Adiós Lázaro
Por: Salvador Rangel
En 1938, cuando las empresas petroleras extranjeras se negaron a firmar contrato colectivo de trabajo con el sindicato petrolero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las obligó, y los representantes se negaron a acatar el fallo del máximo tribunal del país, por lo que el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río firmó el decreto de expropiación el 18 de marzo de 1938 y la Secretaría de Economía Nacional -con la de Hacienda- tomaron posesión de los bienes de las empresas. Y el petróleo pasó a ser propiedad de la nación.
Y el pueblo se volcó para ayudar económicamente de acuerdo a sus posibilidades y, en algunos casos, con verdadero sacrificio; entregaron joyas, dinero en efectivo para contribuir al pago de la deuda contraída por la expropiación.
Pasaron los años y PEMEX se constituyó en una fuente de ingresos para la nación y, desafortunadamente, a la par se generaron grandes fortunas de los líderes sindicales, de empleados de la paraestatal que recibían “comisiones” por otorgar contratos. El sindicato petrolero es un bastión de votos para el partido oficial, otorga apoyo de contingentes para las campañas políticas, cuantiosas sumas de dinero para propaganda; pero nada de eso es gratuito, como en la contabilidad hay un debe y un haber, es decir, el apoyo tiene precio: una senaduría para el líder máximo del sindicato y con ello el fuero, por aquello de las dudas de una investigación que lo pudiera colocar en una situación de riesgo; también una diputación federal para el tesorero.
Millones de pesos entrega PEMEX al sindicato para apoyo de actividades deportivas, sociales; decenas de trabajadores son comisionados en el sindicato sin perder sueldo y prestaciones; del dinero entregado no hay que comprobar nada a la empresa.
De acuerdo con el Contrato colectivo de trabajo con el sindicato petrolero, los trabajadores se jubilan con una buena pensión; en ese sentido no hay objeción, fueron peticiones aceptadas por el patrón (PEMEX) y tienen todo el derecho a disfrutarlas. El problema es que la empresa no creó el pasivo para hacer frente al pago de las obligaciones contraídas.
Y ahora que los diputados y senadores -del partido oficial y adjuntos- han modificado la Constitución para permitir la participación privada en la explotación del petróleo, instalación de estaciones de servicio, entre otras facilidades a empresarios extranjeros y privados, se dan cuenta de que no existe el fondo para hacer frente al pago de pensiones y jubilaciones, así que hay que dejar a los futuros empresarios fuera de todo problema financiero. En una palabra, hay que entregar la empresa limpia de problemas económicos y, pues, nada más fácil que endosar el problema a la deuda pública.
Los jilgueros del partido oficial y sus corifeos dicen que no hay problema, que la deuda ya existe y lo único que han hecho es pasarla de un cajón -PEMEX- a otro -deuda pública-.
Pero los ciudadanos ven que es una trampa; si el adeudo es de la empresa, debe hacer frente a sus obligaciones, con recorte de personal, revisión de procesos administrativos, recorte de las prestaciones a los nuevos contratados, para dejar a salvo los derechos adquiridos de los trabajadores.
Se requiere de una investigación a fondo, una comisión de la verdad, para saber los nombres de quienes, por comisión u omisión, no constituyeron el fondo para pagar las pensiones y jubilaciones; conocer desde cuándo el sindicato ha entregado -en dinero o especie- cantidades para campañas políticas. Si bien no se podrá enjuiciar a los protagonistas de esta falla administrativa, al menos que reciban la sanción pública, que tal vez no les interese en lo mínimo.
En caso de aprobar, que no hay duda de ello, ya que se impondrá la aplanadora de diputados oficiales, como lo hicieron con el Fobaproa, y el traspaso del pasivo laboral pasará a la deuda pública, que tendremos que pagar todos los ciudadanos.
Pero no nada más es el pasivo de Pemex, también el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que hay que facilitar todo a los empresarios extranjeros y nacionales. Nada de complicaciones, “borrón y cuenta nueva”. PEMEX tiene pasivos por 1.2 billones de pesos y los de la CFE ascienden a 507 mil millones de pesos. De ese total de adeudos, el gobierno absorbería una tercera parte a largo plazo, pero deberá ser pagado por todos los mexicanos.
Y los nostálgicos ven que el decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas ha quedado mutilado; ahora los extranjeros volverán a explotar y comercializar el petróleo. Las ganancias las privatizan y las deudas las socializan.
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