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AGN: Cárcel de la memoria

Si se supone que la 4T aspira a abrir un camino sólido hacia la democracia, la justicia, la reconciliación y la paz, ¿por qué se continúa manteniendo bajo llave a los archivos del pasado reciente?

Nuevamente el Archivo General de la Nación dio de qué hablar. Ahora, en un enlace compartido públicamente, la institución que resguarda la memoria documental del país solicitó el 16 de enero a investigadores y público en general: compartir su interés en ‘liberar’ los fondos de las extintas Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS).

Concernientes a las políticas de seguridad e inteligencia que mantuvo el Estado mexicano durante el siglo XX, para así, apoyar su solicitud de transparencia al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

¿Por qué las autoridades del AGN están trasladando la responsabilidad al INAI para dar acceso pleno e irrestricto a los documentos originales de dichos fondos? Una lectura sesgada de la Ley General de Archivos (junio de 2019), les ha permitido evadir su obligación de garantizar la libre consulta, ya que la Ley dice que todo “documento histórico” –es decir, que esté ya en un archivo histórico, como el AGN–, no necesita de la autorización del INAI para dar la apertura; debido a que dichos documentos ya son públicos y libres de cualquier candado, reserva o confidencia.

La labor del Instituto, es permitir el acceso a documentos que aún no forman parte de acervos históricos, como instituciones administrativas-gubernamentales actuales o en activo, por ejemplo.

Académicos advierten que el máximo archivo del país, desde hace varios años, ha venido haciendo uso de una categoría particular para consultar ambos fondos. Las “versiones públicas”; con lo que se lavan las manos.

Sin embargo, los documentos de dichas versiones no son públicas; no están completos, no son los originales y están testados sin una lógica consistente, siendo tachados con plumón negro párrafos enteros del documento, haciendo muy complicada, sino es que imposible, la lectura y compresión del texto y del fondo en cuestión; lo que, a su vez, nubla la posibilidad de analizar al Estado mexicano contemporáneo.

Este es el problema con el AGN. Se comprende –aunque nunca se justifica– que, en los sexenios anteriores del PRI y el PAN, se ‘cuidara’ el acceso a los archivos de índole político porque los encargados acataban las órdenes de la clase política en el poder, que podría ver afectados a algunos de sus integrantes –varios de ellos todavía en activo y luciendo la nueva casaca de Morena, por cierto–.

Sin embargo, si se supone que la 4T aspira a abrir un camino sólido hacia la democracia, la justicia, la reconciliación y la paz, ¿por qué se continúa manteniendo bajo llave a los archivos del pasado reciente? Hasta ahora, las medidas al respecto de esa esperada ruta de cambio, han estado encaminadas hacia actos simbólicos y demagógicos poco concretos. ¿Que protegen los directivos nombrados por el nuevo gobierno? ¿Quiénes están atrás de estas acciones obstaculizadoras?

La vieja cárcel de Lecumberri, donde se encerró a miles de disidentes políticos del no tan viejo régimen, ahora mantiene encarcelada la memoria documental de las víctimas, del 68, de las guerrillas, de las luchas obreras, campesinas y estudiantiles de todo el país. La memoria del México democrático y revolucionario quizá se vea ensombrecida una vez más.

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