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Memoria de Ayotzinapa. Herida 7 años abierta

En el 2014, las desapariciones masivas contra migrantes en el norte del país ya no eran novedad, mucho menos la violencia por parte de los cárteles del crimen organizado ni tampoco los señalamientos -acompañados de múltiples pruebas- en el sentido de que parte del gobierno en sus tres niveles estaba coludido con parte del crimen organizado. Para entonces, había unos 40 grupos de autodefensa en 14 estados de la República para hacerle frente al Narco-Estado. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de aquel año, en Iguala, Guerrero, dejó una profunda herida en la sociedad. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, fueron desaparecidos y otros tres fueron asesinados (a uno de ellos le fue desollado el rostro; hubo más asesinados y muchos heridos, no necesariamente estudiantes), entre integrantes de un grupo criminal local, además de la policía y la omisión -por lo menos- del Batallón 27 de Infantería. El shock inicial fue acompañado de numerosas y masivas manifestaciones en todo el país durante los siguientes meses de lo que restaba del año. El gobierno buscó darle ‘carpetazo’ al caso (a principios de noviembre) con su informe de la “verdad histórica”, afirmando que los normalistas habían sido incinerados el 27 en un basurero cercano a Iguala, cuando los únicos restos óseos que podían ser de utilidad eran los del dedo meñique de uno de ellos.

El “Tribuna de Querétaro” del lunes 29 no alcanzó a dar cuenta de lo ocurrido, ya que su edición cierra los viernes en la noche, justo cuando los estudiantes estaban siendo víctimas de un crimen de Estado. En aquel número se abordan las protestas de colonos en contra de la construcción de la estación del tren rápido cerca de sus casas (la que ya no se construyó, debido a que todo el proyecto se canceló tras revelarse que la licitación del mismo habría sido favorecida a una empresa que ‘regaló’ una millonaria ‘casa blanca’ al Presidente Peña Nieto); los problemas continuos del transporte urbano; se anunciaba una conferencia del Diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, quien hablaría sobre la privatización del petróleo, “el robo del siglo”, etc. Lo que llama la atención es que, en el número siguiente, del 6 de octubre, tampoco hay una mención al respecto. Es hasta la del 13 de octubre, cuando ya colocan el tema en la portada y se trata en las columnas de opinión, lo que nos indica lo lento que fue surgiendo la inverosímil información del caso. El “Noticias” y el “Diario de Querétaro” abordaron lo sucedido con frialdad, mandando la información que iba surgiendo (alrededor del 30 de septiembre) a las páginas interiores. Pero si los juzgáramos por sus portadas de aquellos días, pareciera que todo ocurre sin mayor sobresalto. Se habla del éxito del maratón en la ciudad; del inicio de las campañas por la rectoría de la UAQ; sobre la primera boda gay en la entidad; del registro de Morena ante el IEEQ; de la inauguración de la tienda Palacio de Hierro en la ostentosa Plaza Antea, etc. Del caso Iguala-Ayotzinapa, a informarse a otro lado.

Vendrían marchas como la del 8 de octubre -simultánea en casi todos los estados del país-, cuando alrededor de tres mil personas se juntaron en la UAQ y marcharon por el primer cuadro de la ciudad para demandar a las autoridades federales y estatales de Guerrero que buscaran a los normalistas, así como castigar a los culpables. Al final, en la Plaza de Armas se colocaron veladoras y mensajes de solidaridad con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, cuyas fotografías ya circulaban por las redes sociales, viéndose en todas las manifestaciones. Incluso se les pasó lista y tras decir su nombre, todas y todos gritaban “¡Presente!”, seguido de un “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, en una protesta llena de euforia e indignación. El paro nacional del 22 y el 23 de octubre fue convocado por varias universidades y los normalistas, al que se sumaron estudiantes de la UAQ. En los primeros días de noviembre de 2014, el Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, dijo cerrar el caso durante su informe sobre el caso Ayotzinapa, con su supuesta “verdad histórica”. Expertos ponían en duda que fuera posible incinerar hasta la calcinación a tantos cuerpos en tan pocas horas y en las condiciones expuestas. Diversas instituciones educativas del país, aglomeradas en la ‘Asamblea interuniversitaria’, habían exhortado a realizar otro paro nacional de 72 horas, del miércoles 5 al viernes 7 de noviembre, al cual se sumaron la UAQ (a pesar de cierta resistencia por parte de la FEUQ), el ITQ y el Conservatorio ‘J. Guadalupe Velázquez’. El 6 en la mañana, unos dos mil estudiantes de la UAQ, el ITQ, la Normal del Estado, la UPN, el Campus de la UNAM y la UTEQ, marcharon, gritando “¡Guerrero, aguanta, Querétaro se levanta!”; “No descansaremos hasta tenerlos de vuelta” se leía en una de las mantas. En Amealco, estudiantes y profesores de la UAQ también salieron a protestar. El 10 de noviembre volvieron a marchar, ahora unos 1500 estudiantes, llegando a protestar frente al Palacio de Gobierno, donde una vez más se mantuvieron las puertas cerradas. En la jornada nacional del 20 de noviembre -con marchas en más de cincuenta ciudades del país y con muestras de solidaridad en otras 66 ciudades de 33 países- y por las personas desaparecidas de Querétaro, más de dos mil estudiantes y ciudadanos marcharon por el primer cuadro de la ciudad al ritmo de la ‘Marcha fúnebre’ de Chopin, en su mayoría vestidos de negro y portando algún retrato de uno de los normalistas. En diciembre, sin embargo, las protestas bajaron rápidamente de intensidad. No obstante, la indignación y la tristeza, a 7 años, siguen presentes. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

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