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Las entrañas del Ejército Mexicano

En realidad, la violencia del Estado mexicano no ha sido muy estudiada. Y menos la del Ejército.

El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, no es el único integrante del Ejército Mexicano en ser vinculado con las peores prácticas del Estado como la represión y el crimen organizado. Por supuesto que la Sedena ha sido discreta con su historia, sacando el alegato de la seguridad nacional para limitar que se escarbe en su pasado y sus páginas oscuras. Y no es por nada, de ese instituto han surgido cinco presidentes tras los convulsos pero fundamentales años de la Revolución: A. Obregón, P. E. Calles, A. L. Rodríguez, L. Cárdenas y M. Ávila Camacho.

En realidad, la violencia del Estado mexicano no ha sido muy estudiada. Y menos la del Ejército.

Por su puesto que el rostro autoritario está presente en muchos textos, especialmente sobre la matanza de Tlatelolco (entonces el titular de la SEDENA era Marcelino García Barragán, padre de Javier García Paniagua titular de la Dirección Federal de Seguridad —arrestado por narcotráfico—, a su vez padre de Omar García Harfush, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX) y, en general, sobre la represión contra el movimiento armado (a cargo de Hermenegildo Cuenca Díaz), todavía llamada con el nombre poco claro de “guerra sucia”, pero no se ha abordado cuál era la lógica de dicha violencia: ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué? Preguntas básicas pero elementales que pocos han intentado responder.

Otras concepciones básicas, como el espacio y tiempo de este proceso —“guerra sucia”, “guerra de baja intensidad” o “contrainsurgencia”— han variado al no haber un criterio metodológico consensuado ni más exacto. Su “inicio” se ha ubicado desde los levantamientos armados de Jaramillo en los cuarenta, el asesinato del mismo en 1962, el asalto al cuartel militar de Madera en 1965, o desde la matanza de Tlatelolco en 1968.

¿Cuándo termina? Entre los sexenios de López Portillo y De la Madrid Hurtado, con la amnistía del 78, las “últimas” detenciones-desapariciones y la desintegración de la DFS en 1985 por sus claros vínculos con los cárteles de entonces. La regionalización también es divergente; en Guerrero, Morelos, Chihuahua, Ciudad de México, etc., no en todas las regiones “inicia” y “termina” en la misma fecha. Incluso se barajea la posibilidad de ligar la “guerra sucia” con la “guerra contra el narcotráfico” y expandir, entonces, el periodo de la violencia del Estado, siguiendo “otra guerra sucia”, una “segunda guerra sucia” o la continuación de la “primera”. Ya que las raíces y ramificaciones de la violencia son vastas.

En lo que a la estrategia contrainsurgente se refiere, numerosas investigaciones ofrecen evidencia clara y muy bien sistematizada sobre las desapariciones a manos del Estado, tomando como base los testimonios de los detenidos-desparecidos de manera temporal, de los sobrevivientes de la contrainsurgencia, y de los “archivos de la represión”, es decir, de los fondos de la DFS y la DGIPS.

Los manuales militares —sobre el entrenamiento antiguerrillero y contrainsurgente del Ejército, proporcionado por los Estados Unidos— también son una fuente para comprender la violencia, ya que el Ejército colaboró desde un principio en dicha estrategia, encabezando su ejecución.

¿En qué consistió la contrainsurgencia? Algunos elementos son las cárceles clandestinas, en las que los detenidos-desaparecidos —generalmente— pasaban por el Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México; la “profesionalización” del circuito hasta mejorar la estrategia, que llegó a su pleno entre 1974 y 1978, fechas en las que más personas fueron desaparecidas de manera permanente (antes de la “guerra contra el narcotráfico” del 2006 a la fecha, claro); la desarticulación de las redes guerrilleras; los “vuelos de la muerte” y la persecución en Guerrero; la Brigada Blanca conformada en junio de 1976 (que actuó en el Valle de México, cuyo objetivo era exterminar a la Liga Comunista 23 de Septiembre); el papel activo del poder judicial; el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en Sinaloa en 1976-1977 que le da otro marco a la violencia del Estado, alcanzando a la población civil no confrontada con el Estado; el discurso de la contrainsurgencia y la creación del enemigo, con lo que se “justificaba” su represión; las torturas, muchas veces aplicadas directamente por los dirigentes de la DFS; los documentos internos y las palabras clave para nombrar a los detenidos y los desaparecidos, hasta llegar al grado de dejar plasmadas ficciones que “explicarían” qué fue de los desaparecidos, haciendo una doble desaparición, tanto física como documental; la negación pública de la propia existencia de las guerrillas, así como de la represión por parte del Estado, etc.

Las violencias del tiempo presente —como la “guerra contra el narcotráfico”—, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa (con la colaboración del Batallón 27 de Infantería, al que Cienfuegos evitó investigar), etc., le dan otro marco para revisitar las violencias del pasado reciente, de donde provendría, en parte, la violencia actual.

Esta remite a investigar con mayor seriedad la violencia contemporánea. Entendiendo que los criterios históricos sobre esta estrategia contrainsurgente deberían ser tomados en cuenta por las políticas públicas de hoy, si es que desde éste ámbito se busca fortalecer la memoria, la verdad y la reparación, obviamente poniendo en el centro a las víctimas. Y buscando, como nunca se ha hecho en México, ampliar los marcos de la justicia al interior del Ejército.

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