Si revisamos la historia de los esfuerzos emprendidos por el pueblo de México para lograr su emancipación y democracia, veremos que siempre se han dado a contracorriente del poder dominante. Esto parece obvio, sin embargo, los discursos oficiales suelen alegar que “el gobierno hace todo por sacar al pueblo de la ignorancia y de la barbarie, para conducirlo a la civilización, y si no lo consigue, sólo el pueblo es responsable por su tozudez o apatía”. Lo que suceda en los hechos, es otra cosa; la gente común sufre las contradicciones, aunque no siempre las perciba ni sepa reconocer sus causas. Por eso, el papel de los científicos sociales, historiadores, politólogos, o periodistas resulta relevante para develarlas.
Con los gobiernos autoritarios reina la oscuridad en dos sentidos: 1) Al dictador no le conviene que la gente se entere de cuándo, por qué o quiénes toman las grandes decisiones que le afectan. A pesar de esa opacidad, los grupos que sufren las consecuencias, saben, o al menos sospechan, que el gobernante es peligroso y hay que cuidarse. 2) Quienes luchan por la emancipación (siempre hay algún grupo dispuesto a arriesgarse), suelen hacerlo en la clandestinidad, pues su esfuerzo implica correr riesgos: perder el trabajo, sufrir exclusión, cárcel, tortura o, incluso, muerte.
Un gobierno, en cambio, que se abre al debate, transparenta lo que hace y busca develar lo que han hecho gobiernos anteriores, genera gran desconcierto. ¿Cómo saber si su apertura es real o si se trata de una farsa?
Responder a tal pregunta no es fácil y menos en tiempos de pandemia, gran crispación, infodemia y confusión, como el actual.
En este contexto, el análisis de la consulta ciudadana, que ahora estrenamos (para solicitar que se revisen las acciones de los expresidentes neoliberales), se ve zarandeado por opiniones tajante y visceralmente opuestas.
Por un lado, escuchamos que dicha consulta no es más que la expresión de una “dictadura plebicitaria” (sic) (según calificó cierto escritor mexicano); o que realizarla “es validar un absurdo, una aberración, una locura” (como señaló conocido opositor); o que es “un despilfarro y un sinsentido pues nunca se alcanzará el porcentaje de votos requeridos para volverla vinculante”, “que aunque se alcanzara, el proceso de juicio es tan complejo que resulta inviable” (como agregan diversos opositores, entre los que se encuentra el mismo INE, pues desde su última reforma parece haberse puesto al servicio del mejor postor).
Quienes están a favor de la consulta, cuestionan: ¿En qué sentido es autoritario un gobierno que se empeña en informar a la población día con día, cada cosa que hace y en transparentar las múltiples estafas de que ésta ha sido objeto, por los detentadores del poder, que privilegia a quienes menos posibilidades tienen de decir su palabra, tratando de mejorar sus condiciones, que alienta a la población para hacer oír su voz, frente a los poderes fácticos, y que incluso se coloca al filo de la navaja, al proponer una iniciativa de ley que vuelva efectiva la revocación de mandato cuando algún presidente le falle al pueblo, incluido él?
¿Por qué tanto empeño en desalentar o boicotear una consulta ciudadana?
Tal empeño, en mi caso, resulta contraproducente.
Independientemente de que el resultado permita o no, juzgar a los expresidentes de nuestra nación; lo relevante con esta iniciativa es: avanzar hacia la construcción de una democracia participativa (y trascender ésa que se reduce a 3 minutos, cada 3 o 6 años); contribuir a que el pueblo contraste la información que recibe, pregunte, busque, se exprese, discuta y se entere de cómo nuestra nación ha sido estafada y cómo nuestro país se ha ido desmantelando para ser vendido a los grandes poderes trasnacionales.
Este nuevo esfuerzo se da con todo en contra (el boicot de la élite, la pandemia, la infodemia, el desaliento popular), pero va y hay que darle la bienvenida.
*Miembro del ‘Movimiento por una educación popular alternativa’ maric.vicencio@gmail.com
