La falacia del orden: #AguasConLaLeyDeAguas
A favor de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, aprobada este jueves en el Congreso local, se han presentado principalmente tres justificaciones: el interés por la sustentabilidad, la negación de privatización y la necesidad de orden.
Cuando la sociedad civil y academia demostraron que la iniciativa no daba el ancho para una Ley de Agua porque no contemplaba visión integral, de cuenca ni de cambio climático, los diputados decidieron reducirla a una ley específica de los servicios. Mismo contenido, nuevo nombre, revelando así que la motivación real no estaba en los problemas hídricos ni el agua en su conjunto, sino en su reparto. Intentando de paso limitar la participación ciudadana aludiendo a que lo ambiental (como si el agua pudiera dejar de ser un componente ecológico) vendría “después”, en otras leyes.
Todos admitieron que la privatización no es opción, pero negaron que el contenido o la intención de las iniciativas fuera privatizar. Un par, del Revolucionario Institucional, dijeron que si resultaba serlo votarían en contra. En efecto, se abstuvieron de votar, una vez que se demostrase que en efecto la concesión de servicios públicos es una de múltiples modalidades de privatización enunciadas, entre otros, por el Informe Especial de Naciones Unidas en la materia.
Por último, los promotores de la iniciativa admitieron la necesidad de poner orden en un contexto donde las operadoras privadas ligadas a inmobiliarias han ido tomando control del territorio sin tomar responsabilidades. Desorden acontecido con anuencia de los gobiernos previos, de los que varios de los hoy legisladores formaron parte.
Lo interesante es que hay muchas formas de poner orden. Los permisos otorgados son jurídicamente reversibles porque la mayoría se dieron en marco de ilegalidad, ya sea porque a falta de regulación se rompió el principio de que “la autoridad solamente puede hacer aquello que expresamente le manda la ley”, porque hay transferencia ilegal de aguas de por medio en contravención con la Ley de Aguas Nacionales, o bien porque están violando obligaciones ligadas a los derechos de aguas, por ejemplo, el manejo del agua residual. ¿Qué exactamente se busca ordenar entonces?
Poca importancia tiene que lo aprobado corresponda en efecto a la definición de privatización y la resistencia de quienes insisten en negarlo porque ¿cómo se verían admitiendo su error descuidado o malintencionado? El hecho concreto es que en Querétaro la concesión del servicio público de agua ha sido la puerta de entrada para expandir el negocio inmobiliario a costa de poblaciones y ecosistemas. El otro hecho puntual es que concesionar el servicio a operadoras privadas con conflicto de interés es legalizar el acaparamiento de agua y tiene el mismo e incluso peor efecto que el resto de formas de privatización que existen.
El agua no es un tema menor. Es el bien natural común que sostiene la vida. Llama la atención que no obstante el creciente rechazo social, dentro y fuera de la entidad, a la ley aprobada, las votaciones se hayan dado en medio de manifestaciones, expresiones de descontento en redes y discursos maniqueos, que dejaron totalmente expuesto al poder legislativo. ¿Por qué o por quién se están jugando su capital político?, ¿alcanza para que el propio gobernador del Estado haga lo propio tras tambaleos en su aún corta administración, como el eje vial, el reemplacamiento y la ley mordaza? Al tiempo.
