Propuesta de reforma del Sistema Eléctrico Nacional: soberanía vs. entreguismo
El pasado 1 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma constitucional para modificar parte de los artículos constitucionales 25, 27 y 28 con el fin de reforzar al Sistema Eléctrico Nacional y proteger la riqueza derivada del litio para las generaciones actuales y futuras.
El neoliberalismo en México, con sus gobiernos del PAN y del PRI, buscaron a toda costa, mientras controlaron el gobierno federal, desmantelar al sector energético nacional con el fin de entregar partes sustanciales a privados, principalmente a trasnacionales extranjeras.
Este proceso viene de lejos, inicia con la partición de Pemex, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en cuatro subsidiarias: Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Esto en sentido totalmente contrario a la tendencia internacional de tener compañías integradas, tal como han hecho trasnacionales como British Petroleum, Exxon, Total, Shell, Chevron y muchas más.
El proceso continúa con el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por parte del gobierno de Felipe Calderón, en 2009. En realidad, se hallaba oculto otro gran negocio con LFC: la privatización de su red del rentable negocio de la fibra óptica, de la que la compañía tenía ya instalados, en 2009, mil 100 kilómetros, con más de 27 mil clientes potenciales.
Los gobiernos panistas y priistas intentaron también desmantelar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un esquema semejante al de Pemex, dividirla en una serie de subsidiarias y filiales con el fin de preparar la privatización de los sectores más rentables.
El proceso anterior cristalizó con el bodrio de la reforma energética de 2013, que modificó justamente los artículos constitucionales 25, 27 y 28. El núcleo de estas modificaciones fue la legalización de contratos a particulares en el sector energético, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica. Los legisladores panistas y priistas no pusieron ningún candado a empresas extranjeras y hoy pagamos el precio de ver que la tercera parte de las gasolineras del país están controladas por empresas privadas, principalmente extranjeras, y que la mayor parte del mercado eléctrico privado está controlado también por trasnacionales extranjeras, principalmente españolas.
Cabe señalar que panistas y priistas habían permitido, en el caso del sector eléctrico, la flagrante violación del artículo 27 constitucional que señalaba, claramente, que correspondía exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera por objeto la prestación de servicio público y que en esa materia no se otorgarían concesiones a los particulares.
Sin embargo, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya en 2008, los privados estaban generando 110 gigavatios por hora, por 140 que generaba CFE, es decir, un 44 por ciento estaba generado por privados, a pesar de la prohibición constitucional.
Pero, además, de ese 44 por ciento, el 70 por ciento estaba ya controlado por las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. En este contexto, la iniciativa presidencial busca regresar a la nación el control de su sector eléctrico para que no terminemos como los españoles que están pagando muy caro el haber permitido la privatización de su sector energético y hoy, sin alguna alternativa, deben pagar tarifas eléctricas estratosféricas.
