Amparo contra la ley que regula el agua potable y anexas
Repudio total al crimen de los Jesuitas y del Guía de Turistas e investigación a fondo.
Mientras la sociedad queretana continúa sus movilizaciones sociales en contra de la ‘Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro y deroga diversas disposiciones del Código Urbano de Querétaro’, aprobada por 16 votos del PAN y sus aliados, el 19 de mayo de 2022 y publicada velozmente por Mauricio Kuri en el periódico oficial ‘La Sombra de Arteaga’, apenas dos días después, el día 21 de mayo, tal como le expresé en el artículo ‘La Privatización del Agua en Querétaro’ (Tribuna de Querétaro, 30 de mayo de 2022. P.13). Sin embargo, ha sido y es clara la falta de diálogo y de sensibilidad política del gobierno y del congreso queretanos, quienes no consultaron a la ciudadanía y además hicieron oídos sordos a las voces de los académicos y estudiantes universitarios, al propio cuestionamiento de Teresa García, rectora de la UAQ, quien respaldó a los que se manifestaron, en la Marcha Universitaria Apartidista del pasado viernes 18 de mayo, misma que contó con apoyo popular, bajo la consigna central de ¡No a la privatización del Agua!
Posteriormente ocurrieron nuevas movilizaciones como la realizada el 19 de mayo, convocada, entre otros por el Frente Democrático por la Soberanía Nacional (FD-SN) mientras se aprobaba la susodicha ley. Cabe señalar que según el estudio “Acaparamiento de lo Público”, dado a conocer por el organismo “Poder, Labip y Museo Ciudadano del Agua de Querétaro”, (Querétaro, 2022) la entidad se ubicaba en sexto lugar en el estrés hídrico, pues de los 12 acuíferos de la región, 6 se encontraban sobre-explotados, mientras que 22 grupos privados, particularmente desarrolladores inmobiliarios e industriales, se habían anticipado a conseguir concesiones irregulares para la extracción, distribución y explotación de agua, tanto para consumo doméstico como para usos comerciales e industriales, tales como los operan a nivel nacional, por ejemplo la refresqueras Coca Cola y Pepsi Cola, además de cervezas, jugos, lácteos, embotellamiento de agua en botellas de plástico y garrafones, entre otras.
Según datos de “Contralínea” (https;//contralinea.com.mx), la empresa refresquera Femsa-Coca Cola y sus filiales, explotan al año 28.2 millones de metros cúbicos de agua, mismos que servirían para abastecer de agua a poblaciones de un poco más de medio millón de habitantes (mitad de la población queretana). Por ese consumo y comercialización del agua pagan 2 mil 600 pesos anuales por cada una de las 46 concesiones que tiene en todo el territorio nacional; y sus ganancias alcanzaron, por ejemplo, en 2007, más de 32 mil 500 millones de pesos.
En ese contexto, las movilizaciones continuaron, mientras grupos de colonos, estudiantes, maestros e indígenas, bloquearon un sector de la avenida 5 de febrero, frente a la CEA, para protestar nuevamente contra la privatización del agua. El 10 de junio se convirtió en una fecha doblemente emblemática, tanto por la memoria de los estudiantes reprimidos por LEA, como por la acción represiva de la Policía Estatal, con saldo de varios heridos y por lo menos 3 detenidos: Armando Isidro Eduardo, Roberto Garrido y Juan Pablo Sevilla, mismos que, gracias a la organización estudiantil y a los reclamos de la rectoría de la UAQ, fueron liberados. Por otra parte, el 17 de junio nuevamente las protestas salieron a relucir en la ‘Marcha Civil Pacífica Apartidista’, convocada por la ‘Red en Defensa del Agua y La Vida’, en ‘Contra de La Ley de Aguas y la Represión’, con destino a Plaza de Armas.
Bajo estas pautas, pero en el ámbito jurídico, en calidad de ciudadanos; Isadora Ríos, Yolanda Correa y quien esto escribe, depositamos en el Juzgado de Distrito, el día 20 de junio de 2022, un amparo respecto de la denominada Ley de Agua, en contra del Congreso del Estado, el Gobernador de Querétaro, el Secretario de Gobierno, el Vocal Ejecutivo de la CEA y el Secretario de Obras del Gobierno del Estado por diversas violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales, expresados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 25, 27, 28, 73 y 133, bajo la asesoría legal del Lic. Arnulfo Moya Vargas, con la intención de alcanzar una suspensión de la mencionada Ley. El No. Provisional de Folio es el 121450, en tanto obtenemos respuesta sobre su admisión.
Nos alienta saber que existen otros recursos legales que han impulsado otros ciudadanos y organizaciones sociales, que van en el mismo tenor del derecho humano al agua y a la subsistencia, conforme a la norma constitucional mexicana y a los tratados internacionales que nuestro país ha signado. Esperamos que en el criterio del juzgador prime el derecho colectivo y no los intereses económicos de los grupos privados beneficiados.
