Nueva Ley General De Aguas
En estos días, en el Senado de la República se analiza y discute la creación de una nueva Ley General de Aguas, por lo que, en nuestro país, las y los senadores de Morena, han impulsado parlamentos abiertos para que la gente aporte y opine sobre esta iniciativa de ley que podría estar aprobada en abril para sustituir la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en 1992, por Carlos Salinas de Gortari.
En Querétaro, el senador, Gilberto Herrera Ruiz, organizó el primer parlamento el 14 de enero en el Teatro de la República.
La primera oleada privatizadora en nuestro país fue en 2009 y estuvo a cargo de la Comisión Nacional del Agua, al otorgar 1,738 concesiones, sin estudios de disponibilidad, en lugares con problemas de sobrexplotación.
Por eso es que actualmente existen 966 empresas, nacionales y trasnacionales, 1537 personas físicas y 801 asociaciones, que acaparan el 22.3% de toda el agua concesionada en México, lo que significa que sólo el 1.1% de todos los usuarios de agua en México, aprovecha más de una quinta parte de este bien común.
Aunque en 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua, en nuestra entidad, el 19 de mayo de 2022, la bancada panista aprobó la iniciativa de Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, lo que permite a los empresarios crear organismos operadores de agua, mientras el gobierno se hace cargo de la infraestructura y mantenimiento para su distribución, lo que representa un negocio a todas luces, lucrativo para la iniciativa privada.
Dos días después, el domingo 21 de mayo, el gobernador, Mauricio Kuri González, publicó en el periódico oficial del Gobierno del estado, la también llamada Ley de Aguas, que entró en vigor el 1 de julio de 2022, a pesar de las protestas de organizaciones de la sociedad civil, que fueron reprimidas, siendo golpeados y detenidos algunos de sus integrantes, a quienes les fueron abiertas carpetas de investigación.
El colectivo Bajo Tierra Museo del Agua, una de las organizaciones que solicitó una discusión y análisis de la ley, al advertir el carácter privatizador de la misma, identificó en su estudio “Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común”, alrededor de 22 organismos privados, operadores de agua en Querétaro, que “están asociados a compañías inmobiliarias, cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales, son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento”.
En el parlamento participaron de manera destacada con cifras, datos, estadísticas, opiniones y testimonios, científicos, ambientalistas, activistas sociales, campesinos, indígenas y asistentes en general.
Manuel Zamorano, activista del municipio de El Marqués, mencionó que en el estado de Querétaro existen 179 pozos sin concesión, que operan ilegalmente, por lo que los definió como huachicoleros del agua. También denunció que la venta del líquido en pipas, es el gran negocio de los organismos privados operadores.
Por su parte, Pedro Moctezuma Barragán, catedrático de la UAM y autor de la investigación México: acuíferos sobreexplotados. Grieta extractivista o espiral, utilizó dos neologismos para definir al reducido grupo de los señores del poder que se benefician con el acaparamiento: hidrocracia y aguatenientes.
En tanto que, el promotor del foro en el Teatro de la República, el senador Gilberto Herrera Ruiz, señaló que, en nuestra entidad, más de 30 mil metros cúbicos de agua son administrados por los concesionarios y solo mil son para la población en general.
También advirtió que, en caso de aprobarse la iniciativa federal, los congresos locales tendrán que adecuar su reglamento para la operación de la nueva ley de aguas, pese a que ya existan legislaciones, como en el caso de Querétaro.
