Sin archivos no hay verdad
Continúa el atropellado proceso para conocer la verdad de la historia reciente de México. El pasado 15 de agosto la Comisión para la Verdad y el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH) —que nació hace veintidós meses por decreto presidencial—, compartió un pronunciamiento dirigido a la opinión pública y a las autoridades competentes, “frente a la falta de acceso a la totalidad de archivos del extinto CISEN”. Recordemos que el presidente López Obrador —quien dijo haber votado por Rosario Ibarra de Piedra en el 2018, como un homenaje a su lucha por encontrar a las y los desaparecidos políticos de la ‘guerra sucia’—, ordenó que todos los documentos del desaparecido —por él— Centro de Investigación y Seguridad Nacional (hoy, convertido en Centro Nacional de Inteligencia), fuesen entregados al Archivo General de la Nación para su consulta pública y para que no haya impunidad en los casos de dichas violaciones.
Sin embargo, para sorpresa de nadie, las agencias encargadas de la seguridad e inteligencia, las policías y el Ejército no han colaborado con la labor del MEH y la Comisión, haciéndose los sordos ante la orden presidencial. A un año de que termine la labor del Mecanismo —que, entiendo de su ‘visión’ y ‘misión’, es, principalmente, “esclarecer y comunicar” la violencia política con una narrativa que “reivindique la dignidad de las víctimas”—, resulta necesario acceder a dichos documentos, ya que son la parte faltante en el AGN para continuar con la revisión documental del periodo en el que se enfoca el MEH y la Comisión. Los documentos de 1965 a 1985, correspondientes a la Dirección Federal de Seguridad, están abiertos al público —con muchos asegunes y avatares— desde el 2002. En cambio, los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y el citado CISEN (1989-1993) —que abarcarían años de los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari—, no han estado disponibles hasta el ignorado decreto de López Obrador, el cual, a decir del pronunciamiento, no ha modificado ese estado. Según parece, por el obstáculo constante de la SEDENA —que tampoco ha tenido una actitud distinta con la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa—, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI.
Falta ver, entonces, qué es lo que entregará el MEH y la Comisión para la Verdad como informe final. Una labor que da visos de no ir por buen camino y que, de por sí, siempre se vio difícil llevar a cabo, ya que el MEH y la Comisión no sólo llegaron tarde en el actual sexenio, llegaron tarde en la historia. Surgen muchas preguntas: ¿Alcanzará a ‘esclarecer’ algo, si ni siquiera les dan acceso a las bóvedas del AGN? ¿Puede la Comisión rebasar los límites del Estado, cuando nació por decreto presidencial? ¿Es una denuncia o una excusa por parte del MEH? ¿Por qué hasta ahora, 22 meses después? ¿Se debe excusar al presidente López Obrador? ¿Por qué no insiste en el tema en sus ‘mañaneras’, colocando el tema en el debate público? ¿No quieren o no pueden tocar al Ejército? ¿Por qué no se digitalizan los fondos de los cuerpos de seguridad del Estado que sistemáticamente violaron derechos humanos? ¿Una nueva ‘narrativa’ al respecto, es suficiente para abonar a la justicia? ¿La historia hace justicia? ¿Será que hay verdades innombrables? Entiendo que no hay que pedirle a la Comisión para la Verdad aquello que le toca al Estado y al conjunto de sus instituciones, pero, hasta ahora, pareciera que se han enfrascado en hacer tareas que las anteriores comisiones -1993 y 1998, enfocadas en el 68 y Tlatelolco, y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (2002-2006)- ya habían hecho. Veremos.
