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Contrainsurgencia en México, 1960-1980


2 de julio de 1974. Ya se cumplía un mes del secuestro del senador y candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, uno de los rostros más representativos del régimen autoritario mexicano. Secuestrado a principios de junio, los órganos de seguridad nacional no habían logrado su rescate y tampoco contener completamente el desafío guerrillero en la sierra de Atoyac. Para julio estaban claros que era necesario dar algunas vueltas de tuerca a la estrategia contrainsurgente: llevar a campo a todo el personal “que ha salido al extranjero para recibir diversos cursos de adiestramiento, que tienen relación con la contraguerrilla” y hacer conciencia en todo el personal de las Fuerzas Armadas, que no se estaban enfrentando a gavilleros o maleantes, como hasta ese momento había sostenido el discurso público del gobierno federal, sino que hacían frente a una verdadera guerrilla, así fue enfatizado en un informe secreto de la Secretaría de la Defensa Nacional:

Resulta conveniente el crear conciencia dentro de las Fuerzas Armadas, de la magnitud del problema debiendo reconocerlo en todos los niveles jerárquicos de mando, puesto que, si por conveniencia se le ha dado nombre de maleantes o gavillero para no deteriorar la imagen de México en el exterior, su forma de operar viene a ser exactamente igual a la de una guerrilla.

Pero el reconocimiento de la insurgencia y sus posibilidades, supuestas o reales, ya había encendido las alertas al interior de las dependencias encargadas de la seguridad nacional, al menos, una década atrás. Desde comienzos de la década de 1960 se desplegó un nuevo ciclo de violencia política, que se había ido alimentando en la experiencia autoritaria de la década anterior, cuya característica central fue la emergencia de una nueva disidencia popular que se materializó en organizaciones campesinas, obreras, populares y guerrilleras que, pese a sus diferencias de métodos, coincidieron en la necesidad histórica de hacer una nueva revolución con carácter socialista, popular y nacional. Con toda claridad el Estado mexicano desde 1965 comenzó un proceso para la identificación de esas nuevas organizaciones, sus redes y militancias, así como la adecuación institucional y la formación de personal para hacer frente al desafío de una nueva insurgencia social. A estos cambios, tanto ideológicos como institucionales, es a lo que llamamos el giro contrainsurgente de Estado mexicano, que se vio favorecido por los cambios que entre 1961 y 1965 se dieron en la geopolítica del gobierno de los Estados que directamente comenzó a favorecer o impulsar gobiernos autoritarios o dictatoriales.  Ya para 1969 resultaban innegables las condiciones insurgentes y la necesidad de articular institucionalmente la respuesta:

No se puede considerar como especial la situación de las guerrillas en el Estado de Guerrero, porque existen situaciones similares en la mayor parte del territorio nacional. […] Por lo que respecta a las guerrillas urbanas, existen planes muy diferentes en etapas de estudio y realización, contándose con el concurso y la valiosa cooperación de otras dependencias federales, principalmente la de la Secretaría de Gobernación.

Las dependencias eje del giro contrainsurgente fueron la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional que establecieron un complejo contrainsurgente, al que estuvieron coordinadas, en distinto grado, las policías estatales y municipales de aquellos escenarios principales de la contrainsurgencia. Se crearon nuevas dependencias especializadas en la contrainsurgencia, como el grupo C-047 de la Dirección Federal de Seguridad, o la Brigada de Fusileros Paracaidistas y el 2º Batallón de Policía Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional. A este complejo contrainsurgente muy pronto fueron articulados grupos clandestinos paramilitares, quizá los más representativos de esta nueva estructura fueron: los Halcones, Cuartel General contra la Subversión en Nuevo León o la Brigada Blanca antiguerrillera.

Sin embargo, la contrainsurgencia no sólo articuló estructuras y acciones militares o policiales, también consideró transformaciones jurídicas (como la inclusión del delito de terrorismo en 1970), acciones de tipo social en las zonas de insurgencia (jornadas médicas, construcción de caminos), acciones económicas o de desarrollo dirigidas a minar la base social de las organizaciones populares o guerrilleras; así como también articuló un discurso público a nivel nacional e internacional, este último fue tan eficazmente implementado que le permitió al Estado mexicano, por un lado, reconocer y construir relaciones con gobiernos socialistas (Chile, Cuba) y, por otro, evadir cualquier señalamiento internacional por las atrocidades cometidas contra las disidencias internas, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, que constituyen graves crímenes de Estado para los que aún no hay un dato preciso de sus víctimas.

Esta estrategia política internacional fue establecida por Luis Echeverría, la doctrina Echeverría, como él mismo reconoció en una conversación en 1972 con Richard Nixon, presidente de Estados Unidos:

en el discurso que voy a tener dentro de una hora en el Congreso, yo ratifico mis tesis del tercer mundo frente a las potencias, porque si en América Latina yo no tomo la bandera nos la quita Castro Ruz. Estoy perfectamente consciente de eso […] nosotros lo sentimos en México – que yo lo sentí en Chile, que se siente en Centroamérica, que se siente entre los grupos juveniles, entre los intelectuales – que Cuba es una base soviética en todos sentidos, militar e ideológica, que la tenemos en las narices […] México tiene que contribuir más que ningún país latinoamericano a quitarle una bandera de progreso a Castro Ruz…

Ya es un consenso más o menos generalizado que este periodo de contrainsurgencia se prolongó entre 1965 y 1985, fecha en que la DFS fue disuelta y con ello el complejo contrainsurgente. Sin embargo, aún queda el Ejército que, con variaciones, siguió implementando técnicas contrainsurgentes durante las décadas de 1980 y 1990.

Dada la amplitud de la estrategia diseñada e implementada por el Estado mexicano para contener o eliminar a las disidencias políticas, así como desarticular cualquier posibilidad de insurgencia, resulta no sólo insuficiente, sino teórica y políticamente erróneo el uso de la categoría de “guerra sucia” para definir este periodo. “Guerra sucia” hace referencia a la implementación de técnicas ilegales de la violencia de Estado para el combate a la disidencia, sin embargo, el término que más allá de su uso con fines periodísticos, no aporta claridad empírica ni conceptual al ciclo de violencia política y de Estado que duró aproximadamente 20 años, y que no afectó sólo a las organizaciones guerrilleras, sino a un conjunto más amplio de la disidencia política en México. Tomando sólo la aparición del uso de técnicas ilegales contra la disidencia se deja de lado el proceso de adaptación, aprendizaje y radicalización de las políticas y estrategias policiales-militares que se vieron implicadas en la contrainsurgencia, y sobre todo pasando por alto la propia definición del Estado de una situación (posible o de hecho) de insurgencia. Bajo el término “guerra sucia” quedan subsumidas tanto las prácticas de terror de Estado como otras violencias estatales, y conflictos políticos de distinto orden y grado, también oculta el uso de instrumentos legales para el combate a la disidencia, las definiciones de delincuencia y delitos nuevos, como el terrorismo, o el uso de políticas sociales para minar el apoyo a las insurgencias. Todos estos métodos no fueron un torcimiento de la ley, sino la adecuación contrainsurgente del Estado.

*Historiador por la UNAM. Autor del libro “[Tiempo suspendido] Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980”.

 

Referencias

-AGN, SEDENA. “Análisis y evaluación de la situación actual en relación con el secuestro del senador del estado de Guerrero, C. Ingeniero Rubén Figueroa, por la gavilla ‘guerrillera’ de Lucio Cabañas”, 2 de julio, 1974. Expediente 298, caja 100.

-Greg Grandin, Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism (New York: Henry Holt and Company, 2006).

-AGN, IPS. Información de Acapulco, 25 de abril, 1969, en Genaro Vázquez Rojas versión pública IPS, legajo 1/6, 2009

-The Nixon Tapes: Secret Recordings from the Nixon White House on Luis Echeverría, June 15, 1972, 10:31 am – 12:10 pm, Conversation No. 735-1, Cassette Nos. 2246-2248, Oval Office. Nationtal Security Archive, undefined

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