extractivistas y la falta de inclusión de las voces de los afectados ambientales en la toma de decisiones, propicia tensiones y conflictos socioambientales por el acceso y gestión de los bienes comunes naturales, deteriorando la comunalidad y la paz social.
Sin embargo, a pesar de la magnitud de la crisis ambiental que estamos viviendo, política y socialmente pasa desapercibida. Por ello, nos contentamos con poner en marcha acciones individuales (reciclar, usar menos plásticos, etc.), donde el individuo, es el eje de acción, sustituyendo así la acción política como experiencia colectiva, que reconoce la ecodependencia y la interdependencia. Los problemas ambientales ya no deben ser vistos solo como alteraciones ecológicas, que pueden ser resueltas con soluciones administrativas y tecnológicas, se requiere una mirada compleja que permita visibilizar su dimensión política. De ahí que sostengamos la necesidad de un ambientalismo político y ciudadano, que vele por la salud de los ecosistemas y al mismo tiempo por la justicia y la paz social.
Un ambientalismo que reconozca el conflicto como inherente a los colectivos sociales y con ello, garantice que dichas disputas sean gestionadas sin que ninguno de los actores considere legítimo recurrir a la violencia para imponer sus intereses, como hasta ahora lo han hecho los poderes económicos y los gobiernos. Instituciones que lejos de estar capturadas por las élites, permitan construir marcos donde ocurra el ejercicio político, mediante la pluralidad de voces, acuerdos y transparencia (por ejemplo, el acuerdo de Escazú). Se requiere una ciudadanía organizada y participativa a favor de construir un desarrollo social y económico alternativo, basado en la materialidad finita del planeta.
La ética del cuidado, pone de manifiesto, que hay otras mejores formas de relacionarnos con la naturaleza y entre humanos, poniendo en el centro el cuidado de la vida, la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad. La crisis ambiental, no solo implica perder agua, suelo, especies, es perder espacios de la vida donde coexistimos humanos y no humanos. En los próximos años, necesitamos acelerar y agigantar los pasos que debemos dar, para cambiar el rumbo de esta crisis socioambiental, pues según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2022), el desarrollo humano ha retrocedido a los niveles, en que se encontraban en 2016, lo que revirtió gran parte del avance que se había logrado hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Informe sobre Desarrollo Humano 2021-22.
Ionesco, D., Mokhnacheva, D., Gemenne, F. 2017. The atlas of environmental migration. Routledge.
ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2022. ¿La claver para la acción climática y la paz sostenible? Participación plena e igualitaria de las mujeres. Herrero, Y. 2018. Conexiones entre la crisis ecológica y la crisis de los cuidados. Entrevista a Yayo Herrero López. Ecología Política. 54.
